Estudios Atacameños N° 22, pp. 91-103 (2002)

Francisco Zapata S. ²

² Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Apto Postal 20-671, 01000 México D. F. Email: zapata@colmex.mx

Introducción

Desde que Clark Kerr y Abraham Siegel escribieran acerca de la alta propensión al conflicto laboral de los mineros en 1954 (Kerr y Siegel 1954), el debate sobre los procesos de formación de la clase obrera en las minas, de las características de la industria minera y de su peso en las economías de enclave, del desarrollo de la organización sindical y de los vínculos que se establecen entre los mineros, los sindicatos y los partidos políticos se ha profundizado en forma notable.

En países como Bolivia, Chile y Perú, la hipótesis de la alta propensión al conflicto por parte de los mineros fue comprobada a través de estudios estadísticos que, a partir de series de tiempo, mostraron las diferencias entre el número de huelgas, huelguistas y número de días perdidos por huelgas entre el sector minero y otros sectores económicos. Si bien pudo confirmarse que los mineros tendían a declararse en huelga con mayor frecuencia que otros trabajadores, la determinación de las causas de esa alta propensión al conflicto fue más difícil. Por ello es que historiadores, sociólogos y politólogos han buscado explicar la naturaleza del conflicto laboral en las minas a partir de otros factores.

Entre estos factores, el papel de las relaciones sociales que surgen en las comunidades mineras ("company towns"), el peso del enclave minero en el ritmo económico nacional, la centralidad de los mineros en el movimiento obrero nacional, los vínculos del sindicalismo minero con los partidos políticos y otros factores fueron utilizados para dar sentido al conflicto en las minas (Zapata 1977; Cárdenas 1998). También se dio énfasis al papel de las confederaciones obreras como la Central Obrera Boliviana (Lazarte 1987), la Federación de Trabajadores Mineros del Perú y la Confederación de Trabajadores del Cobre (Barría Serón 1970) en la estructuración de la acción obrera en las minas. Así, surgió una imagen más matizada que descartó parcialmente el aislamiento geográfico (variable principal de la hipótesis de Kerr y Siegel) como único factor explicativo y asignó a otros factores, como la identidad étnica, el origen rural-urbano, la forma en que surgieron los sindicatos, las ligas de éstos con los partidos políticos.

Estos elementos definen un ámbito de discusión que quisiéramos presentar en este trabajo a partir de la consideración de los procesos de formación de la clase obrera en las minas, de la constitución del sindicalismo minero y de los vínculos que se establecen entre los mineros, los sindicatos y los partidos políticos en Bolivia, Chile y Perú (Figura 1).

Figura 1. Mapa de la principal zona minera de Chile a la que se hace mención en este artículo.

En cuanto a la constitución del proletariado minero, buscaremos mostrar la importancia del origen social y geográfico de los mineros, de las formas de reclutamiento de la fuerza de trabajo y del establecimiento de formas de organización de la producción y del trabajo particulares a la minería.

Por último, la cuestión política será analizada esencialmente en términos del comportamiento electoral de los mineros. En este sentido, resaltaremos la naturaleza de los sistemas políticos nacionales y el papel que éstos jugaron en la definición de su comportamiento electoral.

El proceso de formación de la clase obrera en las minas

Los estudios realizados después de 1970 acerca del conflicto minero empezaron por descartar: a) que las huelgas en las minas pudieran explicarse sólo por el aislamiento geográfico, y b) que la connotación del conflicto tuviera bases exclusivamente políticas. Estudios como los de Flores Galindo (1974), Laite (1980) y DeWind (1986) impugnaron la idea según la cual el conflicto en las minas pudiera explicarse en función de la defensa de intereses políticos generados en el contexto de la comunidad minera (Flores Galindo 1994; Laite 1978; DeWind 1976-77). Se trataba de cuestionar que los mineros defendieran intereses exclusivamente "proletarios", enmarcados dentro de posturas ideológicas derivadas del marxismo y de sus connotaciones nacionales.

Por ejemplo, DeWind plantea, contrariamente a esa hipótesis, que es necesario interrogarse acerca del verdadero grado de proletarización que existía en las minas en el momento constitutivo de los núcleos obreros. También, nos indica que es necesario definir las características sociales y culturales de los mineros, antes de poder imputar un sentido clasista a dicho tipo de conflicto. A partir de un minucioso análisis del papel que desempeñó el trabajo en las minas para la población quechua de la Sierra Central del Perú, nos explica que la inserción laboral de esa población en las minas tenía mucho más que ver con las preocupaciones de los indígenas en tanto campesinos que en tanto proletarios en formación. Así, la disponibilidad de los campesinos para ser enganchados por los agentes reclutadores de la Cerro de Pasco se derivó de una creciente necesidad de dinero en efectivo creada por la comercialización de la tierra, del trabajo y de los productos de la economía de subsistencia. Esto se ve confirmado por la composición mayoritariamente compuesta de enganchados en el empleo de la Cerro de Pasco en la década de los años `20. El trabajo en las minas daba a los campesinos la posibilidad de ahorrar, de obtener una cierta calificación (sobre todo el aprender a leer y escribir y en algunos casos un oficio) y el establecimiento de redes que les permitieran escapar de la disciplina industrial impuesta por los empresarios y así evitar su proletarización. DeWind argumenta que las motivaciones del conflicto minero se ramifican entonces a las presiones que los mineros experimentaban desde sus comunidades de origen para llevar dinero en efectivo que permitiera sufragar los gastos de la parcela en vez de ser un reflejo del deterioro de las condiciones de trabajo en las minas. Incluso, las dificultades que experimentaban los partidos para obtener el apoyo electoral de los mineros pueden encontrar su explicación en esta concepción del significado de la acción obrera en las minas. Este análisis nos remite a una cuestión central en la caracterización del proceso de formación de la clase obrera en las minas. Se trata de su carácter migrante.

En efecto, y esto no se refiere sólo al carácter que asumió el reclutamiento de la fuerza de trabajo en el Perú, sino también en Bolivia y Chile, en donde el origen campesino de los mineros moldeó su comportamiento social a la vez que modificó la trayectoria de su proletarización. El ser campesinos-mineros es entonces el resultado del tipo de reclutamiento de la fuerza de trabajo centrado en el enganche, voluntario o involuntario (como fue el caso de los chinos). El enganche asumió formas relativamente suaves en la medida que los campesinos-mineros conservaron estrechos lazos con sus comunidades de origen e incluso pudieron desistir de seguir trabajando en las minas y así volver a su vocación campesina original. El enganche también implicó que los campesinos-mineros desarrollaran una lógica instrumental en relación al trabajo, manteniendo así la centralidad del trabajo rural en sus vidas. Además, en Bolivia y Perú, esos campesinos-mineros migrantes tuvieron un fuerte componente étnico que agrega un matiz adicional en el análisis del sentido que el trabajo minero podía tener para quechuas y aymaras enganchados por las compañías mineras. Por lo cual, los mineros no fueron sólo campesinos sino que fueron a la vez campesinos e indígenas. Veremos más adelante cómo el componente campesino se puede proyectar en el análisis del comportamiento electoral de los mineros.

Otra característica que se suma al carácter migrante de la fuerza de trabajo es el hecho que las empresas mineras fueran de propiedad foránea. Así, el trabajo en las minas no sólo tuvo connotaciones instrumentales para los campesinos sino que también sirvió de base para el desarrollo de una identidad nacional. Hay que recordar aquí el trabajo de Bonilla (1974) en donde resalta la ausencia de identidad nacional por parte de los campesinos de la Sierra Central del Perú durante la Guerra del Pacífico: fue sólo a partir de las primeras décadas del siglo XX y a través de su incorporación al trabajo en empresas extranjeras que ellos pudieron identificarse como peruanos.

En Bolivia y Chile procesos similares estuvieron ligados a la implantación del servicio militar obligatorio que también contribuyó al desarrollo de esa identidad nacional. Vale la pena guardar en mente este aspecto de la formación de una clase obrera minera porque volverá a constituir un tema polémico durante el período en que las minas de los tres países fueron nacionalizadas (Bolivia [estaño] en 1952; Chile [cobre] en 1971; Perú [cobre, hierro] en 1974). Esta dimensión contribuyó al desarrollo de una identidad nacional que coexistía con la campesina y la indígena haciendo todavía más complejo el proceso de constitución de una conciencia de clase en las minas del altiplano boliviano, del desierto de Atacama en Chile y de la Sierra Central del Perú.

Aquí, las contribuciones de Baros (1995), Finn (1998), Latcham (1926) y Klubock (1998) son centrales. Los estudios de Baros y Klubock acerca de las prácticas del departamento de bienestar de la Kennecott Copper Corporation en la mina de El Teniente muestran cómo el disciplinamiento de la vida familiar y de la institución matrimonial contribuyó a la estabilización de los obreros de esa mina. A la vez, muestran cómo ese mismo proceso contribuyó al desarrollo de la acción sindical y planteó las bases del conflicto laboral.

De igual forma al caso peruano, los campesinos del Valle Central de Chile (provincias de O'Higgins y Colchagua), al incorporarse a El Teniente, y los campesinos del Norte Chico (provincias de Atacama, Coquimbo y Aconcagua), al incorporarse a Chuquicamata, que son objeto de los estudios de Finn y Latcham, no sólo adquirieron un sentido de pertenencia a la comunidad minera sino que también se identificaron como ciudadanos que podían presionar al Estado chileno para impulsar sus propias demandas, en particular durante los gobiernos del Frente Popular (1938-1948). Vale la pena agregar que las estrategias de la Anaconda Copper Corporation tuvieron también el objetivo de reducir la rotación laboral y "fijar" la fuerza de trabajo en esa mina en la década del `20, tal como lo documenta ampliamente Finn en su estudio comparativo de las prácticas de dicha empresa en Butte (Montana) y en Chuquicamata (Chile).

Así, si bien por un lado las empresas contribuyeron a la consolidación de una comunidad minera, proceso en el cual las políticas orientadas hacia la familia jugaron un papel central, a la vez el carácter foráneo de la empresa y la radicalización del espacio político chileno contribuyeron a crear una identidad nacional que asumirá a veces un discurso antiimperialista que los mineros compartieron con otras categorías sociales del Chile de la década del `30.

De lo planteado hasta ahora respecto del proceso de formación de las comunidades mineras, sobresalen el componente campesino, el origen étnico, las políticas empresariales y el carácter foráneo de las empresas. Estos cuatro factores modifican la percepción que se tenía en la década de los `60 acerca de las características sociales de los mineros.

En primer lugar, la identificación de esos factores nos obliga a revalorizar la naturaleza de la conciencia obrera en las minas al incorporar nuevos elementos que matizan considerablemente la visión centrada exclusivamente en la proletarización. Sin adherir en forma absoluta a los análisis que descartan al aislamiento geográfico como elemento central de la constitución de un sistema de relaciones sociales en el cual descansa la conciencia proletaria en las minas, es indudable que debemos matizarla incorporando los factores mencionados.

En segundo lugar, la consideración de las políticas de las empresas para estabilizar a la mano de obra introducen asuntos como el del papel de las mujeres en las minas y en particular la importancia que tuvo para las empresas como la Cerro de Pasco o la Kennecott, diseñar políticas de integración social centradas en el apoyo a la regularización de los matrimonios, el fortalecimiento de la familia e incluso la entrega de una parte de la remuneración del trabajador a su esposa (las compensaciones familiares establecidas por contrato colectivo en Chuquicamata). Esas estrategias, descritas tanto por Klubock como por Finn muestran que la constitución de la comunidad minera no resultó sólo del aislamiento geográfico sino también de iniciativas deliberadas como las que desarrollaron las empresas.

En tercer, lugar, la propiedad extranjera como elemento que juega un papel en la constitución de la comunidad minera, no lo hace sólo en cuanto elemento detonante de ciertas formas radicales de conflicto, sino también como elemento que contribuye a la formación de una identidad nacional en los mineros, cuestión que asumirá todo su peso en el momento en que se discutirán las políticas de nacionalización de los recursos mineros en Bolivia, Chile y Perú.

La constitución del sindicalismo minero

El sindicalismo minero está estrechamente ligado al proceso de formación de la clase obrera en las minas y a las condiciones en que se desarrolla la minería en cada uno de los países. En efecto, desde el comienzo de la explotación minera, los trabajadores empezaron a formar organizaciones que no tuvieron amparo legal sino hasta que se institucionalizaron las leyes sociales en los años treinta. Las primeras manifestaciones del conflicto laboral se realizaron en forma ad hoc, sin que fueran reguladas y asumieron frecuentemente un carácter violento.

Las estrategias conflictivas de los mineros permitieron constituir un principio de unidad alrededor de su identidad profesional, el estatus del "minero". Esa identidad, como lo indican varios autores, entre los cuales sobresale Nash (1974-76 y 1979), tiene mucho que ver con las condiciones de vida en las minas y específicamente con la ubicación remota de los minerales en la geografía económica de cada país, con los riesgos del trabajo en las minas subterráneas, con el peligro de las faenas a cielo abierto (derrumbes), con la contaminación del aire en las fundiciones y con la falta de calificación profesional de muchos trabajadores que los exponía a accidentes graves. La percepción de que el trabajo acarrea riesgos, no sólo físicos, forma parte de la identidad del minero. Alrededor de esas vivencias se genera una serie de imaginarios colectivos que "humanizan" a la mina y la convierten en un ser que impacta la psicología del minero, sus estados de ánimo, su visión de la vida y su comportamiento laboral.

Por otra parte, la intensa interacción social entre los mineros, tanto en el trabajo como fuera de él, genera las condiciones del desarrollo de una solidaridad, de una cohesión que se expresa en la naturaleza confrontacional que asume el conflicto laboral. Por lo tanto, la homogeneidad de las condiciones de trabajo y de vida contribuyen a la generación de una identidad que es la base de un alto nivel de cohesión social. Esa cohesión, que descansa en la existencia de múltiples espacios de convivencia (asociaciones de amas de casa, clubes deportivos, centros de recreación, organizaciones de mujeres, de comunidades étnicas) y obviamente en las relaciones en el espacio laboral, es el fundamento de una solidaridad muy fuerte, es decir, de un sentido de pertenencia a una comunidad que induce una confrontación con un adversario siempre presente, con el que se interactúa cotidianamente y que asume frecuentemente posturas agresivas frente a la cohesión con la que tiene que lidiar para organizar la producción.

Esta visión de los componentes de la solidaridad se expresa quizás en forma más pura en el caso boliviano, en donde da lugar al desarrollo de un sindicalismo que concentra funciones sociales, económicas y políticas. Así, Lora (1967) y Zavaleta (1977 y 1983) al analizar la creación y el desarrollo de organizaciones como la Federación Obrera de Uncía (1923) o la Federación de Sindicatos de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB-1944) que culmina con la constitución de la Central Obrera Boliviana (COB) en 1952 (Lazarte 1987) distinguen algunas dimensiones que, en los años `50, rendirán cuenta plena de lo que al comienzo era solamente perceptible de manera vaga.

Por ejemplo, la idea del "poder dual" (Zavaleta 1977) que descansa en el postulado de que el sindicato tiene una capacidad de control político paralela a la del poder estatal, puede rastrearse a las condiciones generadoras de la organización de las minas. En efecto, para los mineros bolivianos, organizar un sindicato no implicó sólo institucionalizar un poder de negociación de una condición de vida y de trabajo sino también implicó institucionalizar un poder de gestión de una condición ciudadana al nivel nacional. Se trató entonces al sindicato como un agente social y político, lo cual está claramente simbolizado por la idea del "poder dual". Lo que en el período 1920-1950 fue un planteamiento genérico se transformó con la tesis de Pulacayo (1946) y la revolución de 1952 en un principio actuante de la acción sindical. Es por eso que la COB no es simplemente el producto de la revolución del 52 sino que es también el producto de un largo proceso de consolidación de la cohesión y de la conexión que realizaron los mineros entre su homogeneidad y su identidad, entre la solidaridad y la posibilidad de la acción colectiva. Por eso es que las jornadas de abril no abren una coyuntura histórica sino que la cierran y la replantean. Lo que ocurre después de 1952 ya no es parte de lo que fuera el proceso constitutivo del sindicalismo minero en Bolivia.

Este aspecto puede vincularse con un componente importante de la revolución, es decir, la cuestión del "nacionalismo revolucionario". En los términos de Zavaleta, el nacionalismo revolucionario es la ideología de un proceso y no la expresión de una clase ya constituida. Por ello es que la tensión entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (Antezana 1985) y la COB terminó por agotar las posibilidades que se habían desarrollado hasta 1952. En la medida que el MNR fue capaz de apropiarse de la revolución del `52 es que podemos pensar en las jornadas de abril como un momento de cierre y no como un momento de generación de un futuro socialista para la revolución boliviana.

Finalmente, existe un último aspecto que también debe contextualizarse frente al proceso previo a la creación de la COB. En Bolivia, la democracia política es una consecuencia del desarrollo de la democracia social, esencialmente en los campamentos de las minas de estaño. Por lo tanto, la idea de la democracia liberal es adoptada por la clase obrera boliviana después de que hubiera internalizado la autonomía de clase, es decir, la democracia al interior del movimiento obrero y de la clase como condición de una democracia generalizada (Escobar 1984).

A partir del proceso boliviano se puede pensar también el proceso de formación sindical en Perú y Chile y destacar las semejanzas y diferencias que permitan aprehender la situación general del sindicalismo en los tres países.

Si bien en el Perú podemos encontrar paralelos con el proceso boliviano debido, en particular, a la temprana aparición de organizaciones sindicales en la Sierra Central alrededor de las minas de Morococha y Cerro de Pasco (Kruijt y Vellinga 1979), es importante señalar que en este caso, y debido a la existencia de un proletariado industrial alrededor de Lima-Callao, fuertemente influenciado por el anarquismo, el debate sobre el sindicalismo asumió un carácter que trascendió la figura estrictamente obrera. En el Perú, la constitución del sindicalismo obedeció a una lógica eminentemente política (Sulmont 1975).

Desde fines de la segunda década del siglo XX, y en particular a partir de 1919, año particularmente significativo, grupos políticos de diverso origen empezaron a actuar sobre las concentraciones obreras y asumieron el control del proceso de formación de clase. Así, la influencia política de intelectuales como Manuel González Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre, y José Carlos Mariátegui en el diseño de estrategias de organización, que se prolongó durante toda la década del `20, y culminó en 1930 con la creación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), estuvo en el origen de la constitución del sindicalismo peruano (Sulmont 1980).

La aparición de organizaciones como el Comité Central de Reclamos en Morococha en 1922 o las huelgas en la Cerro de Pasco y en La Oroya en 1930, que culminan en noviembre de ese año con la creación del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya (STMO) están permanentemente marcados por la presión que ejercieron anarquistas y comunistas sobre los mineros.

Además, la fuerte presencia de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) desde la coyuntura del golpe del coronel Sánchez Cerro (1932) y la persecución de sus líderes, transformó un proceso formativo de sindicalismo en un proceso esencialmente político que confrontó a las vertientes de izquierda con las vertientes nacionalistas revolucionarias, lo que no había ocurrido en Bolivia, en donde ambas vertientes actuaron en conjunto, sobre todo desde 1946 en adelante. Esta temprana politización del sindicalismo peruano, que lo marcaría durante toda su historia desde 1930 en adelante, obliga a puntualizar los sentidos opuestos que cada una de estas vertientes ideológico-políticas asignaban a la acción sindical.

En la vertiente de izquierda, la cuestión central era la autonomía. En esta perspectiva, la fuerza de la organización descansa en la distancia entre la base obrera y la instancia patronal. La clase obrera no tiene vocación de control político, al menos a través del ámbito sindical. No busca la gestión estatal sino la expansión de la organización a través de la sindicalización de los trabajadores. Por ello es que los sindicatos de las minas de la Sierra Central buscaron, cuando lo pudieron, mejorías a las condiciones de trabajo de los mineros. Incluso, algunos presidentes, como Benavides, dieron satisfacción a esas demandas contraponiéndose así a las posiciones del APRA, que, como veremos, tenían un sentido muy distinto. En este sentido, al establecer un ministerio de bienestar social y el servicio de seguridad social en 1935-36, Benavides contó con el apoyo del Partido Comunista que logró su legalización en 1938. Además, los sindicatos en las minas también lograron su legalización, sin que eso significara, necesariamente, transar sus demandas.

En la vertiente aprista, siempre se trató de incorporación al poder político, de participar en la gestión pública. Los conflictos que animaron los apristas a lo largo del período 1930-1968, desde la masacre de Trujillo en 1932 hasta la huelga de 1957-58 buscan confrontar al Estado y a los sectores dominantes, los cuales a través de las fuerzas armadas, reprimieron fuertemente cada uno de los intentos apristas por concretizar esa vocación de incorporación al poder político. De lo cual puede derivarse que las posiciones apristas, aunque nacionalistas revolucionarias, no se expresaron políticamente como lo habían hecho en México o en Bolivia, esencialmente porque el APRA no tuvo éxito en conquistar el poder. De manera que el nacionalismo revolucionario, en su versión aprista, asumió un carácter putchista que le impidió cumplir con el propósito implícito en su ideología, el de la incorporación del pueblo al gobierno. En el Perú, la acción sindical inspirada por el APRA tuvo todos los inconvenientes de la postura nacionalista revolucionaria (estrecha liga de dirigentes sindicales y dirigentes políticos, corrupción de ambos, ausencia de posturas clasistas, compromisos con líderes conservadores) sin sus ventajas (como la capacidad de entregar beneficios económicos y sociales a los trabajadores).

El análisis de estas dos vertientes ideológico-políticas del sindicalismo en el Perú, da cuenta de su división y de las tensiones que caracterizaron su historia, y también de la debilidad intrínseca que tuvo a la hora de formular proyectos para mejorar la situación de los trabajadores. Esa debilidad, que se refleja muy bien en la ineficiencia del uso del conflicto laboral como mecanismo reivindicativo, impidió que el sindicalismo minero se convirtiera en el actor que jugó un papel tan importante como el de la COB en Bolivia y el fortalecimiento del sindicalismo como representante de los trabajadores en el sistema de relaciones colectivas. Todo lo cual define bien el contraste entre el sindicalismo de las minas bolivianas y el sindicalismo en las minas peruanas.

En contraste con los procesos de formación sindical en Bolivia y Perú, en Chile encontramos un proceso esencialmente institucional. A pesar de que el sindicalismo salitrero de las dos primeras décadas del siglo XX estuviese marcado por la tensión entre anarquistas y comunistas, similar a lo que había ocurrido en el Perú, rápidamente y sobre todo a través de la fuerte influencia de Recabarren, el sindicalismo minero buscó las formas en que podía institucionalizar su acción. De manera que las organizaciones sindicales y sobre todo las mancomunales presionaron para que se conformara un marco legal en el que la acción obrera pudiera desenvolverse. Lo cual tuvo efectos en los proyectos que impulsó Arturo Alessandri al convertirse en Presidente de la República en 1920. Esos proyectos, que enfrentaron la cuestión social y en los que las ideas de Moisés Poblete Troncoso jugaron un papel importante, se convirtieron en el paquete de leyes sociales promulgadas por el Congreso en 1924 (Morris 1966).

A partir de la institucionalidad que se generó a partir de esas leyes y de su codificación en 1931,el sindicalismo minero inició una trayectoria que duró varias décadas y en las que se plasmaron contratos colectivos que reglamentaban la vida de trabajo en las minas. En este proceso, la decisión del partido comunista en 1935 de insertarse en la vida político-institucional, decisión que no era nueva, contribuyó a estabilizar procesos de negociación a lo largo del período 1935-1955.

La creación de la Confederación de Trabajadores del Cobre en 1951, junto con la existencia del marco jurídico establecido con el Estatuto de Trabajadores del Cobre en el mismo año, delinean un cuadro en que el sindicalismo minero se convierte en un actor particular en el escenario de la acción del movimiento obrero en Chile (Barrera 1978).

Cabe resaltar aquí que el sindicalismo minero en Chile no emprende ni una estrategia de "poder dual" como en Bolivia, ni tampoco se transforma en un rehén de los partidos políticos como en Perú. Sus objetivos y sus acciones están insertos en un sistema de relaciones industriales que sólo esporádicamente (como fue el caso por ejemplo en las huelgas de 1938, 1940, 1942, 1951 o 1966) fue rebasado por la violencia. Por ello es que no se puede sostener que esas posturas "institucionales" bloquearan expresiones de conflicto que culminaron en enfrentamientos sangrientos. Pues, como en otros ámbitos de la vida sindical chilena, en la minería también se dio una fuerte tensión entre el respeto por los marcos legales y el ejercicio de acciones de facto, a-legales. Las coyunturas en que los conflictos laborales en las minas del cobre y del carbón se convirtieron en desafíos al esquema institucional no tienen necesariamente connotaciones subversivas del orden democrático, lo cual obliga a realizar una breve disgresión sobre el sentido del conflicto en las minas del cobre chileno.

En efecto, si bien las huelgas en las minas de cobre tuvieron connotaciones ideológicas que formaron parte de los vínculos que los sindicatos tenían con los partidos, esas connotaciones no implicaron un alineamiento de las posiciones sindicales con las posiciones partidistas. Se trató más bien de la búsqueda de apoyos políticos para la obtención de demandas laborales. Para lograr negociar contratos colectivos satisfactorios, los sindicatos mineros entraban en relaciones clientelares con los partidos que, a cambio de su apoyo electoral, les facilitaban las negociaciones colectivas frente a las autoridades gubernamentales.

Además, los conflictos, como fue el caso de la primera huelga larga en Chuquicamata en 1938, estuvieron ligados a la búsqueda de disposiciones que reforzaron la autoridad del sindicato, como pudieron ser el establecimiento del fuero para los dirigentes, la creación de la escala móvil (en años de fuertes presiones inflacionarias), a la institucionalización de la negociación colectiva, que las empresas resistieron durante muchos años (Klubock 1998). Esos aspectos del conflicto indican que para los mineros se trataba de defender a la organización sindical y promover su institucionalización más que de concretar planteamientos ideológicos originados en los partidos.

Finalmente, en la última fase de la trayectoria sindical en el cobre (después de 1970 y hasta el golpe de estado de septiembre de 1973), el conflicto en las minas estuvo también ligado a la defensa del contrato colectivo de trabajo que se veía, desde el punto de vista de los mineros, amenazado por las presiones de los gobiernos y por la política de la nacionalización de las minas que éstos temían iba asociada a cambios en sus cláusulas. Entre los aspectos más centrales de esta defensa estuvieron las cuestiones ligadas a la defensa de la clasificación profesional y de la antigüedad en el puesto de trabajo como factor en la promoción escalafonaria, y el monopolio sindical de la representación obrera que se convirtió, en conflictos como el de la huelga de El Teniente (abril-junio de 1973) en el centro de la acción de los mineros.

Es entonces a partir de mecanismos clientelares de articulación con los partidos, de la institucionalización de la organización sindical y del control del proceso de trabajo que se puede dar sentido al conflicto laboral en las minas chilenas. Todo ello nos permite distanciarnos considerablemente de la asignación de un sentido exclusivamente ideológico a esa acción, que ha sido hasta ahora la forma clásica de interpretar al conflicto laboral en las minas. Es por ello que los mineros del cobre de Chile apoyaron los proyectos de los partidos de la izquierda chilena mientras éstos estuvieran dispuestos a apoyar los suyos en la esfera de competencia partidaria. Por lo tanto, la CTC no fue sólo un apéndice de los partidos socialista y comunista sino que cada uno de ellos jugó su papel dentro del sistema institucional. Esta fue la forma a través de la cual la dimensión social y la dimensión política de la acción de los mineros lograron articularse.

El comportamiento electoral de los mineros ³

La ubicación geográfica de las minas contribuye a concentrar a la fuerza de trabajo en espacios sociales homogéneos que, frecuentemente, coinciden con unidades administrativas como pueden ser los municipios o los distritos electorales. En Chile los distritos electorales coinciden con uno o varios municipios, lo cual facilita el análisis sociológico del comportamiento electoral. Así, si se dispone de series de resultados electorales que se corresponden con unidades administrativas para las cuales se poseen informaciones económicas o sociales, podemos avanzar considerablemente en la discusión del comportamiento electoral de los mineros.

Sin embargo, debemos guardar en mente que el comportamiento electoral está condicionado por las características que asumió el proceso de formación de la clase obrera en las minas y también por la forma en que se desarrollaron los sindicatos. De manera que al tratar de caracterizar la forma en que votan los mineros debemos considerar: a) la cohesión generada por la homogeneidad del espacio en que se localizan las minas; b) la forma en que asume el proceso formativo del trabajador minero en cada país; y c) los efectos que el sindicalismo tuvo sobre la conciencia política de los mineros.

Esta discusión, iniciada por Germani (1973) para tratar de explicar el apoyo que los obreros argentinos dieron a Perón en las elecciones presidenciales de 1946, fue profundizada por Petras y Zeitlin (1967) y Whitehead (1981), refiriendo el análisis específicamente al caso del comportamiento electoral de los mineros. Concientes del riesgo de cometer la falacia ecológica⁴, todos estos autores compararon la composición social de determinadas unidades administrativas con los resultados electorales y dieron esa base a sus hipótesis, lo cual metodológicamente puede ser erróneo.

Haciendo caso omiso del riesgo indicado, podemos insinuar sin poder probarlo fehacientemente que, mientras mayor sea el tamaño relativo de la categoría minera en un determinado distrito electoral, mayor será la probabilidad de que el voto minero tienda a constituir una tendencia uniforme a favor de uno de los candidatos que compitan en una determinada elección. La fuerza de la tendencia dependerá de un conjunto de factores como son los que resultan de la combinación de aquellos mencionados (proceso de formación, características de los sindicatos), sumados a los que se derivan específicamente del condicionante geográfico, catalítico de altos niveles de cohesión y solidaridad.

Hechas estas aclaraciones, podemos constatar que de acuerdo a Whitehead (1981) no es irrelevante considerar las tendencias del comportamiento electoral de los mineros bolivianos, además de todas las otras que hemos discutido anteriormente. De acuerdo con los datos electorales analizados para los años 1923, 1940, 1944 y 1951, constata que la dirección del voto de los mineros en las regiones mineras fue consistente con el desarrollo de alternativas políticas que representaban sus intereses. Esto implica que, además del peso que tenía el componente étnico o el radicalismo ideológico de los sindicatos, los procesos electorales también jugaron un papel en la estructuración de la acción obrera en las minas.

Por otra parte, organizaciones políticas como el Partido Obrero Revolucionario (POR-1935), o el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR-1940) o el mismo Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-1941) surgieron en gran medida a través del apoyo que les brindaron los mineros. Incluso los dueños de las minas de estaño, directamente ligados a los grupos que controlaban al Estado boliviano, debían considerar el impacto de sus medidas sobre los mineros a la hora de las elecciones.

No obstante, es claro también que ello no implicaba necesariamente que se respetaran los resultados electorales. En efecto, éstos eran desconocidos cuando no favorecían los intereses de los grupos dominantes. Sin embargo, concordamos con Whitehead en cuanto a que debe resaltarse la importancia de la manifestación política de los mineros, incluso en momentos álgidos de la vida social en las minas como fueron los años de las masacres de Uncía en 1923 y de Catavi en 1942. Además, en coyunturas en donde los resultados electorales definitivos (es decir, después de haber sido manipulados para favorecer a los candidatos de los grupos dominantes) fueron puestos en duda por su carácter fraudulento y que la intervención militar dirimió los conflictos así generados, el desenlace político favoreció en ocasiones a los mineros. Este fue el caso, por ejemplo, del golpe en que el coronel Gualberto Villaroel junto a Paz Estenssoro se apoderaron del poder en 1943.

En el Perú, durante el período 1933-1948 en que gobernaron los presidentes Benavides (1933-1939), Prado (1939-1945) y Bustamante (1945-1948), la participación electoral de los mineros se canalizó a través de los conflictos que animaron tanto el partido comunista como el APRA, quienes compitieron por su apoyo. Frente a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que había sido creada en 1930, los apristas crearon la Confederación de Trabajadores del Perú en 1934, lo que redundó en que el presidente Benavides tuviera que optar por una y otra para llevar a cabo los proyectos de su gobierno. Así, cuando Benavides prefirió descansar en el partido comunista para impulsar la creación del Ministerio de Bienestar en 1935 y la seguridad social obligatoria en 1936, se tuvo que enfrentar al APRA.

Al contrario, durante la presidencia de Prado, éste cambió sus esquema de alianzas y prefirió descansar en el APRA. Esta estrategia tuvo efectos en los sindicatos mineros y especialmente en la considerable influencia que lograron organizaciones como el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya (STMO) que logró unificar a todos los trabajadores de la Cerro de Pasco, incluyendo a los ferroviarios, que hasta ese momento no tenían organización.

Por lo tanto, en este período, los conflictos entre comunistas y apristas concentraron la tensión política de los mineros que, en cada una de las elecciones (municipales, legislativas y presidenciales) realizadas en el período, jugaron un significativo papel, sobre todo porque estaban inscritos en los registros electorales y tenían militancia partidaria.

Después del interregno 1948-1956 en que los gobiernos de Odría (dictatorial primero y constitucional después) interrumpieron el juego electoral que se había realizado hasta ese momento, las tensiones entre apristas y comunistas se reanudaron y se alimentaron del agudo proceso de movilización social que se inició al dividirse ambas organizaciones en diversas fracciones que impulsaron proyectos políticos radicales, de inspiración maoísta o trotskista. Ambas organizaciones políticas encontraron bases sociales tanto en los enclaves mineros como en las comunidades campesinas del sur del Perú que empezaron a movilizarse en favor de la reforma agraria. La aparición de un movimiento guerrillero en 1965 también da fe de los cambios políticos que estaban teniendo lugar en el Perú. También el largo período de gobiernos militares (1968-1980) contribuyó a modificar las formas de participación política, en las que las elecciones jugaron un papel que sólo volvió a manifestarse a partir de 1980 (Laite 1980).

En años recientes, los resultados electorales en las regiones mineras del Perú siguen las pautas de lo que manifiesta la crisis del sistema de partidos en el Perú (Tanaka 1998), simbolizada por la dramática reducción del voto obtenido por los partidos históricos (comunistas y apristas).

Los mineros chilenos, en forma similar a los mineros peruanos y bolivianos, también han mostrado un comportamiento electoral que refleja al sistema de partidos (Urzúa Valenzuela 1992). Desde la década del `30 en adelante, y en elecciones como las de 1938 en que triunfó el candidato del Frente Popular, se puede observar un alineamiento del voto minero en favor de los partidos socialista y comunista. En las elecciones presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970, en siete distritos

electorales⁶ con fuerte presencia de mineros se observa que (ver Cuadro 1) el voto por Allende (candidato de alianzas de los partidos de izquierda) tiende a aumentar sistemáticamente.

Cuadro 1. Votos por Allende en las elecciones presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970 en siete comunas mineras de Chile (Fuente: Martínez y Mires 1988).

No obstante, hay que anotar que, con la excepción de las comunas mineras del carbón, el voto por los partidos de izquierda no sobrepasa nunca los dos tercios del voto total (con la excepción del voto por Allende en El Salvador en 1970 que llegó al 68.2% del total).

Nos podemos referir con más detalle al caso de Chuquicamata (Zapata 1975 y 1979), en donde la votación en favor de Allende disminuyó porcentualmente desde un máximo de 48.2% en 1958 a 38.7% en 1970, mientras en todas las demás comunas dicha votación aumentó en forma sostenida. Además, si consideramos otros resultados electorales de la misma localidad, constatamos que ya en las elecciones legislativas de 1969, solo un 23.3% de los mineros de esa mina votó por los candidatos de los partidos socialista y comunista.

Dichos resultados pueden interpretarse a partir del contexto generado por el debate acerca de la nacionalización de la Gran Minería del Cobre que cobró importancia en la campaña presidencial de 1964 y se prolongó durante todo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).

En efecto, las implicaciones de la nacionalización del cobre para la vida de los mineros eran ominosas (Swanger 1997). Para ellos no se trataba solo de una medida vinculada a la propiedad del cobre por el Estado chileno sino sobre todo con los riesgos que ella podía tener para la conservación de las conquistas contractuales que los sindicatos habían realizado. Esta connotación que los mineros daban a la nacionalización los distanciaba del planteamiento antiimperialista en el que el gobierno de Allende basaba su iniciativa. Por lo tanto, para los mineros la nacionalización podía amenazar la conservación de esas conquistas y cuestionar el nivel de vida que habían alcanzado. Además, la elevada autoestima de los mineros en relación con sus altos niveles de productividad en las minas también contribuía a una desconfianza con relación a la capacidad que podían tener los ingenieros chilenos en la administración de la mina. Es a base de este trasfondo que se puede interpretar el deterioro electoral de la izquierda en Chuquicamata.

Este breve análisis de algunas de las tendencias del voto de los mineros en Bolivia, Perú y Chile confirma la postura de Whitehead en el sentido que su comportamiento electoral tiene relevancia para comprender la acción obrera en las minas. Los mineros no se comportan como se comportan otras categorías sociales de los países a los que ellos pertenecen. Tienen formas particulares de vincularse con los sistemas políticos de cada país y se expresan no sólo en función de lógicas ideológicas. Además, como lo indica el caso de Chuquicamata, tienden a modificar su comportamiento en el tiempo. Por lo cual, es relevante considerar los resultados electorales en las minas como un factor que forma parte del conjunto de elementos que conforman la conciencia de los mineros.

Conclusión

Este trabajo, tal como planteamos en la introducción, ha tratado de dar cuenta, en forma aun preliminar, de algunos de los elementos que la investigación histórica, sociológica y política ha identificado como centrales para comprender las formas de acción que los mineros de Bolivia, Chile y Perú asumieron durante el siglo XX. Buscamos ir más allá de la interpretación basada en las determinaciones inducidas exclusivamente en el enclave y en su aislamiento geográfico. Se trata todavía de un esfuerzo inicial que esperamos documentar mejor en el futuro próximo.

^NOTAS:

¹ Este trabajo fue presentado en el III Encuentro de Historiadores y Cientistas Sociales Chileno-Bolivianos que tuvo lugar en La Paz en julio de 2002.

³ Esta parte de la investigación se encuentra aún en proceso. Estamos tratando de obtener información sobre los resultados electorales en las regiones mineras de Bolivia, Chile y Perú, lo cual ha revelado ser más difícil de lo que originalmente pensamos. Por lo tanto, las consideraciones aquí realizadas tienen un nivel de generalidad que esperamos corregir en un futuro próximo. Agradezco el apoyo que los profesores Luis Orellana, Magdalena Cajías y Martín Tanaka me han prestado en la recopilación de estos resultados para Chile, Bolivia y Perú, respectivamente.

⁴ La falacia ecológica implica explicar determinados comportamientos agregados (como los resultados electorales) en base a las características sociales (p.e., distribución por sexo, población económicamente activa, etc...) de las unidades administrativas en las que se expresan dichos comportamientos. Por ejemplo, Germani afirmó que el voto peronista se concentró en aquellos distritos electorales de la Capital Federal de la provincia de Buenos Aires en donde la información censal indicaba que había una concentración de personas clasificadas como "obreros". Petras y Zeitlin afirman que en aquellas comunas chilenas con una alta proporción de "obreros" la probabilidad de que éstos votaran por Allende eran mayor que en aquellas en donde dicha proporción era menor.

⁵ La evolución del electorado boliviano es la siguiente: 1940: 105.000 electores; 1944: 129.000 electores; 1951: 211.000 electores en circunstancias que en 1940 había 34.000 mineros en el país y en 1943 había 53.000 mineros. Además, debe mencionarse que gran parte de la población con derecho a voto estaba inscrita en los registros electorales: en efecto, de 257.229 hombres alfabetos en 1950, 211.000 eran electores inscritos.

⁶ Las siete comunas mineras para las que hemos podido recopilar resultados electorales para las elecciones presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970 son Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Caletones (Machalí), Sewell, Coronel y Lota.

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