Circunstancia

CAPACIDADES, INSTITUCIONES Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOCAL: ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA

José Andrés Hernández-Bonivento

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Resumen-Palabras clave / Abstract-Keywords / Fechas



Introducción

América Latina ha sido escenario de múltiples transformaciones políticas durante las últimas décadas. De ser una región plagada de dictaduras militares en los años 70, hoy en día la mayoría de los países de la región cuentan con constituciones que impulsan la democracia y la alternancia de poder, y donde la importancia de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno empieza a considerarse como un nuevo paradigma de la administración pública. La llamada Tercera Ola Democrática llegó con fuerza a las costas latinoamericanas durante la última década del siglo pasado, y su impacto sigue resonando en la mayoría de los rincones del subcontinente.

De la mano de este proceso democratizador, y en gran medida impulsado por el mismo, la mirada del desarrollo de los pueblos latinoamericanos ha hecho foco en un nuevo escenario y un nuevo protagonista: el nivel local y su gobierno descentralizado. Poco a poco la idea de un enorme Estado central como mecanismo único de desarrollo ha dejado espacio a una mirada más hacia lo local, donde las entidades estatales puedan establecer mejores contactos e implementar mayores interacciones con la población civil. La descentralización y la participación ciudadana, con sus promesas no solo de efectividad y eficiencia del sector público, sino también de construcción y consolidación de ciudadanía democrática, se convierte en el nuevo modelo a seguir en la región, generando una reforma generalizada del Estado en América Latina[i]. De repente, el gobierno municipal latinoamericano pasa de ser un mero ejecutor de políticas públicas centralizadas a convertirse en responsable de espacios deliberativos, con grandes competencias sociales y con la obligación de rendir cuentas a una ciudadanía cada vez más consciente de su papel.

Ahora, después de casi dos décadas de cambios y reformas del Estado hacia los niveles locales de gobierno, y a pesar de encontrar varios ejemplos donde la descentralización ha logrado avances significativos en la vida social de las personas, los resultados generales son, en muchos casos, contradictorios. Estructuras clientelistas y patrimonialistas, así como la captura de los entes locales de gobierno por parte de intereses privados, siguen manteniéndose como una constante en la región. El objetivo principal de este artículo es realizar un acercamiento a la descentralización y la gobernanza democrática local en el contexto latinoamericano, así como exponer algunos elementos para nosotros fundamentales en el estudio de los gobiernos locales en América Latina.

1. ¿Qué entendemos por gobernanza democrática?

El término Gobernanza o Governance se refiere a la acción de gobernar no solo a través de las acciones estatales sino por interacciones conjuntas entre el sector público, el privado y el social (Cerrillo i Martínez, 2005). Aunque es un término nuevo, y por lo tanto abierto a variadas interpretaciones, no es un término “blando” ni contradictorio, puesto que marca un grupo de acciones de gobernación colectiva entre sectores que se vienen presentando desde antes de empezar a acuñar dicho concepto (Prats, 2010; Aguilera, 2006). En este sentido, la gobernanza surge básicamente por la imposibilidad del Estado de cubrir TODAS las cuestiones referentes a la vida en comunidad en el marco de nuestras sociedades complejas actuales, y por lo mismo la necesidad de establecer relaciones de acción conjunta con los demás sectores para lograr un beneficio común y general.

Este tipo de interacciones no son nuevas, y en parte están fundamentadas en el corporativismo, donde se establecían mecanismos limitados de diálogo y toma de decisiones que permitía algunas formas de cooperación con algunos sectores influyentes de la sociedad. Lo que sí es verdaderamente novedoso del nuevo término de Gobernanza es su acercamiento a la democracia, estableciendo como mecanismos fundamentales la transparencia, la participación y la rendición de cuentas (Villoria, 2010). Para los defensores de la gobernanza, la búsqueda inacabada de una mayor eficiencia y eficacia en la acción estatal pasa, inevitablemente, por el filtro de la interacción social, ya no solo con los empresarios y sindicatos, sino por medio de la participación ciudadana activa y su intervención directa en asuntos que, hasta hace relativamente poco, eran competencias únicas del aparato estatal. La gobernanza democrática no encierra un mero intercambio de información, o una simple privatización de la prestación de bienes y servicios, sino que implica la búsqueda colectiva de los distintos sectores de la sociedad en la toma de decisiones, tanto para formular objetivos como para elegir las vías para alcanzarlos (Prats, 2007).

En teoría, la gobernanza democrática se muestra como la forma de gobernación social más adecuada para el contexto complejo de nuestras sociedades actuales: apoya la participación y la integración de sectores históricamente excluidos; permite una rendición de cuentas mucho más cercana y, por lo mismo, evita los abusos de poder de los mecanismo autoritarios; establece lazos de coordinación inter e intra sectorial que permiten un mejor desempeño en las cuestiones de mayor importancia social; descentraliza la toma de decisiones, haciéndola más coherente con los intereses de la población; apoya la intervención de la ciudadanía en la vida pública, generando capital social y consolidando los principios democráticos; y se convierte en un mecanismo fundamental para establecer y alcanzar objetivos comunes para la vida en sociedad.

Pero bien sabemos que una cosa es lo que plantea la teoría y otra es la que sucede en la realidad, donde los intereses privados suelen ser más fuertes, o tener mayor influencia en la toma de decisiones que los del colectivo; donde la participación es mínima y capturada por intereses privados; donde los desequilibrios de información no permiten un trabajo realmente horizontal, de igual a igual, entre los distintos actores; o donde la tradición autoritaria y patrimonialista se consolida mientras se adaptan mecanismos de fachada que no revelan una verdadera intención de cambio e integración social. En contextos como el latinoamericano, donde las estructuras de poder han sido capturadas durante años por intereses privados, donde el clientelismo y el patrimonialismo son la regla no escrita de las relaciones sociales, donde las nuevas democracias se enfrentan a una cultura autoritaria arraigada desde el nacimiento de nuestras naciones, la idea de una gobernanza democrática puede sonar como una simple utopía.

Entra aquí entonces un punto para nosotros fundamental: el carácter normativo de la gobernanza. Si bien es cierto que, en contextos adversos, la gobernanza puede convertirse en una fachada para mantener las estructuras tradicionales de dominación, las posibilidades que presenta para un mayor desarrollo y consolidación de la democracia, así como los potenciales beneficios de una interacción social en la prestación de bienes y servicios, son demasiado grandes para desecharlos de manera inmediata. En este sentido, la gobernanza democrática es más un punto que alcanzar, una meta a la que debemos conducirnos para lograr una sociedad consciente de sí misma y que viva en valores verdaderamente democráticos, una norma a seguir, una construcción en continuo proceso. Parafraseando una conocida cita de Winston Churchill, la gobernanza democrática se nos muestra entonces como la peor forma de gobernación, a excepción de todas las demás.

2. Gobernanza democrática en el nivel local.

Cabe ahora preguntarnos: ¿por qué este giro hacia la esfera local de gobierno? ¿Qué es lo que ofrece la descentralización que en el mundo entero empezamos a mirarla como panacea de desarrollo? Después de una revisión bibliográfica sobre este tema expondremos a continuación algunos puntos fundamentales[ii]:

En los años 80, luego de la crisis económica y el surgimiento de las teorías neoliberales, la descentralización se convirtió en una de las medidas que buscaban descongestionar y desconcentrar las acciones del aparato estatal centralizado que hasta entonces había sido paradigma de desarrollo. La idea de mantener una proximidad administrativa con los entonces considerados “clientes” de bienes y servicios públicos se mostraba indispensable dentro del manual de herramientas neoliberales, puesto que proveía a la administración de la retroalimentación necesaria para elevar los niveles de eficacia, eficiencia y economía (las tres E de la administración gerencial) del desempeño público. Aunque con un fuerte componente mercantilista, la Nueva Gestión Pública fue la que empezó la idea de un desarrollo descentralizado, más gerencial, y que inevitablemente pasaba por la población civil aunque fueran integrados únicamente como consumidores y no como protagonistas de la toma de decisiones.

Fue en los años 90 y a principios de este siglo cuando las ideas de participación y construcción de ciudadanía empiezan a tomar fuerza frente a las ideas neoliberales de relación entre Estado y sociedad civil. Surgen entonces mecanismos e ideas alrededor de una gobernanza más allá del mero modelo mercado-céntrico y más democrática, en el sentido de integrar a los ciudadanos dentro de la toma de decisiones y no solo como mecanismos consultivos del aparato de gobierno. Se sigue entonces con la idea de la proximidad administrativa, pero con un mayor énfasis en la participación como valor social de construcción y consolidación de ciudadanía.

En este sentido, el nivel local se convierte en el marco ideal para abrir la administración a la participación, construir lazos de confianza entre las partes y estructurar mecanismos de trabajo en red que permitan una mayor integración social en la toma de decisiones. Son entonces los gobiernos locales los llamados a convertirse no solo en actores ejecutores de políticas públicas, sino a su vez en directores de espacios de interacción que permitan un mejor manejo de recursos, un cumplimiento adecuado de las necesidades básicas de su comunidad, y una constante participación ciudadana en las decisiones colectivas. Una tarea nada fácil, menos aún en un contexto donde históricamente han sido solo ejecutores de acciones y planteamientos establecidos desde el gobierno central.

3. Resultados de la descentralización: panorama contradictorioiii]

Entre los varios autores que han trabajado el tema de la descentralización en América Latina se logra diferenciar una tendencia marcada: la relación entre descentralización y democracia, aunque enmarcada en todo un andamiaje teórico sólido, no han logrado un efecto de verdadera contundencia en la actualidad, sino más bien ha mostrado resultados contradictorios. Finot (2001) muestra un primer balance sobre las promesas incumplidas de la descentralización, puesto que en vez de convertirse en un mecanismo para la participación, la descongestión y el desarrollo local, se ha transformado en una carga fiscal importante para los gobiernos centrales, desarrollando una participación reducida y en ocasiones capturada por intereses privados locales, e incrementando (en vez de reducir) la brecha entre territorios más ricos y los más desprotegidos. Selee (2004), en su estudio comparado de cinco países latinoamericanos (México, Venezuela, Brasil, Argentina y Guatemala), menciona que dada las fuertes contradicciones entre los casos la relación entre descentralización y mejoramiento de la democracia es tenue, a lo mucho, y que otras variables entran en juego cuando se trata de impulsar la democracia y sus instituciones políticas en los niveles locales latinoamericanos. A la misma conclusión llega Masareño (2008), cuando menciona que en América Latina la descentralización es necesaria, más no suficiente, para frenar las bases antidemocráticas que se ven en la región.

A todo esto se suma la tradición desequilibrada, clientelar, y patrimonialista que enmarca las relaciones sociales en los niveles locales de los países latinoamericanos. En realidad, es en el espacio local donde se pueden encontrar los mayores problemas de cacicazgos familiares y captura de las entidades estatales por parte de intereses personales, por lo que existe el peligro de la instrumentalización de los preceptos descentralizadores para que dichas relaciones y prácticas no democráticas se mantengan ilesas y, además, con un falso halo de legitimidad. Vemos entonces que la descentralización aunque pueda verse como mecanismo políticamente deseable, no es en principio condición suficiente para la buena administración pública ni para la consolidación de la democracia.

Ahora, sería injusto de nuestra parte partir de la idea de que la descentralización ha sido completamente ineficiente en el contexto latinoamericano, marcado por años y años de centralismo y autoritarismos en todos los niveles de gobierno. En realidad la transferencia de competencias a las entidades locales ha logrado grandes avances, como lo es la elección popular de representantes, la autonomía de las comunidades originarias y afroamericanas, y la autodeterminación de las regiones y municipios. En todo el continente se ven casos ejemplares, nuevos “Porto Alegres” que denotan un adecuado uso y ejecución de la descentralización por parte de los entes territoriales[iv]. Al mismo tiempo, es innegable que las posibilidades de participación política y social en el continente han avanzado de manera exponencial en las últimas décadas, y que los gobiernos locales se han consolidado como espacios de interacción social reconocidos y apoyados tanto por los gobiernos nacionales como por la comunidad internacional.

Cabe entonces preguntarnos: ¿por qué algunos gobiernos locales han logrado grandes beneficios de la descentralización, la participación y la gobernanza democrática, mientras otros mantienen estructuras cerradas, con mecanismos clientelistas y patrimonialistas, y con instrumentación de los mecanismos de participación? A continuación expondremos dos puntos para nosotros esenciales en el estudio de la gobernanza democrática local en América Latina: las capacidades estatales para establecer mecanismos de gobernanza democrática, y el tipo de relación existente entre instituciones políticas formales e informales.

4. Capacidades para la gobernanza democrática

Con el proceso descentralizador de las medidas neoliberales de reducción del Estado, los gobiernos locales se vieron invadidos por una cantidad hasta entonces no vista de competencias en prestación de bienes y servicios. Dicha transferencia de funciones, en muchas ocasiones, no vino acompañada por la entrega de las capacidades necesarias para cumplir con las nuevas exigencias sociales, convirtiéndose entonces en una delegación de responsabilidades más que en una descentralización propiamente dicha.

En términos de gobernanza democrática, poco se puede hacer si los gobiernos locales no cuentan con las siguientes capacidades mínimas:

• Capacidad administrativa: Se refiere esto a las herramientas con las que cuenta el municipio para detectar problemas, formular políticas, implementarlas y evaluarlas. El contar con un personal profesional de carrera, así como una infraestructura mínima para el desarrollo de las nuevas funciones públicas es indispensable y fundamental. Si el gobierno local no tiene la capacidad de organizar sus propias funciones es muy poco lo que podrá hacer frente a las demandas ciudadanas, desperdiciando las potenciales ventajas de la descentralización.
• Capacidad financiera: Este punto ha sido tocado por la gran mayoría de los autores que trabajan el tema de la descentralización. En términos generales, de poco sirve tener una planta administrativa fuerte si no se cuentan con los recursos necesarios para poder implementar proyectos locales. En América Latina, la dependencia de los gobiernos locales al nivel central ha sido histórica en materia fiscal: las transferencias de recursos nacionales suelen ser el grueso de sus ingresos y están supeditadas a metas específicas, la posibilidad de establecer impuestos en sus territorios se encuentra atada a la legislación nacional o estadual, y a excepción de las grandes ciudades, su capacidad de endeudamiento es bastante reducida. Un gobierno que no disponga de recursos necesarios para implementar sus propias políticas sociales, basadas en la participación de la ciudadanía, tendrá menores posibilidades de sacar provecho de la gobernanza democrática que otro que si cuente con ellos.
• Capacidad política: De entre todas las capacidades estatales, es esta la que mayor importancia tiene en términos de gobernanza democrática. Los problemas de construcción de ciudadanía y de consolidación democrática son, en esencia, problemas políticos, y los gobiernos locales son los actores llamados a ser protagonistas en la interacción social de sus territorios. En América Latina, la elección de representantes locales ha sido una medida generalizada durante las reformas del Estado, pero si lo que se busca es profundizar la democracia hay que ir más allá de convertir a la población local en electores para transformarlos en ciudadanos. El liderazgo político de los representantes electos, la búsqueda por la innovación en los programas y políticas públicas locales, y la construcción de confianza en la sociedad civil frente al gobierno municipal se convierten en puntos fundamentales para la construcción de redes sociales que permitan una gobernanza democrática local, sobre todo para enfrentar el contexto tradicional de cacicazgos y clientelismo que tanto caracteriza, tristemente, a nuestros niveles locales de gobierno.

Bien entendemos aquí que los gobiernos locales son un actor más dentro de la esfera local, y que el contexto social, la existencia o no de movimientos ciudadanos de manera histórica, la cultura política de la comunidad y las relaciones con la empresa privada son puntos contextuales de suma relevancia para la implementación de mecanismos de gobernanza democrática. Como veremos en el punto siguiente, tener en cuenta el marco institucional es absolutamente indispensable para cualquier estudio sobre la gobernanza local. Ahora, es para nosotros claro que aún siendo un actor más, el gobierno y la administración local son los protagonistas por excelencia en la interacción social, y por lo mismo son los llamados a liderar las redes sociales con base democrática en sus territorios. Ahora, las capacidades antes señaladas no suelen estar generalizadas en el contexto latinoamericano en el momento, sea porque no existen marcos legales claros y diferenciados, porque la autonomía local es relativa o porque los entes locales no cuentan con una base administrativa básica que les permita realizar sus funciones de gobernación en sus territorios.

Pero además de los problemas formales que pueden existir alrededor de la generación de capacidades en los niveles locales de gobierno, también existen bloqueos por parte de costumbres y tradiciones en las relaciones de poder que persisten, en ocasiones, desde la misma colonia española. Entramos entonces en el segundo elemento de estudio que proponemos en el presente artículo: las relaciones entre la institucionalidad política formal e informal.

5. Instituciones formales y informales: la norma y la costumbre

North (1993) define las instituciones como las “reglas del juego” de una sociedad, o lo que es lo mismo, como las limitaciones que las personas se autoimponen para la interacción humana y la vida en comunidad, teniendo como finalidad última la reducción de la incertidumbre que genera la vida de las personas en sociedad. Son entonces la base por la cual una sociedad puede vivir en comunidad sin caer en la guerra constante que tanto mencionaba Hobbes en su Leviatán. Son las normas de conducta que procuran mantener una certidumbre relativa en referencia al accionar de las demás personas, y por lo tanto son la fuente fundamental de la confianza, un punto indispensable para cualquier interacción humana, sea esta económica (la compra o venta de un producto o servicio), política (la interacción entre Estado y sociedad civil) o social (las relaciones con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos). Puesto que nos referimos en nuestro trabajo a las relaciones entre los entes estatales locales y la sociedad civil, nos enfocaremos en este artículo únicamente en la instituciones políticas, las cuales define Rothstein (2001) como el conjunto de reglas compartidas y aceptadas, basadas en un sistema de valores sociales, que permiten a los gobiernos ejercer su tarea de dirección social.

Dichas reglas políticas pueden estar formalizadas por medio de la normatividad legal de un país, su constitución nacional, sus leyes y normatividad. También pueden ser de corte informal, esto es, las costumbres y maneras tradicionales de relación entre la población y los mecanismos de poder. Aunque existe mucha claridad sobre la institucionalidad formal, dada su naturaleza explicita y comunicativa, en el caso de las instituciones informales suelen existir puntos grises y problemas de conceptualización puesto que son de naturaleza cerrada y no oficial. Helmke y Levitsky (2004) las definen como reglas socialmente aceptadas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas y que se hacen cumplir (enforced) por fuera de los canales oficiales (pp. 727).

Ahora, en el punto que nos compete, la relación más importante entre las instituciones formales e informales es su capacidad diferenciada de cambio: mientras que las normas legales, las leyes y hasta las mismas constituciones nacionales pueden cambiarse de manera relativamente rápida por medio de decisiones políticas (aunque esto no implique que sea fácil de ninguna manera, puesto que todo cambio institucional es en sí complejo), las bases tradicionales y las costumbres que marcan las relaciones de poder de manera informal lo hacen lenta e incrementalmente (North, 1993), puesto que cuentan con una gran habilidad para adaptarse a los cambios formales. Esto explicaría entonces cómo en procesos de reforma del Estado pueden existir brechas, quiebres y hasta convivencia entre nuevas y viejas instituciones políticas basadas en valores completamente opuestos (Guarneros-Mesa, 2009).

El caso latinoamericano es un buen ejemplo de este punto. Mientras el continente entero empezaba un cambio sustancial hacia la democracia en su institucionalidad formal, los mecanismos de poder mantenían las dinámicas tradicionales de relación entre Estado y sociedad civil, marcadas específicamente por el clientelismo, el patrimonialismo y la captura estatal por intereses particulares. Dado que dichos mecanismos tradicionales de poder cuentan un nivel alto de resistencia y adaptabilidad, inevitablemente nos encontramos con situaciones donde las normas pueden estar bien diseñadas en términos participativos y de inclusión social pero donde en la realidad las relaciones sociales sean cualquier cosa menos democráticas. Esto es especialmente importante en el caso de los gobiernos locales, donde los niveles de informalidad política en las relaciones Estado-sociedad civil son mucho mayores y de mayor arraigo histórico y cultural.

Lógicamente, los cambios en la institucionalidad formal apuntan siempre a un cambio en la informalidad, sea para formalizar vacíos en las relaciones sociales, o para modificar y reglar prácticas que, aunque tengan una base tradicional, sean consideradas como nocivas o que van en contra de los valores democráticos y los derechos de los ciudadanos. En el caso de América Latina, los cambios en la institucionalidad formal buscaban implementar y profundizar los valores democráticos en sociedades que hasta hace muy poco se habían mantenido bajo un manto básicamente autoritario, o por lo menos clientelista y desigual. Dado que la finalidad de lo formal (cambio democrático) en ocasiones y contextos específicos difiere del interés informal (mantener estructuras de poder tradicionales), la relación existente entre las instituciones formales e informales se presenta como negativa, bloqueando los objetivos principales del cambio institucional. Ahora, también es posible encontrar que dicha relación entre lo formal y lo informal sea de carácter positivo, es decir, que el cambio formal se encuentre con un ambiente social que apoye sus valores, alcanzando entonces niveles altos de éxito en el cambio institucional (Prats Cabrera, 2008).

Como vemos, la relación entre instituciones formales e informales es un punto esencial para las posibilidades de un cambio institucional que busque la gobernanza democrática en América Latina (Helmke y Levitsky, 2006; Prats Cabrera, 2008). Solo en la medida en que se desincentive el uso de mecanismos clientelares y patrimonialistas, mientras se apoya la implementación de formas y valores democráticos, podríamos hablar de un cambio institucional en todo el sentido de la regla, y no solo de cartas constitucionales que caen en letra muerta. Ahora, dado que las formas y costumbres varían de manera general entre las distintas comunidades, aún al interior mismo de un solo país, es para nosotros claro que no pueden existir fórmulas generalizadas sobre cómo lograr un cambio institucional exitoso. Por esto mismo, cualquier estudio local tendrá que tener en cuenta una contextualización a profundidad de los casos, y sobre todo de su marco institucional (tanto formal como informal) para lograr alcanzar sus objetivos investigativos.

Quisiéramos terminar esta sección del trabajo con la interesante mirada sobre la relación entre la institucionalidad formal e informal que hace Prats Cabrera (2008): puesto que las instituciones formales se caracterizan por ser reglas de vínculos abiertos (que buscan integrar a la mayor cantidad de personas de distintos grupos sociales) mientras que las informales son de vínculos cerrados (que busca integrar a pocas personas con mecanismos repetitivos), en la medida en que las relaciones de poder intenten vincular a más actores, con distintos intereses, con distintas formas de pensar, mayor será la necesidad de establecer mecanismos formales de interacción para evitar caer en estados de incertidumbre. Si partimos de esta idea, podríamos afirmar que una mayor participación de la ciudadanía implicaría menores posibilidades de mantener mecanismos informales no democráticos dentro de las relaciones de poder, y por lo mismo mayor necesidad de establecer mecanismos formales que integren los intereses de todos los actores. Esto implicaría que la gobernanza democrática sería no solo un punto de llegada, sino a su vez el camino necesario para construir relaciones entre los actores estatales y la sociedad civil de manera inclusiva y cohesionada.

Los mismos autores que han trabajado en los últimos años el tema de la institucionalidad informal en América Latina son los primeros en mencionar el vacío significativo que existe en investigación sobre este tema. Cuestiones como la inercia de las instituciones informales, su prevalencia cultural y sus posibles relaciones de complementariedad o bloqueo con las instituciones formales son temas que merecen una mayor revisión y profundización teórica. Siendo que los espacios locales son los llamados a convertirse en espacios de deliberación y cooperación inter sectorial, el estudio de dichos niveles de interacción debería contar con una mirada atenta a este tipo de temas, que al final de cuentas terminan por entregarnos una mejor contextualización de nuestro objeto de estudio.

Conclusiones

La importancia de los gobiernos locales en América Latina ha ido en crecimiento en paralelo con la idea de una creación activa de ciudadanía y la consolidación democrática en la región. Por esto mismo, la mirada hacia el nivel local y sus actores estatales se nos presenta fundamental en este momento. En este artículo hemos revisado las potencialidades que presenta la descentralización para la participación y la gobernanza democrática basándonos en dos elementos de estudio que entendemos como básicos para realizar futuros acercamientos a estos temas en América Latina: las capacidades estatales formales con las que cuentan dichos entes gubernamentales, y la relación entre dicha formalidad y las instituciones informales de poder. Lógicamente, estas no son las únicas variables que podrían entrar a jugar dentro de la generación y consolidación de la ciudadanía latinoamericana, pero si se nos presentan como esenciales para la administración local y su desempeño como protagonista principal de las relaciones sociales en sus territorios. No es poco lo que queda por estudiar y analizar en este tema que, en nuestra actualidad, se presenta fundamental por sus implicaciones políticas y sociales de la región, sobre todo si buscamos un desarrollo que no solo se quede en aspectos mercantilistas, sino que apoye la cohesión social y la participación democrática. Para América Latina, llevar el triste título de ser la región más desigual del planeta es un lastre que impide y dificulta su crecimiento social, político y humano, por lo que la integración de todos los sectores en pos de alcanzar metas comunes se convierte, hoy en día una prioridad que debemos atender sin demora.

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Notas y referencias bibliográficas

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[i] Ejemplo de esto son las reformas constitucionales de Colombia (91), Perú (93), Argentina y República Dominicana (94), Nicaragua (95), Costa Rica (97), Ecuador (98) y Venezuela (2000), así como las leyes nacionales de participación de Bolivia y Colombia (94) y de República Dominicana, Argentina, Nicaragua y Venezuela de finales de los años 90, que formulan la idea de la participación ciudadana y de la proximidad administrativa como punto esencial para la consolidación democrática.

[ii] Para mayor información revisar: Finot (2001), Blanco y Gomá (2002), Alburquerque (2004), Gallicchio y Camejo (2005), Subirats (2007), Brugué y Gallego (2007) Salvador Crespo (2008), Castillo Blanco (2008).

[iii] El siguiente apartado se basa en las lecturas de: Rondinelli et al. (1989), Finot (2001), Selee (2004), Gallicchio y Camejo (2005), Montesinos (2005), Trujillo Muñoz (2007), Mascareño (2008), Castillo Campo (2008), Salvador Campo (2008), Schakel (2010).

[iv] Lindert y Verkoren (2010) señalan a Bogotá, Monterrey, Buenos Aires, Montevideo y Curitiva como algunos casos exitosos de gobernanza local y administración pública ejemplar en América Latina.