Los derechos humanos y la cultura de paz: fundamentos esenciales en la resolución del problema de la violencia domestica en Costa Rica. Su reflejo en prensa

Lic. Ligia Carvajal Mena ©

Profesora de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Egresada de la Maestría de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Doctoranda en la Universidad de La Laguna.

Resumen

Este artículo señala la importancia de los derechos humanos en el desarrollo de una cultura de paz .Presenta una visión de las luchas liberadas por las mujeres en pro de sus derechos y en la resolución del problema de la violencia doméstica en Costa Rica. A través de un estudio de prensa que data de julio de 1999 a 2000, se demuestra como éste constituye uno de los males que aumenta con rapidez en la sociedad costarricense y que menoscaba los derechos de las personas.

La violencia doméstica se ha convertido en tema relevante en el marco de la sociedad costarricense. Los medios de comunicación colectiva transmiten a las audiencias diariamente noticias y reportajes acerca de este fenómeno social. Se podría decir que éste forma parte de la cotidianidad de la realidad costarricense y por ende ocupa un espacio en la agenda de los medios.

Por lo anterior es preciso analizar dicha problemática a la luz de los Derechos Humanos y de la cultura de paz, pues ambos fundamentos son esenciales para comprender y buscar las soluciones posibles que contribuyan a disminuir esta situación. De ahí, que vale la pena preguntarse ¿Por qué es importante conocer y practicar los derechos humanos de las mujeres ?, así como tener conocimiento sobre los fundamentos sustanciales de una cultura de paz.

MUJER Y DERECHOS HUMANOS

Siguiendo la polémica sobre el origen de los derechos humanos, hay que señalar que para algunos pensadores estos se caracterizan por ser innatos, dado que provienen de la razón, tal como sostenían los pensadores estoicos en la antigua Grecia. Para otros, estos derechos aunque son innatos, su origen se encuentra en la existencia misma de un ser superior que se encarga de entregarlos al ser humano. Este es precisamente el planteamiento de algunas religiones que fundamentan que el hombre es imagen y semejanza de dios.

Por los argumentos esgrimidos por estos autores, los derechos humanos revisten un carácter universal porque se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. También se caracterizan por ser absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a cualquier persona o autoridad. Además, son inalienables, dado que pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano y por lo tanto resultan necesarios e imprescindibles, porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano y forman un conjunto inseparables de derechos.

Los postuladas anteriores no son aceptados por algunos pensadores, como por ejemplo Juan Paul Sartre, quien sostenía que el ser humano se hace y no nace. Por esta razón, a su criterio el ser humano no tiene derechos innatos, sino que él los construye.[1]

En la presente investigación se parte del primer planteamiento en torno a los derechos humanos, los cuales sirvieron de base para el juicio de Nuremberg y se remontan a pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Juan Jacabo Rousseau, entre otros, que sostenían que el ser humano posee derechos naturales.

Los derechos humanos, por su relación directa con las personas, constituyen un patrimonio común e inalienable de toda la humanidad. Al hablar de derechos humanos, necesariamente hay que hacer referencia al concepto de lo que es un derecho. En ese sentido, se entiende por derecho el conjunto de principios, preceptos y reglas innatas, a las cuales están sometidas las relaciones humanas en toda convivencia civil, a cuya observancia las personas pueden ser compelidas por la fuerza.

Es importante resaltar que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos reconoció como un principio básico el derecho de toda persona a mejorar su condición económica, social y cultural. Tomando como fundamento este principio, se podría sostener que la violencia estructural se puede reducir en la medida en que el  estado le otorgue a sus habitantes los recursos necesarios para suplir sus necesidades básicas. Con esto se eliminaría la pobreza que a criterio de Galtung (1998) constituye uno de los principales componentes de este tipo de violencia, la cual repercute directamente en las relaciones intrafamiliares.

En la conferencia mundial de los Derechos Humanos (1993), los  estados reafirmaron mediante la Declaración de Viena, que en virtud de que estos derechos nacen con el ser humano, es el estado el ente responsable de la protección de los mismos. Partiendo del concepto de dignidad humana, según esta declaratoria, todos los individuos tienen el derecho a disfrutarlos sin importar su sexo, raza, color, idioma, nacionalidad ni creencias religiosas o políticas.

En la Carta de las Naciones Unidas, se ratifica la dignidad y el valor de la persona, así como la igualdad de derechos entre las naciones grandes y pequeñas, como se demuestra en el artículo 7, que a la letra dice: "Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta Carta y contra toda provocación a toda discriminación". Asimismo, el artículo 25 señala:

 "...Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios..." (Mertus, Julie: 1999;10).

Pero, a pesar de los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos quedan en la esfera de lo teórico, puesto que en la práctica existen sociedades que se caracterizan por la ausencia de recursos económicos que proporcionen a sus habitantes un nivel de vida adecuado. Además, cabe destacar que la igualdad entre los sexos no se da del todo, pues en muchos casos, la mujer sigue siendo marginada e ignorada, como se puede apreciar en la prensa. En el caso de Costa Rica, los medios de comunicación divulgan diariamente denuncias de agresión, violencia, violación, entre otras. Es decir, en ocasiones, los derechos de las mujeres solo aparecen en los textos, a pesar de las grandes luchas liberadas a lo largo de la historia en pro de los mismos.

ALGUNAS LUCHAS EN PRO DE LOS DERECHOS FEMENINOS

Mundialmente, la condición jurídica de la mujer ha experimentado cambios fundamentales que surgen como el resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad, así como en el desarrollo e influencia de los movimientos liberacionistas femeninos, como se puede apreciar en diversas obras literarias como la de María Lejars (siglo XVI), titulada "La igualdad de los hombres y las mujeres".

Otro hecho importante que se debe resaltar es que durante la Revolución Francesa (1789), se produjo el primer hito histórico más importante del feminismo, cuando las mujeres de París, evocando los postulados de Juan Jacobo Rousseau, exigieron por primera vez el voto, bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, principios de dicha revolución. Posteriormente, en el año de 1791, la activista francesa Olympia de Gouges redactó y presentó a la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos de Mujer y de la Ciudadana, en la cual se postuló la dignidad de las mujeres y por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos, así como de las libertades fundamentales, cuya defensa le costó la pérdida de la vida en la guillotina.

Seguido de este acontecimiento, en 1792, en Inglaterra Mary Wollstoncraft, publicó el libro "Reivindicación de los derechos de la mujer". La autora sostiene que la mujer debe de recibir el mismo tratamiento en el campo de la educación, la política, el trabajo y que debería ser juzgada con los mismos patrones morales que los varones. De ahí que el planteamiento realizado a la Cámara de los Comunes, por Mary Smith de Stannore, en 1832, no fue una sorpresa, pues ella reclamaba los derechos políticos de las mujeres.

A las acciones anteriores se van sumando otras en diversos países. En Nueva York, en 1857, las obreras textiles realizaron una huelga y exigieron el derecho al trabajo y mejores condiciones humanas. Lo mismo sucedió el 8 de marzo 1908, cuando más de 130 obreras fallecieron, al producirse un incendio en una fábrica donde ellas estaban encerradas reclamando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este hecho dio origen a la celebración del día internacional de la mujer. Paulatinamente se van sumando a esta conmemoración varios países y se plantean algunas demandas en pro del bienestar femenino.

Ligado a este movimiento internacional femenino, el 8 de marzo de 1914 se celebró en muchos países el día internacional de la mujer, bajo el estandarte del movimiento de paz, en señal de protesta contra la guerra que amenazaba Europa. Esta acción denota que la mujer es una fiel defensora de la paz. Por eso, años más tarde, en 1952, la Organización de Naciones Unidas instituye el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer.

En el año de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a la cual se han adherido más de 130 países. La Convención de la Mujer tiene como propósito eliminar la discriminación experimentada por las mujeres. Por eso, en el artículo 1, se opone a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su  estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de (sus) derechos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Los planteamientos de la convención citada son de suma importancia, dado que obligan a los estados a incluir en sus constituciones nacionales, así como en su legislación común, el principio de igualdad entre los hombres y mujeres. Asimismo, obliga a establecer la protección legal de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los hombres y asegurar una protección efectiva ante cualquier acto de discriminación contra las mujeres. Por eso, también se establece la necesidad de promulgar (abolir, en su caso) o modificar leyes que protejan los derechos de las mujeres. En el artículo 3 de la Convención se estipula la obligatoriedad del  estado de:

"... asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objetivo de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en condiciones de igualdad con el hombre...".

Es decir, la mujer tiene derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y seguridad personal; a ser protegida por la ley, a no ser sometida a tortura, a condiciones de trabajo justos y favorables, a alcanzar el mayor grado de salud física y mental, así como a verse libre de todas formas de discriminación.

Estas acciones, entre otras, abren espacio para que se desarrollen otras actividades cuyo eje es la defensa de la mujer. Así, en julio de 1981 se celebró el primer encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y se proclamó el día 25 de noviembre como fecha de celebración del día internacional de la no violencia contra la mujer, convirtiéndose en una conmemoración internacional, en honor a las tres hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, el 25 de noviembre de 1960.

Para el año de 1995, la Organización de las Naciones Unidas realizó en Beijing, China, la "IV Conferencia Mundial sobre la Mujer", cuyo objetivo consistió en el análisis y discusión de la situación mundial de las mujeres, así como determinar las acciones prioritarias a realizarse para mejorar sus condiciones. Los  estados participantes convinieron en la necesidad de desarrollar una serie de medidas tendientes a lograr la igualdad, el desarrollo y la paz en un plazo de quince años.

En el caso de Costa Rica, la lucha de las mujeres ha sido significativa porque su discriminación se aprecia a lo largo de la historia. En el Código de Carrillo, a la mujer se le consideraba como un apéndice del hombre. La casada, de su marido, y la soltera, de su padre. Esto, por cuanto sus funciones se reducían a la esfera doméstica y no tenía disponibilidad de sus bienes. Pero, las circunstancias cambiaron y en el Código de 1888 se otorgan derechos a la mujer, como la libre disposición de sus bienes. Además, las reformas educativas de 1885 representan una serie de cambios que beneficiaron al sector femenino, pues la creación de centros educativos como el Colegio de Señoritas permitió entre otras cosas, que las mujeres optaran por la profesión de maestras. Años más tarde, durante el período de González Flores, se creó la Escuela Normal de Costa Rica, semillero de la educación costarricense.

Los cambios comentados anteriormente, no se dieron en el ámbito político, a pesar de la participación femenina en la luchas sociales, las cuales se acrecentaron con la crisis del  estado liberal. Algunas mujeres formaron parte de los grupos dedicados a estudiar los problemas nacionales y se incorporaron a los movimientos políticos de la época. Tal es el caso de María Isabel Carvajal –Carmen Lyra–, Luisa González, insignes educadoras; Angela Acuña, primera abogada costarricense. Ellas y otras más lograron romper esquemas impuestos por la sociedad y canalizaron toda una lucha en pro del bienestar de los costarricenses y, por ende, en defensa de los derechos femeninos.

Carmen Lyra, una de las fundadoras del Centro Germinal (1911), encontró en las letras el espacio para difundir estos derechos y denunciar aquellas políticas estatales que iban en detrimento de los trabajadores. Desde la revista Renovación que circulaba por América, España y Francia, así como en el Repertorio Americano, manifestó sus principios y protestas. Ligada al Partido Vanguardia Popular, sus luchas tomaron aún más fuerza y como miembro de la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera (ARCO), emitió mensajes tendientes a conservar en algunos casos los valores de los costarricenses o, por el contrario, a cuestionarlos, si era preciso. Por eso, junto con Luisa González se esforzó por la creación de un Sindicato único de mujeres trabajadoras. Quizás un hecho que ayudó a la constitución de este esfuerzo fue el haber perdido su trabajo por escribir y publicar en la revista Liberación, un artículo titulado "¿Qué camino tomarán los escritores latinoamericano ante la situación actual del mundo?". La pérdida de su empleo representó no sólo una persecución ideológica, sino también una limitación de expresión. De hecho, se estaba frente a la violación de un derecho.

La labor de Chavela, como la llamaban sus amigos, se extendió a otros campos. De ahí que la política se convirtió en un pilar fundamental para sus luchas. Por eso, incentivó a las mujeres para que lucharan por su derecho político de elegir y de ser electas en los cargos públicos de dirección del país, dado que las mujeres no habían logrado participar en forma directa en los procesos electorales, pues no se les permitía ejecutar su derecho de emitir el voto.

Toda esta labor anterior se vio obstaculizada por el conflicto bélico de 1948, pues Carmen Lyra fue expulsada a México, país donde un año más tarde murió. El fruto de su lucha y de sus compañeras germinó al abolirse la constitución de 1871 y al incorporarse en la carta magna de 1949 el derecho al voto femenino, el cual se hizo realidad en las elecciones de 1952. Por supuesto, esta acción cambió el sentido de los valores costarricenses, pues los valores son cualidades de las conductas humanas que de una u otra manera se internalizan, y a través de las normas morales se manifiestan en conductas que reciben la característica de buenas o malas. Por eso, están situados cultural, social e históricamente. Cada individuo tiene su universo de valores. En este caso, el otorgar el derecho al voto a la población femenina se pone en práctica el principio de la igualdad y de la justicia, los cuales condujeron a la creación un clima de paz y abrieron nuevas expectativas para las mujeres:

"... el principio de la igualdad es un pilar fundamental de la política emancipadora. Constituye, también, la condición básica para la existencia de una auténtica democracia y una cultura de paz".

Cabe resaltar que al hacerse efectivo el derecho al voto a la población femenina costarricense, el valor de la justicia que se refiere al orden de las relaciones humanas posibilitó la coexistencia de los diferentes grupos sociales costarricenses, dejando de lado las diferencias ideológicas, étnicas, culturales, entre otras. Además, el valor de igualdad abrió nuevos horizontes a la población femenina, dado que el mismo no se refiere únicamente al derecho al voto, sino que abarca otros planos como el educativo, vida profesional, laboral, participación política. En fin, justicia es un valor que se puede hacer realidad en todos los aspectos de la vida. Es decir, la aplicación de estos valores en el ámbito político sirvieron para fomentar una cultura de paz, en virtud de que los valores de la paz además de tener una finalidad universal tienen como meta guiar la conducta humana.

Las luchas de las mujeres no se terminaron con el alcance del derecho al voto. Por el contrario, ese fue el inicio de una serie de transformaciones sociales, económicas y jurídicas en la sociedad costarricense. Paulatinamente, la mujer se fue incorporando al proceso productivo, sobre todo cuando el nuevo modelo de  estado (el gestor) puso en práctica el nuevo modelo económico conocido como sustitución de importaciones.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) puso en marcha en 1930 este modelo en América del Sur; en el caso Costa Rica fue a partir de la década de los sesenta. Dentro de este modelo, la mujer, en su condición de hija, esposa, madre y trabajadora se incorporó directamente en forma más dinámica a la economía y puso en práctica, además, un conjunto de valores, cuya finalidad consistió en alcanzar la satisfacción de necesidades primarias y secundarias que le permitieran desarrollar, aún más, su autorrealización. Muchas de ellas como profesionales y en sus puestos de dirección pública, se manifestaron y debatieron sobre diversas temáticas y solicitaron la modificación de los patrones culturales. Además, propusieron la creación de leyes para la defensa de sus derechos y la construcción de una ciudadanía activa, así como la participación política, influyendo de este modo en la vida de grandes sectores sociales. Se podría sostener que el sector femenino irrumpe en la esfera pública como actoras de cambio de sus propias condiciones y, con este hecho, la invisibilidad femenina no pudo continuar, lo que obligó a las instituciones a reconocer su papel protagónico, pues sus voces se escucharon en las comunidades, en las instituciones religiosas, políticas, culturales, educativas, lo cual generó otros objetivos, como el reconocimiento de la igualdad de los derechos de la mujer, que se concretó en la creación de la Ley de Igualdad Real de la Mujer, así como una serie de instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población femenina.

En 1984, la Asamblea Legislativa costarricense ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, aprobada por este órgano en 1990, procura viabilizar medidas específicas que permitan eliminar la discriminación de sexo y crear condiciones para la igualdad de oportunidades en lo político, económico y cultural, entre hombres y mujeres. Es decir, esta Ley 7142 pretende otorgarle a la mujer una serie de beneficios y protecciones para que pueda incorporarse plenamente al desarrollo socioeconómico del país, como se demuestra en sus artículos 4 y 5, que a la letra indican:

"... La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas necesarias apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades a favor de la mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración centralizada o descentralizada...".

"... Los partidos políticos incluirán en sus estatutos mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales...".

También dicha ley promueve la creación de instituciones y los mecanismos de protección contra el abuso sexual y la violencia.

 A pesar de las luchas realizadas por las mujeres, las instituciones y las leyes creadas con el propósito de promover la igualdad real y eliminar las discriminaciones, así como las agresiones, en la sociedad costarricense se presenta un fenómeno que aumenta con mucha rapidez: la violencia doméstica, que en los últimos diez años ha constituido uno de los problemas sociales de las familias costarricenses. Por ello, se creó, en 1996, la Ley contra la Violencia Doméstica, que regula la aplicación de una serie de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de víctimas de violencia doméstica. Protege especialmente a madres, niños, personas de 60 años o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones específicas de cada uno.

En el marco de esta ley, se define la violencia doméstica como aquella acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente con sanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.

La ley en mención, también enfatiza en la violencia psicológica y la define como aquella acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de manipulación, amenaza, humillación, aislamiento.

La violencia física se refiere a la acción u omisión que arriesga o daña la integridad de una persona. Asimismo, la ley define la violencia sexual como aquella acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal mediante el uso de la fuerza. Todas estas manifestaciones de la violencia más la patrimonial referida al daño o pérdida de bienes o recursos económicos de alguna persona se manifiestan frecuentemente en la sociedad costarricense. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Quiénes sufren más estos tipos de violencia? ¿Qué personas son las que más denuncian algún tipo de violencia?; ¿qué sector de la población suministra mayor información sobre casos de violencia en Costa Rica, que sirven de sustento a los medios de comunicación?