Estudios Atácamenos: Arqueología y Antropología Surandinas N° 34, pp. 113-136 (2007)

Estado, expansión capitalista y sujetos sociales en Atacama (1879-1928)¹

M. Cecilia Sanhueza T.² y Hans Gundermann K.²

2 Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige s. j., Universidad Católica del Norte. Calle Gustavo Le Paige 380, San Pedro de Atacama, II Región, Chile. Email: msanhueza@ucn.cl; hgunder@ucn.cl

RESUMEN                                           

Se describen y analizan los primeros 50 años de anexión al dominio chileno del territorio de la antigua provincia boliviana de Atacama. El período de estudio abarca desde 1879, cuando se inicia la ocupación militar de esa provincia producto de la Guerra del Pacífico, a 1928, poco antes de desencadenarse la crisis económica internacional. El proceso de incorporación de dicho territorio se caracterizó por una particular relación entre el Estado y los capitales privados que influyó notablemente en las estrategias de dominio implementadas en la región. Desde esa perspectiva, nuestro análisis se centra en dos aspectos: 1) en las lógicas y directrices políticas y administrativas que orientaron desde sus inicios la presencia chilena en el territorio desde el punto de vista de las modalidades de integración de la antigua población local; y 2) en las reestructuraciones y rearticulaciones sociales y económicas que ello fue generando, particularmente en el componente indígena atacameño de la población del interior.

Palabras claves: Guerra del Pacífico -provincia de Atacama - políticas de Estado - economía regional - políticas de integración - sociedades indígenas.

ABSTRACT

In this paper we examine the process of territorial incorporation of the Bolivian province of Atacama by the Chilean State. We focus on the first 50 years of the Chilean occupation (1879-1928) and concentrate on two specific aspects: 1) the bureaucratic and political agendas that determined the ways local populations were dealt with; 2) the social and economical transformations and reconfigurations that occurred among local groups and more specifically among the indigenous societies. We also attempt to shed some new lights on the connections between the State and private capitals insofar as they greatly influenced the nature of the new strategies of occupation.

Key words: Pacific War -province of Atacama - State policies - regional economy - integration policies - indigenous societies.

Introducción

Como consecuencia de la Guerra del Pacífico (1879-1884) el Estado chileno anexó a su territorio una enorme extensión de tierras y recursos, actualmente correspondientes a las I y II regiones del Norte Grande. Los principales intereses económicos que desataron el conflicto bélico se congregaban específicamente en los campos de salitre del desierto intermedio y en los puertos del Pacífico. Sin embargo, y aunque no estuviera entre sus objetivos iniciales, el dominio chileno terminaría incorporando también los territorios interiores de las hasta entonces administraciones peruana y boliviana. En el caso de Bolivia, el Departamento Litoral o Lámar, cuya capital era el puerto de Cobija, incluía, en el desierto y tierras altas del interior, la subprefectura o provincia de Atacama (Figura 1). Su anexión conllevaría la incorporación definitiva de su población, de origen boliviano e indígena, a la jurisdicción chilena.

Nuestro propósito aquí es abordar las décadas iniciales de ese proceso desde la perspectiva de la acción política y administrativa del Estado chileno y de las prácticas de control e integración implementadas sobre los territorios, recursos y poblaciones de esa zona interior. Situamos esta indagación entre 1879, año en que se produce la ocupación militar de Antofagasta y de la provincia de Atacama, y 1928, en los albores de la crisis económica internacional. Todo ello con el objeto de comprender cómo se fueron estableciendo las bases políticas del dominio chileno, sus consecuencias en las estructuras y prácticas locales del poder, y las reestructuraciones sociales y económicas que ello generará, especialmente en el componente indígena de la población del interior, es decir, los antiguos tributarios de la provincia boliviana de Atacama.

La provincia de Atacama en 1879

Hacia fines del Período Colonial el partido de Atacama, dependiente de la Intendencia de Potosí, estaba organizado en dos doctrinas: Atacama la Alta, cuya cabecera y a la vez capital del partido era San Pedro de Atacama, y Atacama la Baja, con cabeza doctrinaria en San Francisco de Chiu Chiu. La primera incluía los oasis y ayllus circundantes a la capital, los anexos de Toconao, Socaire y Peine en la cuenca del Salar, y los de Susques e Incahuasi en la Puna. La segunda comprendía los asentamientos de Chiu Chiu y Calama en el curso medio del río Loa, los de Conchi, Aiquina y Caspana en el Loa Superior, y en la costa, el anexo y puerto de Cobija (Hidalgo 1978).

En 1825 Atacama quedó sujeta a la soberanía boliviana como un distrito dependiente del Departamento de Potosí. Poco después adquirió el rango de prefectura o Departamento Litoral, incluyendo, como en la administración colonial, los territorios de la costa y del interior. Sin embargo, el gobierno boliviano estableció como cabeza departamental al puerto de Cobija o Lámar. En el interior, la provincia de Atacama comprendía los antiguos distritos coloniales de Atacama la Alta y la Baja³. El principal interés de Bolivia se centraba en la costa del Pacífico, por lo que las políticas implementadas en la región estuvieron orientadas a la habilitación del puerto y de las rutas de comunicación con el objeto de activar el tráfico arriero y la circulación hacia el interior de la república (Cajías 1975). En la década de 1870 se construyeron caminos para la circulación de carretas y, en especial, la "gran carretera" que unía la localidad de Calama en el Loa con el mineral de plata de Huanchaca en el altiplano deLípez (Bertrand 1885:266; Risopatrón 1910: 129). Este establecimiento minero adquirió durante el último tercio del siglo XIX un importante desarrollo, convirtiéndose en el principal yacimiento argentífero de Bolivia (Bresson 1997 [1886]). En la zona media y superior del río Loa se desarrollaba por esa época una pequeña y mediana minería, principalmente de cobre, mientras que la industria del borato de cal presentaba un relativo desarrollo en la zona del salar de Ascotán y en la Puna de Atacama. (Memoria 1886 v. 98: 123-124).

Por su parte, la explotación salitrera en la pampa y litoral era monopolizada por una poderosa corporación chileno-británica: la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Esta había adquirido de parte del gobierno boliviano la exclusividad de la explotación del nitrato en la región, e iniciaba su proceso de auge económico con la construcción de líneas férreas que comunicaban los yacimientos con el puerto de Antofagasta (Collier y Sater 1998). Hacia el interior de la región, el mineral de plata de Caracoles, explotado mayoritariamente con capitales y mano de obra chilenos, vivió desde principios de la década de 1870 un acelerado crecimiento demográfico convirtiéndose en un importante centro urbano. Sin embargo, a fines de la década, Caracoles comenzaba a declinar, y aunque continuó siendo el principal enclave económico del interior del Departamento Litoral ya no producía las riquezas de los años anteriores (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms).

Los poblados rurales de las zonas del río Loa y del Salar de Atacama contaban con una población principalmente boliviana, de la cual una gran mayoría eran indígenas tributarios⁴. Calama y Chiu Chiu (vicecantón y cantón boliviano, respectivamente) constituían hitos relevantes de la ruta del Loa que unía al litoral con el altiplano. Sus habitantes combinaban una producción agrícola destinada al abastecimiento de víveres y alfalfa para estos circuitos y para la minería local con el tráfico arriero vinculado al puerto. La comercialización y transporte de las mercancías introducidas por Cobija eran manejados por casas comerciales establecidas en el litoral y en Calama⁵. Las familias importantes del sector mantenían fórmulas combinadas de agricultura, comercio, arriería y beneficio de metales. El resto de la población local y de las tierras altas adyacentes se ocupaba de la actividad agroganadera y de la arriería proveyendo mano de obra para el tráfico interregional y realizando paralelamente un comercio independiente en pequeña escala hacia los enclaves mineros, la costa y el interior (Philippi 1860; Vidal Gormaz 1879; Cajías 1975).

La actividad de la localidad de San Pedro de Atacama se concentraba en la importación y redistribución de ganado y mercaderías provenientes de Argentina y en el cultivo extensivo de alfalfa. La localidad constituía un punto neurálgico del circuito de abastecimiento del litoral boliviano, de las pampas salitreras y mineras de la región (especialmente Caracoles) y de los territorios peruanos de Tarapacá. Las importaciones y parte importante de la producción forrajera local eran controladas por familias de origen boliviano y argentino, propietarias de una proporción significativa de las tierras de cultivo. Como en el Loa, la mayoría de la población indígena tributaria combinaba la producción de alfalfa con crianzas y una fuerte actividad arriera regional e interregional (Vidal Gormaz 1879; Bertrand 1885).

Figura 1. Mapa de las actuales I y II regiones de Chile, que indica los principales lugares mencionados en el texto.

La Guerra del Pacífico, la anexión del territorio y el modelo económico chileno

La expansión de capitales y mano de obra chilenos hacia el litoral e interior de Antofagasta constituyó el factor determinante de la guerra con Bolivia. En un contexto en el que las controversias diplomáticas por la delimitación fronteriza se agudizaban, la decisión del gobierno boliviano de elevar los impuestos a la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta hizo detonar el conflicto bélico. La presión ejercida por los accionistas de la compañía, vinculados a la élite política chilena, junto a otros factores que estaban afectando el desarrollo de rubros importantes de la economía, gatillaron la decisión de ocupar militarmente Antofagasta en 1879. Ello culminaría con la anexión definitiva del territorio al Estado chileno (Carióla y Sunkel 1991; Collier y Sater 1998).

Chile adquirió entonces el monopolio mundial de la exportación de salitre e impuso en la región un modelo económico que determinaría, en las décadas siguientes, el carácter de la relación entre el Estado y el capital privado. En efecto, la empresa privada y, cada vez con mayor fuerza, el capital extranjero, controlarían la principal fuente de ingresos (por concepto de impuestos y derechos de exportación) del fisco chileno. A cambio de ello, el Estado se constituía en garante de las condiciones políticas y sociales necesarias para el desarrollo de la inversión y la producción privada, prácticamente sin restricciones ni mecanismos de regulación. El modelo liberal vigente implicaba una suerte de "delegación" de la orientación e implementación del desarrollo productivo regional en la iniciativa e intereses particulares (Blakemore 1977; Carióla y Sunkel 1991: 87-88). Este modelo rentista traía a su vez importantes consecuencias políticas y sociales.

La estrecha vinculación entre los intereses estatales y los privados -particularmente los capitales británicos en el caso de Tarapacá y posteriormente los norteamericanos en el interior de Antofagasta- supeditó a las prioridades económicas el ejercicio efectivo de la soberanía nacional sobre el territorio (González 1991; Sanhueza y Gundermann 2006 Ms).

Economía y expansión del capital en el territorio interior de Antofagasta (1879-1925)

En febrero de 1879 la Armada chilena desembarcó en Antofagasta e inició la ocupación de la zona salitrera y del mineral de Caracoles estableciendo una administración provisoria bajo el mando militar. Poco después, al constituirse la Gobernación de Antofagasta, el litoral quedó bajo la autoridad civil. El resto de la región, correspondiente a la provincia de Atacama, fue intervenido militarmente y permaneció bajo el gobierno de la Comandancia General de Armas de Antofagasta hasta el año 1884, cuando se firmó el Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms). Este tratado permitió el retiro de las tropas apostadas en el interior y, sobre todo, estableció las bases y garantías necesarias para el desarrollo de la inversión privada en la zona. Se levantó el bloqueo fronterizo que se había establecido con Bolivia por la ruta del río Loa, reactivándose el libre tránsito carretero, y poco después se inició la construcción de líneas férreas desde la zona salitrera hasta el altiplano. Las obras fueron concesionadas a la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, y posteriormente a la Antofagasta & Bolivia Railway Company, que terminaría adjudicándose toda la red entre el puerto y el interior. En 1886 las líneas llegaron a Calama, y en los años siguientes, a Conchi, San Pedro (localidad del Alto Loa), Ollagüe y a Uyuni, en Bolivia (Thompson y Angerstein 1997).

El ferrocarril proveyó condiciones indispensables para el desarrollo del capital en gran escala. Hasta ese momento, las principales faenas mineras del Loa correspondían a pequeñas empresas de origen chileno y boliviano cuya baja rentabilidad no había atraído inversiones de envergadura. Las nuevas condiciones permitieron un flujo expedito con Antofagasta y estimularon el crecimiento urbano e industrial de la zona del Loa (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms). Pero la expansión capitalista trajo también importantes consecuencias sociales. El trazado de las líneas férreas no incorporó localidades como Chiu Chiu, que siempre se había visto favorecida por la ruta de arrieraje y por el camino carretero, perjudicando notablemente su integración en los circuitos regionales. Pero además, y como se analizará más adelante, el sector económico tradicional más afectado fue aquel dedicado a la arriería, que no pudo competir, al menos en estas rutas, con el ferrocarril (Vaisse 1894; Risopatrón 1910: 157).

Hacia 1903, fecha en que se firmó el Tratado de Paz entre Chile y Bolivia, Chuquicamata era el yacimiento más importante de la zona, con aproximadamente 350 minas distribuidas entre diferentes propietarios. Los minerales de Sierra Gorda -con vetas de oro, plata y cobre- dieron origen a un poblado aledaño al ferrocarril que posteriormente desplazaría en importancia al de Caracoles. En la industria boratera, la mayoría de los yacimientos, principalmente el de Ascotán, habían sido adquiridos por la compañía inglesa Borax Consolitated Ltd. que detentaba un monopolio a nivel mundial (Risopatrón 1910:147-155). En 1910 el mineral de Chuquicamata fue adquirido en su totalidad por la firma norteamericana Chile Exploration Company e inició un acelerado proceso de crecimiento, superando hacia 1925 los 13000 habitantes, mayoritariamente chilenos. Entonces, Calama ya era un centro urbano de cierta importancia, cuya población prácticamente se había triplicado en la última década (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms).

Aunque aún no alcanzara la importancia económica de la industria salitrera, la expansión minera del Loa siguió una curva ascendente. Al desarrollo de las grandes mineras, azufreras y borateras norteamericanas e inglesas, se sumó un conjunto de pequeñas y medianas industrias con propietarios de origen boliviano, chileno y europeo. El crecimiento industrial y urbano provocó un fuerte aumento en la demanda por el acceso a recursos naturales indispensables para las operaciones productivas. Para satisfacerlo, el Estado recurrió a la concesión de mercedes y derechos de usufructo de insumos como el agua y la llareta (combustible vegetal). La demanda de recursos para el consumo urbano también se satisfizo a través de concesiones al sector privado. La compañía inglesa Antofagasta & Bolivia Railway Company, propietaria de la red ferroviaria, financió el suministro de agua potable de cañería al municipio de Calama y al puerto de Antofagasta, a cambio de la obtención de derechos de extracción de agua en el río Loa (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms).

La empresa privada y especialmente los capitales británicos y norteamericanos llegaron a controlar y monopolizar los principales centros mineros regionales, el sistema de transporte y el abastecimiento de recursos vitales. El Estado chileno, que percibía importantes ingresos por derechos de explotación y exportación, garantizaba el estado de cosas y delegaba en el sector privado la responsabilidad por la inversión en algunos servicios públicos importantes. Si bien esto pudo favorecer a la pequeña y mediana industria local, las comunidades agroganaderas indígenas de las tierras altas se vieron afectadas al ser despojadas de recursos fundamentales, ahora considerados propiedad fiscal.

Por otra parte, la zona del Loa comenzó a absorber crecientemente la producción agrícola regional, fomentando una mayor concentración de tierras en manos de grandes propietarios. Calama aumentó de manera considerable la superficie destinada a la producción de alfalfa en las llamadas "fincas", pertenecientes a antiguas familias de origen boliviano, a chilenos, y también a inmigrantes yugoslavos. San Pedro de Atacama, que había estado estrechamente vinculado al mineral de Caracoles hasta fines del siglo XIX, redirigió ahora su actividad productiva y comercial a la demanda minera y urbana del Loa y a las salitreras de la pampa, continuando como centro redistribuidor del ganado argentino. Hacia el final de nuestro período de estudio, los ingresos fiscales provenientes de los derechos aduaneros continuaban siendo significativos (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms).

Este proceso y sus proyecciones sociales y económicas contextualizan la incorporación de los territorios y la población de la provincia boliviana de Atacama al dominio de Chile. Considerando que esta región interior no estaba necesariamente en los planes de anexión a la jurisdicción chilena, resulta de interés establecer cómo y bajo qué directrices políticas y administrativas se implemento la acción del Estado, qué estrategias de dominio se ejercieron sobre el territorio, los recursos y la población, y qué consecuencias generaron o reprodujeron dichas orientaciones entre los agentes y los sujetos sociales locales.

La acción política del Estado chileno. Ocupación militar y gobierno provisorio (1879-1888)

La ocupación de Antofagasta se produjo prácticamente sin oposición, ya que el grueso de la población de ese puerto y de los principales yacimientos mineros de la pampa era chileno. Las fuerzas militares se instalaron en el territorio costero, avanzando y asegurando el sector salitrero de Salinas y Carmen Alto y el mineral de Caracoles. Para proteger estos enclaves de cualquier amenaza boliviana, fue necesario también controlar militarmente la zona interior y sus poblados (M.G. v. 827 n° 1, v. 818 n° 80). Efectivamente, a diferencia de las poblaciones del litoral y de Caracoles, las del interior ofrecieron resistencia armada, particularmente en Calama, San Pedro de Atacama y en algunos puntos de las rutas hacia el altiplano. Las tropas chilenas, a las que se agregaron voluntarios de los centros urbanos y mineros, tenían una clara ventaja logística y numérica sobre las bolivianas, conformadas principalmente por milicias locales improvisadas (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881,1979; M.G. v. 827 n° 12). Con el enfrentamiento de Topater, en marzo de 1879, se produjo la toma de Calama, y con posterioridad la ocupación de Chiu Chiu y San Pedro de Atacama. Tardíamente se sumaron refuerzos militares que permitieron a los bolivianos reocupar temporalmente este poblado y Toconao. Sin embargo, los enfrentamientos se caracterizaron más bien por una sucesión de escaramuzas, rápidamente sofocadas por las tropas chilenas que, en diciembre de ese año, se establecieron definitivamente en el territorio de Atacama (M.G. v. 818 n° 10, n° 80).

Luego de la ocupación de Calama se realizaron incursiones hacia el interior siguiendo la ruta que comunicaba con el mineral de Huanchaca y con Potosí, para interceptar el tráfico de abastecimiento de los ejércitos boliviano y peruano e infundir temor en las poblaciones indígenas locales (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 327). Una vez controlado el territorio, la zona del Loa se vio sometida durante algunos años al estancamiento económico. La circulación por las rutas carreteras que unían la costa con Bolivia quedó virtualmente paralizada, y las actividades debieron concentrarse en un tráfico y comercio local hasta el restablecimiento del libre tránsito en 1885 (Bertrand 1885; M.G. v. 817 n° 170). En San Pedro de Atacama, una de las primeras medidas de las fuerzas de ocupación fue asegurar el control del ingreso de ganado y cobrar los derechos aduaneros correspondientes (M.G. v. 817 n° 421). Inicialmente se produjo una fuerte disminución del flujo trasandino dada la inseguridad provocada por el conflicto, no obstante, fue recuperándose paulatinamente (Memoria 1884, v. 92: 52).

Durante esta fase inicial la inversión estatal en la región se concentró en aquellos servicios vinculados a las necesidades de comunicación y transporte: instalación de telégrafos, habilitación del sistema de correos y mejoramiento de caminos. Para estos efectos se hicieron contrataciones con la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, e incluso con casas comerciales de origen boliviano. Además, sobre todo en los inicios de la ocupación, la compañía salitrera hizo aportes voluntarios en infraestructura y fletes, y los mineros de Caracoles otorgaron erogaciones para agilizar el sistema de comunicaciones telegráficas (M.G. vols. 818, 869 n° 132).

Los gastos de manutención de las guarniciones se cubrieron, fundamentalmente, con los ingresos aduaneros de San Pedro de Atacama. Sin embargo, éstos no eran suficientes, por lo que las autoridades militares debieron buscar otros modos de abastecerse, por ejemplo, en lo relativo al acceso a forraje para las cabalgaduras. Aunque a veces se recurrió al arriendo de alfalfales, en otras ocasiones se procedió a la ocupación temporal de tierras. Efectivamente, en Calama y San Pedro de Atacama una cantidad considerable de propiedades fueron abandonadas por sus dueños (vecinos bolivianos e indígenas que habían participado en las milicias) y confiscadas por las autoridades militares chilenas⁶. Esta ocupación de bienes y tierras facilitó, como se verá más adelante, la apropiación definitiva de algunas de ellas por parte de particulares chilenos (entre ellos ex oficiales de las propias guarniciones militares) y fue una de las condiciones de origen de vecinos y familias influyentes en las principales localidades atacameñas. En el contexto de un estado de guerra, el control y apropiación de recursos y bienes pudo ser una práctica frecuente. Las guarniciones chilenas apostadas en el interior contaban con todas las garantías y escaso control para ejercer el poder local y satisfacer sus necesidades (Memoria 1886, v. 98:40).

De hecho, eran bastante deficientes las condiciones en que se encontraban las tropas y frecuentemente los oficiales se quejaban ante las autoridades por las bajas remuneraciones, el atraso en los pagos y el alto costo de la vida. Incluso en 1880 y 1885 se produjeron motines en las guarniciones de Calama y Atacama, respectivamente (M.G. v. 817 n° 27; v. 818 n° 1228). Por estos motivos, el Comandante General de Armas de Antofagasta en 1882 solicitaba al Ministro de Guerra que los nombramientos de las máximas autoridades del interior, sobre todo de San Pedro de Atacama, recayeran en personas de mayor idoneidad y que fueran mejor rentados, dados "los alicientes tentadores, tendientes a una libertad absoluta", en que se encontraban los soldados, cuyos bajos ingresos incitaban a la deserción o a cometer irregularidades en el control aduanero (M.G. v. 817 n° 63). La manutención de las guarniciones estaba siendo un problema y un gasto que el Estado no estaba dispuesto a mantener por mucho tiempo. Aparentemente, las aprensiones iniciales hacia Bolivia habían mermado y, con ello, la necesidad de resguardo militar.

Estrategia militar, poblaciones indígenas y discurso político

Hacia 1879 los territorios y poblados rurales del interior de Antofagasta contaban con una población mayoritariamente boliviana y principalmente indígena tributaria. El sector social que detentaba el poder económico y político constituía una élite de propietarios de tierras, comerciantes y mineros, sobre los cuales el impacto de la guerra fue considerable, dado el despojo de bienes y propiedades que algunos sufrieron; en particular quienes combatieron contra el ejército chileno. Considerados como "enemigos encubiertos", los vecinos bolivianos continuaron, por lo menos durante un tiempo, siendo objeto de sospecha de parte de los oficiales chilenos que temían conspiraciones (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 327, 345). Pero en la resistencia armada intervino también población indígena. En la documentación militar de la época se alude a los "paisanos" o "naturales" que engrosaban las milicias o montoneras y que parecen haber tenido una participación de cierta importancia. Así lo manifiesta el temor y la desconfianza expresada por los oficiales chilenos una vez sofocados los intentos de rebelión:

"... es indudable en el carácter del indio, veleidoso por excelencia i traicionero, sobre todo estos bolivianos, que bien pueden manifestar por el momento toda buena voluntad hacia nosotros, i sernos mui hostiles en el momento en que pudieran prestar algún servicio a sus antiguos amos i señores. En esta virtud es que se les vijila lo mejor que es posible, i se les sigue la pista en sus menores movimientos" (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 571).

Temiendo que pudieran activarse las hostilidades y para limitar su participación en la resistencia a la ocupación chilena, las autoridades militares asumieron una estrategia particular hacia la población indígena, apoyándose en su condición de "tributarios" en el régimen boliviano. En su primer bando oficial, emitido en agosto de 1879, el Comandante de Armas de Calama se dirigía a las poblaciones del interior del río Loa conminándolas a mantenerse neutrales en el conflicto y atribuyéndose una misión protectora y liberadora de la opresión a que Bolivia las tenía sometidas:

"Art. I^o Que las escursiones i reconocimiento que actualmente hace son pura i esclusivamente con el fin de hacer la guerra al gobierno del Perú i Bolivia i en manera alguna a los pacíficos moradores neutrales.

Art. 2^o Que sus tropas tienen especial encargo de amparar i protejer las personas e intereses de los neutrales i naturales tributarios de Bolivia particularmente.

Art. 3^o Que declara i sostendrá con la fuerza si necesario fuere la abolición del odioso tributo que el despótico gobierno del general Daza hace pesar sobre los naturales de Bolivia. Art. 4^o Que en mérito del artículo anterior todos los habitantes de mi dominio quedan completamente desligados de la obediencia a las autoridades bolivianas, sometidos sólo a las órdenes i disposiciones de esta comandancia de armas de Calama, i por consiguiente no prestarán servicio alguno en calidad de subditos a las que fueron autoridades bolivianas sopeña de ser considerados enemigos de nuestra justa i santa causa" (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 344).

Por otra parte, aunque se desconocía a las autoridades nombradas por el gobierno de Bolivia, se permitía a las comunidades una relativa autonomía en el nombramiento de nuevos representantes o líderes locales:

Art. 5^oEn vista de las disposiciones anteriores quedan igualmente destituidos i sin ninguna autoridad los caciques nombrados por el gobierno de Bolivia, i se previene a los naturales tributarios que si a ellos les conviniere nombrar alguna autoridad con éste título, lo acuerden en junta haciéndole saber a esta comandancia para autorizarles i garantizarles los poderes al que ellos elijieran por su jefe para su mejor gobierno" (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 344).

En línea con lo anterior, en San Pedro de Atacama, aun antes de su ocupación definitiva, el Comandante de Armas de Caracoles en visita de reconocimiento se dirigía a los indígenas asumiendo un discurso libertario e integracionista:

"Los pobladores de Atacama i sus cercanías son, en su mayor parte indíjenas tributarios. Luego que llegué a este punto hice citar a todos los que fue posible, i les notifiqué que desde el día en que las armas chilenas habían ocupado estos parajes, ellos estaban exentos de toda contribución, que tenían absoluta libertad; en una palabra, que se les consideraba desde el 14 de febrero delpresente año, como a ciudadanos chilenos, gozando, por consiguiente, de todas las garantías que la nación acuerda a sus hijos" (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 1979: 571).

Sin embargo, una vez establecido definitivamente el control militar chileno y eliminado el peligro (real o imaginario) de su participación en el conflicto, el indígena de la región desaparece como sujeto y destinatario de un discurso político y estratégico específico. El "indio", definido en las referencias documentales a través de clasificaciones cada vez más ambiguas o contradictorias, dejará finalmente de representar una categoría social, cultural o económica diferenciada del resto de los sectores de la sociedad, y se inscribirá en un nuevo paradigma de significado definitivamente moderno. En otras palabras, el indio deja de constituir un estamento social subordinado, para ser considerado una categoría social atrasada en el ineludible camino del progreso (Gundermann y Sanhueza 2006 Ms).

Administración y autoridades locales

Luego de la ocupación del litoral se constituyó la Gobernación de Antofagasta, y a ella se asignaron autoridades civiles. El interior permaneció bajo el gobierno militar, creándose las Comandancias de Armas y subdelegaciones de Calama, San Pedro de Atacama y Caracoles (Memoria 1883, v. 99). Si bien las dos primeras se mantuvieron dentro de ese régimen, la administración de Caracoles adquirió luego un carácter civil: en 1882 las tropas chilenas ya se habían retirado de esa localidad, y el subdelegado era la autoridad principal. Esto favoreció un mayor desarrollo de la gestión pública y administrativa chilena en ese mineral, a diferencia de los asentamientos rurales. Además, se destinaban allí mayores recursos fiscales (M.I. vols. 871,1150). Estas diferencias se debían a razones económicas, ya que la actividad minera constituía una prioridad para el Estado, pero también político-sociales: la población de ese enclave, además de ser demográficamente la más importante del interior, era fundamentalmente chilena.

Por su parte, durante este período, los más altos cargos de autoridad de Calama y San Pedro de Atacama fueron asumidos por oficiales de las respectivas guarniciones. No obstante, el gobierno local requería de una administración según los cánones nacionales vigentes. Para estos efectos, en 1881 San Pedro de Atacama se había dividido en 14 distritos que incluían los ayllus de su entorno y los asentamientos de la precordillera y la Puna. En cada distrito se nombró un inspector⁷. Dada la escasa población chilena, sólo dos de los inspectores designados eran de esta nacionalidad: el de San Pedro de Atacama (distrito de Condeduque) y el de Antofagasta de la Sierra. El primero, Juan Santelices, era sargento del regimiento que posteriormente ejercería como subdelegado, convirtiéndose en propietario de una de las casas comerciales más importantes de la localidad. El segundo, Ángel Villalobos, era el único chileno residente en ese distrito puneño y se dedicaba a un lucrativo comercio con localidades argentinas (Bertrand 1885: 272, 276). En el resto de los distritos, las autoridades designadas fueron antiguos tributarios indígenas, y especialmente en las comunidades más distantes, su nombramiento respondió a la necesidad de establecer algún grado de control sobre la población local y de oficializar la presencia chilena en el territorio (M.RREE v. 425 n°43).

¿A partir de qué criterios se designaron estas autoridades y hasta dónde fueron compatibles con el sistema de representantes o autoridades locales preexistentes? El sistema administrativo boliviano estaba organizado a nivel local o comunitario de acuerdo a cargos vinculados a la recaudación de la contribución indigenal, a la administración de justicia y otras atribuciones menores (Dalence 1975 [1848]). Como se ha dicho, en los primeros bandos militares chilenos no se reconocía a los representantes indígenas locales y a las cabezas cantonales nombradas por Bolivia, pero se toleraba que las comunidades eligieran a sus autoridades, previa ratificación de los comandantes de armas. Desconocemos si la designación de inspectores y jueces de distrito respetó a las autoridades tradicionales reconocidas como tales en sus respectivas comunidades. La escasez de documentación relativa a la gestión o relaciones establecidas entre estas autoridades y las chilenas sugiere que con ellas no se estableció un vínculo de interlocución regular, al menos inicialmente. En el caso de los distritos púnenos existió en las décadas siguientes una mayor relación debido a los conflictos fronterizos producidos entre Chile, Bolivia y Argentina. En ese contexto (1887-1900), la información es algo más elocuente, aunque reafirma el rol estratégico que el Estado chileno otorgó a sus "representantes" locales, adjudicándoles un poder meramente nominal (Sanhueza 2001). Respecto de las zonas más bajas (salvo Calama y San Pedro de Atacama que contaban con autoridades de más alto rango) los inspectores y jueces de distrito parecen haber adquirido con el tiempo mayor significación, dado que fueron siempre las únicas autoridades oficialmente reconocidas.

En 1884, con la firma del Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia, las guarniciones militares fueron retiradas definitivamente y la administración del territorio interior quedó en manos civiles bajo el mando del gobernador de Antofagasta. Pero la nueva estructura institucional carecía de la organización y asignación de recursos indispensables para atender las necesidades de las autoridades locales. En 1885 el gobernador describía las condiciones "anormales y deficientes" en que se encontraban las subdelega-ciones de Calama y San Pedro de Atacama, cuyos principales cargos eran ejercidos por voluntarios chilenos que no recibían renta, y que frecuentemente no contaban con aptitudes para ejercer los cargos: "hasta ahora se ha recurrido a oficiales del ejército, o se ha apelado al patriotismo de algunos vecinos de buena voluntad para el desempeño de los cargos de subdelegados. Pero no puede continuarse asf' (M.I. v. 1320 n° 497).

Esta situación era extensiva también a la subdele-gación de Caracoles y a la recientemente creada de Sierra Gorda, atendidas por subdelegados interinos. Aunque la primera parece haber contado con más recursos, éstos no eran suficientes para cubrir los gastos del servicio, y no se cobraban contribuciones a los vecinos (Memoria 1887, v. 102). El estado de excepción en que estuvo el territorio desde los inicios de la ocupación se extendió por casi nueve años, hasta la creación de la provincia de Antofagasta.

La incorporación de Antofagasta al territorio nacional. Estructura gubernamental, territorio y población

En 1888 la región fue incorporada constitucionalmente al territorio nacional, con la creación de la provincia e Intendencia de Antofagasta, que abarcaba los límites fronterizos señalados en el pacto de tregua (Espinoza 1958). Desde este momento el interior quedó incorporado a la estructura jurídica y administrativa chilena. La provincia de Antofagasta se dividió en los departamentos de Tocopilla, Antofagasta y Taltal. El de Antofagasta comprendía nueve subdelegacio-nes, cuatro de ellas correspondientes a esa ciudad, a Mejillones y a los establecimientos salitreros; en tanto las del interior eran Sierra Gorda, Caracoles, Calama, Ascotán y San Pedro de Atacama (Memoria 1890-91, v. 111).

Sin embargo, aunque esto consolidaba la posesión de Chile en el plano institucional, no se tradujo en un compromiso o ejercicio efectivo de plena soberanía sobre el territorio del interior y sus poblaciones. En efecto, las capitales y distritos de estas subdelegaciones manifiestan un diseño de jurisdicciones administrativas que priorizaba los distritos mineros, centros urbanos y áreas asociadas en la prestación de apoyos y servicios a la minería, como San Pedro de Atacama. Todo ello en desmedro de las zonas rurales con comunidades distribuidas en un extenso espacio⁸. Se designaron autoridades administrativas y judiciales remuneradas, cuyos máximos exponentes eran los subdelegados y los jueces de subdelegación en las respectivas cabeceras. La procedencia de las autoridades designadas alternó entre funcionarios de origen foráneo y vecinos. Sin embargo, el escaso apoyo y fiscalización por parte del gobierno determinó la continuidad de prácticas políticas locales fuertemente autónomas. La designación de inspectores y jueces de distrito con atribuciones menores siguió siendo un mecanismo que favoreció el control sobre la población de enclaves mineros y pueblos indígenas. En estos últimos, y especialmente en los más distantes, tales cargos facilitaban, desde la perspectiva de la población andina, una mejor mediación con la administración en los niveles superiores y, a la vez, cierto grado de autonomía.

Sin embargo, según las autoridades de Antofagasta, la gran extensión de la provincia y la dispersión de los asentamientos impedían una eficiente administración; el factor considerado como el principal obstáculo, en especial en los distritos púnenos, radicaba en la condición de "indios" de sus habitantes y en sus escasas competencias para ejercer cargos públicos:

"Me permito hacer presente a Ud. que las autoridades de aquellos pueblos son indios muy ignorantes, por lo que convendría mandar de ésta alguna persona competente; pero para eso sería menester proporcionarles buen sueldo" (M.RREE v. 591 n° 14).

Pero esos territorios no estaban dentro de las prioridades e intereses de Chile, y menos aún, su población. De allí que ciertos servicios, por ejemplo el registro civil -un instrumento fundamental del Estado para ejercer un control básico de sus habitantes-, no cubriera las necesidades de las localidades más distantes. Ante eso, el Intendente proponía facultar a los curas párrocos para hacer las inscripciones civiles en los pueblos más retirados, puesto que la única institución que desarrollaba allí una labor relativamente regular era la Iglesia (M.I. v. 2152). Si bien en la década siguiente, con motivo de los conflictos fronterizos con Bolivia y Argentina hubo una mayor intervención instalando guarniciones militares en la Puna de Atacama, un índice del escaso interés depositado sobre estas áreas fue el hecho de que al iniciarse el siglo XX los distritos púnenos fueran definitivamente cedidos por Chile a Argentina mediante negociaciones diplomáticas (Sanhueza 2001).

Respecto de los gobiernos municipales, se aplicaron criterios similares a los señalados por la estructuración administrativa regional. En 1893 se crearon las comunas de Calama y Caracoles, y en esta última se incluyeron las subdelegaciones de Sierra Gorda y de San Pedro de Atacama. Sin embargo, este diseño administrativo no respondía a los requerimientos y a la reorganización económica que experimentaba la región. Por esa fecha, el Intendente de Antofagasta señalaba la necesidad de crear la Municipalidad de San Pedro de Atacama y de reducir el territorio de la de Caracoles, que estaba en franca decadencia:

"Caracoles es de una importancia mui inferior a San Pedro de Atacama, por lo que estimo que ésta debe formar un territorio municipal independiente. Su población se compone [a] lo menos de 4000 habitantes, de los cuales 1750 están en una sola agrupación que componen la cabecera de la subdelegación (...) Dada la importancia que tiene aquél pueblo, creo que sería acertado que S. E. el Presidente de la República, creara esta municipalidad'.

Sin embargo, añadía: "La única dificultad con que se tropezaría, sería la falta de chilenos, pues sus habitantes son en casi su totalidad indios" (Memoria 1893, v. 115: 99). Con estos antecedentes no se materializó una mayor intervención estatal en esa jurisdicción hasta avanzado el siglo XX. Por una parte, primó el criterio de favorecer los enclaves mineros por sobre las localidades rurales (aunque aquellos estuvieran, como en este caso, en retroceso económico y demográfico), y por otra, se priorizó una determinada jerarquización de la organización y gestión administrativa según la composición social, cultural o nacional de su población. El escaso compromiso establecido por el gobierno chileno, no sólo hacia la población, sino en general hacia el territorio, se manifestaba, por ejemplo, en la propuesta de algunos congresistas de Santiago de retirar el ñnanciamiento a las autoridades de San Pedro de Atacama afirmando que esta subdelegación carecía de importancia y no merecía que el fisco rentara al subdelegado correspondiente (Vaisse 1894).

A diferencia de la Municipalidad de Calama que logró sostenerse y prosperar, la de Caracoles terminó siendo desplazada por Sierra Gorda. La comuna mantuvo su nombre, pero su capital se instaló en ese villorrio minero hasta 1917, cuando fue definitivamente eliminada como municipalidad. Sus territorios dependientes, entre ellos San Pedro de Atacama, quedaron bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Antofagasta (I. v. 10). Posteriormente, con la creación en 1924 del Departamento de El Loa, San Pedro fue anexado a la comuna de Calama, de la que dependió hasta 1980.

Los gobiernos comunales operaron también con la estructura de distritos. La Municipalidad de Calama contaba con un sistema de representación en las localidades de su jurisdicción a través de delegados (M.C. vols. 1-3). San Pedro de Atacama mantenía un sistema de Junta Local de Vecinos designados por la municipalidad (primero de Caracoles, luego de Antofagasta y posteriormente de Calama), que contaba con bastantes atribuciones (I. vols. 11,22). Según nuestra información, la población indígena no participó de este tipo de designaciones en esa capital, pero sí en el resto de los pueblos de la subdelegación, en calidad de delegados cuyas funciones se regulaban desde San Pedro de Atacama (Silvestre Varas, Socaire, com. pers. 1986). Sin embargo, el buen funcionamiento institucional se vio obstaculizado por la falta de presupuestos adecuados y de fiscalización a la gestión municipal, como lo documenta la intendencia de Antofagasta al señalar las irregularidades, improbidad de los funcionarios y ausencia de inversión pública que se registraban en las municipalidades del interior (Memoria 1910, v. 136; I. v. 57).

La creación del Departamento de El Loa

En octubre de 1924 se creó el Departamento de El Loa, iniciativa apoyada en la relativa prosperidad por la que atravesaba la actividad minera e industrial del sector, la explosión demográfica y las demandas sociales que de ello surgían. Su promulgación representó un hito importante y un giro en la descomprometida acción estatal llevada hasta ese entonces. No obstante, la medida aún contaba con opositores en el Congreso Nacional, quienes sostenían que no se justificaba semejante gasto público puesto que la inmensa mayoría de la población del interior laboraba en las dos más importantes empresas de la zona: la Chile Exploration Company y la Borax Consolitated Ltd., entidades que satisfacían todas sus demandas de servicios (I. v 35 n° 323).

El departamento se dividió en las subdelegaciones de Calama, Chuquicamata, Ascotán y San Pedro de Atacama. Aunque la documentación administrativa del período manifiesta la voluntad del gobierno central de mantener un funcionamiento expedito, un mayor control político y el desarrollo de una acción estatal con sentido social, las condiciones del interior no parecen haber experimentado cambios importantes en los años siguientes (I. vols. 35, 51, 57). Uno de los factores que influyeron fuertemente en ello fue hacia fines de la década el inicio de la gran crisis económica que comenzaría a afectar al país. En ese contexto, los sectores rurales de la región, como San Pedro de Atacama, no serían incluidos en las prioridades regionales de desarrollo (Sanhueza y Gundermann 2006 Ms). En efecto, las primeras visitas de inspección realizadas por las nuevas autoridades de Calama a esa subdelegación entre 1925 y 1928 ilustran la situación de abandono en que se encontraba su capital. Según los informes oficiales, las dependencias estatales (instalaciones y oficinas del juzgado, del registro civil, de los servicios de correos y telégrafos y del resguardo fronterizo) se encontraban en deplorables condiciones y carecían de la implementación básica para el desempeño de sus funciones. Las malas condiciones del resguardo fronterizo hacían muy difícil controlar el contrabando y no había policía ni siquiera para el ejercicio del poder judicial. Además, el gobierno del departamento no contaba con un presupuesto asignado para la fiscalización directa de esa subdelegación. Esta situación, señalaba el intendente, se hacía insostenible considerando que la actividad comercial y productiva de San Pedro de Atacama había experimentado en las últimas décadas una gran prosperidad, y que su aduana producía al Estado chileno una renta superior al millón de pesos anual (I. v. 35 n° 299, v. 57 n° 738).

Puede suponerse que en este contexto, caracterizado por un Estado y una institucionalidad nacional débil y ajena, los procesos sociales experimentados por las poblaciones locales adquirieran bastante autonomía. Un marco político institucional y administrativo nuevo tenía pocas posibilidades de implementarse y operar eficazmente sin los recursos necesarios. Sin una efectiva capacidad de control político y social, se daban las condiciones para la acción poco regulada de agentes económicos y sociales, e incluso para la utilización de la propia administración pública en beneficio de los intereses particulares de los grupos de poder locales.

Las prácticas del poder: Institucionalidad, autoridades y poderes locales

San Pedro de Atacama: El dominio de los "vecinos"

El caso de San Pedro de Atacama es un buen ejemplo de la dinámica del poder social en la región interior y de los conflictos entre la institucionalidad estatal y los grupos e intereses locales. La génesis de este proceso se encuentra en la estructura económica y política heredada desde tiempos bolivianos que destacaba el papel de los "vecinos" no indígenas, más o menos acaudalados según los casos, con control sobre los cargos y la acción del Estado en el área, y con numerosas vinculaciones políticas y de mercado en la región. Convergente con esta lógica de dominio, la intervención chilena en la región tendió a mantener y reforzar el poder de ese grupo, favoreciendo, además, la irrupción de nuevos agentes locales que ocuparon rápidamente posiciones económicas, políticas y sociales expectantes. En efecto, hacia 1885 ejercían como subdelegado y juez de subdelegación de San Pedro de Atacama, Juan Santelices y Luis Polanco, que de oficiales de la guarnición se habían convertido en importantes propietarios y comerciantes. Como señalaba Bertrand, resumiendo muy gráficamente el proceso:

"La casa de comercio más importante es la de los señores Polanco y Santelices, quienes son, además, cuantiosos propietarios en la localidad, por cuyo título han sustituido los de capitán i sárjenlo del rejimiento Atacama,]enero de conquista muipráctico y civilizador" (1885: 272).

Originada, tal parece, en la compra y la usurpación de tierras y bienes de vecinos y tributarios de Atacama, esta casa comercial importaba ganado y proveía forraje en Caracoles. Además de tener almacenes en el pueblo, funcionaba como intermediaria para la adquisición de otros productos en ese mineral, suministrando el flete, y satisfaciendo otros servicios locales como el de correos. La articulación de sus funciones administrativas con las comerciales garantizaba a las autoridades políticas ciertos privilegios en la puesta en mercado de sus productos y servicios. Además, dado el escaso control fiscal, gozaban de gran autonomía, e incluso, de un alto grado de impunidad. En 1887, por ejemplo, se efectuaba un sumario al juez de subdelegación Luis Polanco, por haber internado ilegalmente remesas de ganado desde Argentina, burlando el cordón sanitario impuesto por las propias autoridades chilenas. Polanco, definido como un hombre de fortuna y como uno de los vecinos más pudientes de San Pedro de Atacama, era acusado por el entonces subdelegado interino P Madariaga (AJA Leg. 836). Sobreseído de dicho cargo, en 1889 se adjudicaba en licitación la construcción de un camino carretero entre ese pueblo y el mineral de Caracoles (M.OOPP v. 119 n° 405). Años más tarde, el siguiente subdelegado, H. Velazquez, era sumariado y posteriormente sobreseído por cobro e inversión indebida de la contribución de haberes de los vecinos de San Pedro de Atacama, y en 1894 era procesado, encarcelado y finalmente absuelto por el asesinato del propio Luis Polanco, anterior juez de subdelegación (AJA Leg. 847 n° 13).

Al establecerse oficialmente el sistema de cargos remunerados, la designación de autoridades se concentró entre los miembros de la élite local, y también, para el caso de las autoridades judiciales, en funcionarios foráneos. En definitiva, quienes gobernaban en San Pedro eran individuos y grupos de poder que, según los intereses en juego y las oportunidades, se acomodaban o no a la institucionalidad vigente. Durante todo el período son constantes las denuncias de irregularidades de corrupción o de ejercicio de violencia que involucraban mutuamente a subdelegados, jueces, miembros de la junta de vecinos y otros funcionarios públicos. En este contexto, un elemento recurrentemente presente en la interpelación de los mismos vecinos y autoridades al gobierno regional, más allá de un posicionamiento proclive a la institucionalidad vigente, era la necesidad de una institucionalidad independiente que garantizara el gobierno adecuado, la administración de justicia oportuna e imparcial y el orden público en la zona (I. vols. 22, 24, 25 y 28).

El grupo de vecinos prevaleciente en San Pedro de Atacama no era social ni políticamente homogéneo. Bolivianos, argentinos, chilenos y -por lo menos desde la década de 1920- yugoslavos conformaban el segmento socioeconómico dominante (I. v. 28). Con ello, no sólo la administración estatal, sino también la presencia nacional era débil:

"En este apartado rincón la nacionalidad chilena se ve mui apagada i sus leyes se cumplen muiflojamente. En el pueblo, que tendrá unos 400 habitantes, habrá 20 que declaran ser chilenos, (incluyendo en este número los empleados públicos), i el resto se divide entre bolivianos i arjentinos. Desde 1901 a 1904 se han inscrito solo 14 en los registros militares, habiendo solo uno que ha hecho el servicio militar, por sorteo" (Risopatrón 1910: 138).

Existen indicios sólidos para sostener que los cargos públicos, detentados inicialmente sólo por chilenos, más tarde fueron con frecuencia adjudicados a bolivianos (así declarados, o a sus descendientes). En esta distensión influía la pequeña proporción de chilenos radicados en el área y, como se ha dicho, el desinterés relativo sobre la zona interior. La

sensibilidad nacional, la circulación de cargos entre personeros de distintas proveniencias u orígenes y las divergencias de intereses alimentaban pugnas y conflictos. No pocas veces los conflictos de intereses se codificaban y verbalizaban con un discurso nacionalista. En otras primaba el de la ausencia de rectitud funcionaría y corrupción. Posiciones de autoridad y la discrecionalidad de su uso afectaban intereses económicos y políticos que activaban nuevos focos de tensión, y a veces, el conflicto abierto. Un ejemplo de esto fue un incidente producido en 1928 con motivo de la denuncia de irregularidades que se producían en el resguardo fronterizo de San Pedro de Atacama. El veterinario a cargo fue acusado por el Gobernador de El Loa de estar coludido con un vecino, de la familia Polanco, que ejercía como inspector de sanidad. Según la denuncia, Polanco ejercía en la práctica como veterinario, cobrando una contribución por expedir los certificados de internación, la que era repartida entre ambos funcionarios (I. v. 60 n° 2261). A través de los descargos del acusado, se van manifestando los principales conflictos económicos y políticos de los vecinos más influyentes, entre los que se pueden identificar al menos dos grupos con intereses convergentes y en disputa. Uno de ellos, vinculado a las firmas importadoras de ganado de Abaroa y Cerutti (ambos de origen boliviano e importantes propietarios en la localidad y en Calama), cuyo representante para efectos de internación del ganado era el propio subdelegado de Atacama, del mismo origen. De otra parte, estaban los representantes de firmas importadoras que tenían una estrecha relación con la familia Polanco, la que, como se ha señalado, mantenía una gran influencia en la localidad desde el momento de la ocupación chilena.⁹

Si bien estos conflictos surgidos por rivalidades económicas involucraban a agentes externos, se concatenaban con otros ya antiguos en el pueblo, originados en los inicios y consecuencia de la intervención y anexión chilena de estos territorios. En defensa de la probidad de Polanco, el veterinario señalaba que éste era "chileno, honrado y honorable", y que:

"... en San Pedro de Atacama son contados los chilenos, y los pocos que hay son constantemente intrigados por las autoridades que siempre han estado en manos de ciudadanos bolivianos. Actualmente el subdelegado es boliviano y la junta de vecinos la forman personas de la misma nacionalidad' (I. v. 60 n° 25).

Sostenía que estas autoridades, aunque nacidas en San Pedro de Atacama después de la ocupación chilena, siempre habían sustentado "ideas contrarias a Chile", distinguiendo dentro de la élite local a aquellos que eran "chilenos de verdad" y a "los que por conveniencias resultan ocasionalmente chilenos" (I. v. 60 n° 27). Es muy probable que este discurso nacionalista que polarizaba y dividía a los vecinos haya sido un recurso frecuente en la política local y que, por motivos estratégicos o por sensibilidades reales, reactivaba conflictos sociales y económicos de larga data.

La interlocución y la demanda con las agencias del Estado: Autoridades locales, vecinos e indígenas

Los constantes conflictos muestran también las carencias y las principales demandas que la población y las autoridades de San Pedro de Atacama dirigían a la administración superior. Entre ellas destacaba, como en toda la región del interior durante este período, la necesidad de disponer de fuerzas policiales para la regulación del orden público. Los conflictos internos, los delitos, muchas veces cometidos por gente foránea, y la dificultad para hacer cumplir las resoluciones judiciales, hicieron que funcionarios y vecinos generaran estrategias de seguridad pública, a la vez que negociaran con las autoridades gubernamentales el ñnanciamiento compartido de fuerzas de policía¹⁰. Con frecuencia se manifiesta el descontento de los vecinos por el abandono de que eran objeto desde el punto de vista de lo que consideraban sus derechos ciudadanos, aduciendo que esta capital proporcionaba una significativa entrada al erario por concepto de aduana y por contribuciones de haberes (I. vols. 11, 21). Tal estado de cosas es un buen indicador de la relación establecida por los sectores dominantes locales con las agencias del gobierno, ya que si bien sus demandas no eran cubiertas cabalmente, tampoco existía un control político y fiscal consistente que eclipsara la autonomía de la cual gozaban para ejercer sus propósitos.

La participación política de la población indígena en la capital de la subdelegación de Atacama se hace imperceptible a través de los instrumentos públicos (correspondencia a las autoridades superiores, juicios, designación de autoridades locales, composición de juntas de vecinos, etc.), aunque representaba el grueso de los habitantes del pueblo y ayllus de la zona. Su invisibilidad documental manifiesta una posición subalterna, al menos en lo que se refiere al acceso a cargos públicos y a la interlocución oficial con los agentes estatales. Esta situación de debilidad relativa en las estructuras locales de poder se corresponde con las relaciones socioproductivas establecidas entre los antiguos tributarios indígenas y los sectores más pudientes. Aunque, como se verá más adelante, existía dentro de la población indígena una estratificación y diversificación económica en cuanto al acceso a los recursos y la propiedad, en general, su economía estaba vinculada a las casas comerciales por medio del trabajo asalariado (como peones o trabajadores ocasionales) y como proveedores de ciertos servicios y/o recursos (arriería y transporte, suministro de productos agrícolas y forraje). Esta condición la hacía partícipe, a la larga, de redes clientelares, representando no sólo la base de sustentación de las familias y grupos de poder, sino también un recurso político en la competencia por los negocios más lucrativos en la zona.

En cuanto a los distritos dependientes, la situación de Chiu Chiu requiere de un análisis particular ya que si bien experimentó procesos similares a los de la capital de Atacama, ello se produjo más tardíamente y con matices propios. Esta localidad, como se ha dicho, sufrió los efectos del bloqueo fronterizo, y posteriormente, vio disminuido su protagonismo económico al ser desplazada del circuito ferroviario. Consecuentemente, perdió la condición de segunda cabecera administrativa regional que había detentado durante el período colonial y boliviano, constituyendo ahora un distrito dependiente de la subdelegación de Calama. Estos factores influyeron en que fuera menos intensa la radicación de población foránea y la apropiación de recursos locales durante las primeras décadas de dominio chileno. A la vez permitieron que, no obstante la presencia de un grupo de familias dominante de origen boliviano y chileno, algunos sectores de la antigua población tributaria y propietaria de tierras adquirieran la condición reconocida de "vecinos" y obtuvieran un mayor grado de participación en cargos públicos. Hasta inicios del siglo XX parece mantenerse una estructura de poder menos piramidal que en la antigua capital atacameña, en cuanto a la relación entre intereses particulares y locales, designación de autoridades y regulación de conflictos sociales. Así lo sugiere la correspondencia emitida por los vecinos de Chiu Chiu a las autoridades de Calama que incluía, no sólo a aquellos considerados tradicionalmente como tales, sino también -aunque aparentemente en una posición inferior- a ciertos segmentos más acomodados de la antigua población tributaria (I. vols. 3, 9). Además, al no representar una jurisdicción con cargos altos que fueran atractivos para otros agentes sociales, se designó en varias oportunidades a inspectores de distrito de claro origen indígena (I. v.ll s/n° ).

Esta situación fue cambiando a medida que la zona del Loa experimentaba el proceso de crecimiento minero, industrial y comercial ya descrito. En 1914 figura suscribiendo y encabezando un petitorio de los "comerciantes, propietarios y vecinos de Chiu Chiu", la sociedad "Hrepich Hnos.", compuesta por inmigrantes europeos con asiento en Calama y con clara influencia en la localidad¹¹. También durante esa década comienzan a registrarse continuas quejas de abusos cometidos por advenedizos que se apropiaban de tierras y bienes de los pobladores de la localidad (I. v. 16 n° 76). Hacia 1928, Chiu Chiu presenta un importante aumento demográfico y una mayor heterogeneidad en la composición social de su población, lo que manifiesta una recomposición en la distribución y la concentración de la propiedad agrícola con respecto a períodos anteriores (Risopatrón 1910; I. v. 60 n° 270).

Por su parte, en los pueblos precordilleranos y púnenos la posición y el rol político de las autoridades indígenas designadas por el gobierno chileno fueron adquiriendo mayor importancia (Memoria 1892: 181; I. v. 11). Sobre todo en aquellas comunidades ubicadas a mayor distancia de las cabeceras administrativas, estas autoridades eran las únicas intermediarias entre sus colectividades y el gobierno. Jueces e inspectores de distrito estaban sujetos a la proposición de designación de subdelegados y jueces de subdelegación y a la aprobación de las autoridades de nivel superior. Cuando no había residentes "chilenos" se acudía a aquellas personalidades locales socialmente más prominentes e instruidas, que pudieran hacer las veces de vías de transmisión y ejecución de instructivos emanados de la autoridad superior, a la vez que de vía de canalización de información y demandas desde las asambleas locales. No obstante lo anterior, en la práctica, la injerencia de los organismos del Estado no fue gravitante aquí de igual manera que en las localidades primadas. Por una parte, porque los individuos designados no eran considerados como depositarios de las capacidades y la lealtad requerida para materializar una presencia del Estado con mayores consecuencias; y por otra, porque la dependencia del aparato estatal (desde el punto de vista del ejercicio político o de la regulación del orden social) estaba mediada en estas comunidades por sus propias instituciones y tradiciones de gobierno local.

Es muy probable, entonces, que las autoridades oficialmente designadas ejercieran directamente, actuaran coordinadamente o al menos toleraran la existencia de cargos y personeros con atribuciones vinculadas a su estructura político-social tradicional. En este sentido, la permanencia de instituciones de administración de recursos y de regulación de conflictos pudo permitir a estas comunidades una relativamente mayor continuidad e independencia del Estado, a diferencia de aquellas poblaciones que por su centralidad quedaban más integradas al sistema nacional. En 1903, Risopatrón (1910: 133, 141) describía el sistema de "alcaldes rotativos" vigente en los pueblos de Caspana, Aiquina y Toconce del sector alto del río Loa, cuya elección anual realizada en fechas socialmente significativas se celebraba con largas libaciones, lo que otorgaba a esta investidura un carácter ritual y religioso de importancia. Entre sus atribuciones se contaba la regulación del sistema de turnos establecidos para la utilización de las aguas de regadío y la organización de los trabajos comunitarios. No es del todo claro cómo se articulaba este tipo de autoridades con los inspectores y jueces de distrito, ni cómo se fueron imponiendo las normas generales que relegarían los gobiernos locales tradicionales (alcaldes y caciques) a un rol exclusivamente religioso. Seguimos la tesis, verificada en otras zonas andinas del norte de Chile, de que el paralelismo y la continuidad de las instituciones de gobierno local andino y sus autoridades son relativos a la instauración de inspectores y jueces por parte de representantes del gobierno y del poder judicial (Gundermann 2001).

Sin embargo, la extensión y las relaciones de la sociedad indígena no se limitaban a los espacios y territorios definidos como marginales. Frecuentemente, las fuentes escritas de la época proporcionan una imagen del "indio" como un segmento social económicamente aislado del sistema regional, calificando su economía como de autosubsistencia o paralela a la economía de mercado (Vidal Gormaz 1879; Bertrand 1885; Muñoz 1894; San Román 1896-1902). No obstante, un análisis más acucioso permite percibir no sólo su nivel de integración a la economía regional, sino también la complejidad de los procesos y reestructuraciones sociales y productivas que esa población experimentaba a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX.

La sociedad indígena: Dinámicas económicas, reestructuraciones y movilidad social

Hacia 1884 existía en San Pedro de Atacama una

estratificación socioeconómica que diferenciaba a los grandes propietarios y comerciantes de los indígenas. Estos últimos, sin embargo, presentaban importantes diferencias según su disponibilidad de medios productivos o capital, y su condición de propietarios, trabajadores independientes o asalariados:

"Lajente algo acomodada es casi toda comerciante o traficante en ganado que se importa de la República Arjentina. Los indios propietarios tienen la mayor parte de sus terrenos con alfalfa, otra con maíz i la menor con trigo o cebada;cosechan también la fruta del algarrobo (...) i la del chañar (...). Los indios menos acaudalados tienen su pequeña recua de burros i se ocupan en acarrear a Caracoles leña de pingo-pingo, de romerillo, etc. En fin, los que nada tienen se ocupan de segadores, jornaleros, etc." (Bertrand 1885: 272).

Este tipo de diferenciación económica es perceptible también durante el período boliviano. La población indígena conformaba un estrato de tributarios con una bien diferenciada condición política, social y económica respecto del grupo dominante en la estructura social. Sin embargo, ello no impidió que por vía de su inserción en redes mercantiles, un sector indígena alcanzara un poder económico, incluso mayor que el que pudieron detentar algunos ciudadanos bolivianos. Al describir la actividad productiva y comercial de los vecinos de San Pedro de Atacama poco antes de la Guerra del Pacífico, Vidal Gormaz (1879:15) destacaba entre las principales fortunas del pueblo, al menos dos casos correspondientes a indígenas que eran importantes propietarios de ganado, tierras y capital en dinero. Es muy probable que este tipo de movilidad económica haya permitido a algunos tributarios el acceso a la condición social de "vecinos", atendiendo a la común relación en los Andes entre posesión de bienes y estatus social. Posteriormente, y a partir de la documentación burocrática chilena que se analiza a continuación, es posible identificar en la estructura de la propiedad ciertas dinámicas de movilidad social y circulación cultural.

La propiedad de la tierra

Hacia fines del siglo XIX la internación de ganado por San Pedro de Atacama era considerada "la fuente del bienestar de los atácamenos", puesto que constituía el principal mercado para la producción agrícola forrajera local (Vai'sse 1894). Aunque los grandes comerciantes de las casas importadoras eran también importantes propietarios, una buena proporción de las tierras pertenecía a las familias indígenas de la localidad. Según el listado de contribuyentes efectuado por la Tesorería de Antofagasta en 1893 (AJA Leg. 847 n° 13), un total de 100 propietarios, incluyendo algunos de Toconao, debían pagar anualmente un 2% del avalúo de sus bienes muebles e inmuebles. Si consideramos que la población de esta capital se calculaba en aproximadamente 1720 habitantes (Vai'sse 1894), suponemos que un número importante no pagaba contribuciones. No obstante, el registro de contribuyentes corresponde a vecinos pertenecientes a las familias bolivianas y argentinas de la región, a otros propietarios instalados con posterioridad a la guerra, y a una mayoría compuesta por antiguos tributarios o hijos de tributarios indígenas. Aunque no entrega especificaciones respecto a los bienes avaluados, el documento permite una aproximación a las proporciones existentes en la distribución de la propiedad. Si establecemos categorías según los montos que debían cancelarse y la procedencia social de los contribuyentes, se puede señalar que los más altos correspondían a dos miembros de las tradicionales familias de origen boliviano (que pagaban 52 y 46 pesos, respectivamente)¹². El rango siguiente, mucho más bajo y bastante amplio, incluía vecinos pertenecientes a esas y a otras familias bolivianas y argentinas, junto con contribuyentes de origen indígena tributario. Ellos cancelaban, indistintamente, montos que abarcaban entre los $ 26 y $ 7. A partir de allí distinguimos un tercer rango que incluía desde los $ 6 en escala descendente y se componía de población casi exclusivamente indígena en una magnitud cercana al 60% del total de contribuyentes¹³.

Aunque los indígenas por lo general tenían propiedades de menor tamaño y muchos no pagaban contribución (lo que impide tener una perspectiva más completa sobre la tenencia de tierras agrícolas de la zona), estos datos permiten señalar que, al menos en lo que se refiere al rango de los medianos propietarios, mantenían una participación significativa. ¿Les otorgaba esto una condición de igualdad relativa respecto al resto de los vecinos? La condición de "contribuyente", junto con representar una carga impositiva, constituía una forma de reconocimiento social, especialmente en aquellas localidades de mayor densidad y heterogeneidad poblacional. El hecho de pagar impuesto legitimaba una relación con el aparato fiscal chileno y supone la afirmación de derechos de propiedad. Por ello es que estos primeros roles de avalúos pudieron tener una buena recepción entre los propietarios, en ausencia de una titulación de la tierra actualizada. Pero, al mismo tiempo, estos procedimientos administrativos inauguraban una forma distinta de relación entre los indígenas y el Estado chileno, ya que en este contexto los ex tributarios del sistema estamental boliviano se situaban -aunque sólo fuera desde el punto de vista de las cargas impositivas- en una posición de igualdad respecto al resto de los contribuyentes. Desde esa perspectiva, se establecía no sólo una nueva relación económica con el Estado, sino también se sentaban las bases para una nueva relación política, más próxima a la condición de ciudadanos, aunque ésta fuera en muchos sentidos todavía meramente nominal (Gundermann 1998).

Por otra parte, el título de propiedad otorgaba una condición privilegiada a quienes lo detentaban, respecto del resto de la población indígena, dada la situación de indefinición jurídica en que parecen haberse encontrado muchas pequeñas propiedades. Efectivamente, a juzgar por documentación posterior, estos primeros padrones de avalúos se habrían realizado en forma bastante irregular, lo que originó conflictos entre los lugareños. En Toconao, por ejemplo, aunque en el padrón de 1893 figuraban algunos contribuyentes con propiedades allí, el grueso de la población se componía de pequeños propietarios sin título alguno. En 1896, los habitantes de esa localidad solicitaban con urgencia a las autoridades tomar las medidas necesarias para realizar un plano catastral y autorizar las escrituras correspondientes para legalizar sus títulos (M.I. v. 2152 n° 11). En San Pedro de Atacama, todavía en 1921 se denunciaba a las autoridades la situación de irregularidad en que se encontraba la pequeña propiedad, favoreciendo el abuso por parte de agentes foráneos que operaban como intermediarios en el saneamiento y tramitación de títulos definitivos en Antofagasta (I. v. 20).

La distribución de la propiedad evidencia desigualdad económica y social, no sólo entre los propietarios más prominentes respecto del resto de la población, sino también de los propietarios indígenas con mayores recursos. Esta diferenciación se producía también en aquellas comunidades indígenas o "pueblos de indios", donde la presencia chilena, boliviana o de otras nacionalidades era prácticamente inexistente. En Caspana, que contaba con unos 100 habitantes en 1903, sólo una propiedad perteneciente a Fermín Zaire -señalado como "el vecino más rico de la localidad"- pagaba contribución de haberes. Estaba tasada en $ 8.800 (lo que correspondería aproximadamente a una contribución de $ 19, si estimamos el 2% de la tasa). En la vecina localidad de Aiquina con 137 habitantes, se documentaba por esa fecha un avalúo total de la propiedad de $ 23.100 (y una contribución aproximada de $ 53) aunque no se menciona quiénes o cuántas personas eran propietarias (Bertrand 1885: 22; Risopatrón 1910: 140-142).

Si bien las tierras agrícolas terminaron por ser inscritas durante el siglo XX, los pastizales de temporada o los de la precordillera alta fueron considerados tierras fiscales. Salvo excepciones (ver Aldunate s/f), las comunidades o familias no impulsaron la obtención de títulos sobre ellos y, aparentemente, tampoco hubo alguna acción estatal al respecto. Al contrario, desde los inicios del siglo XX hubo un acelerado proceso de concesión de derechos de usufructo de recursos naturales a la creciente industria minera. Las comunidades indígenas quedaron excluidas de esas asignaciones, lo que disminuyó sus posibilidades de dar continuidad a una integración a la economía regional sustentada sobre bases agrarias y recursos naturales. Se abría paso así la inflexión moderna de una incorporación basada, progresivamente, en el asalariamiento.

Transformaciones productivas y laborales: El ocaso de la arriería mulera

La arriería constituyó desde los inicios del período colonial uno de los principales rubros económicos desarrollados por los indígenas de Atacama. Esta actividad permitió acceder al circulante necesario para cubrir el pago anual de las tasas y la inserción de, al menos, una parte de las economías comunitarias locales en el nuevo orden colonial. Articulando estrategias mercantiles con estrategias tradicionales de movilidad, la arriería permitía integrar la producción agrícola, ganadera y minera local, así como la explotación marina y la intermitente actividad portuaria con los principales mercados altiplánicos. La población tributaria de Atacama era frecuentemente descrita como "arriera", especialmente los habitantes de la región del río Loa, ruta obligada entre el puerto de Cobija y el Alto Perú (Sanhueza 1992).

Durante el Período Colonial, el concepto de "arriero" se aplicaba al individuo que se dedicaba al flete o transporte de productos a lomo de muía, y que combinaba el comercio o intercambio de bienes propios o adquiridos por su cuenta, con el trabajo como asalariado, "trajinando" mercancías pertenecientes a funcionarios o particulares españoles. Los arrieros de Atacama, a pesar del costo elevado que significaba su adquisición, con frecuencia fueron propietarios de las muías con las que trabajaban y, al menos en los viajes a largas distancias, este animal de carga logró desplazar a los camélidos (Sanhueza 1992). Durante el período boliviano, esta actividad fue reimpulsada por el Estado, fomentando la adquisición de ganado mular entre la población y estimulando el cultivo de alfalfa, favoreciendo a la vez el desempeño de casas comerciales dedicadas a las importaciones, comercio y tráfico hacia el interior de Bolivia (Cajías 1975). Hacia mediados del siglo XIX, Philippi (1860) calificaba a la arriería como la principal ocupación de los atácamenos, describiendo un intenso movimiento de mercaderías desde Cobija a los valles tarijeños y a las provincias argentinas, introduciéndose también productos marinos adquiridos por intercambio con los indígenas de la costa. Los arrieros atácamenos adquirían las muías de los argentinos que introducían ganado por San Pedro de Atacama, y posiblemente, también las compraban directamente en los valles de Salta. Aunque su valor en el mercado era considerable, la demanda de fuerza de trabajo para los fletes y el comercio interregional de productos hacía rentable su adquisición. Sin embargo, a fines del siglo XIX, la habilitación del ferrocarril a través de la ruta del Loa, provocaría un duro golpe a esta actividad:

"Desde que se suprimió el puerto de Cobija i se estableció el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, la arriería que antes era la principal industria de los atácamenos, está moribunda, sino ya muerta. Pocas son las tropas que actualmente trabajan, i sus dueños tienen que enviarlas hasta Potosí para de allí llevar carga a Sucre; con todo, el negocio no es remunerador i se ve ya que dentro de pocos años la arriería no existirá más en Atacama" (Vaisse 1894).

La declinación del principal circuito de arrieraje regional condenaba a esta actividad a perder el protagonismo que históricamente había tenido en las estrategias productivas y laborales de los atácamenos. Bajo estas condiciones, la utilización de mulares disminuyó notablemente entre los indígenas que tendieron a reemplazar esa actividad por un tráfico más local utilizando tropas de burros y camélidos. A diferencia de la muía, los burros eran de costo mucho más bajo y susceptibles de crianza y reproducción, podían ser alimentados en las estancias de la cordillera sin requerir de un alto consumo de forraje cultivado, como la alfalfa y la cebada, y podían ser comercializados, al igual que las llamas, en los mercados indígenas locales, principalmente en San Pedro de Atacama (Bertrand 1885:238-239). A inicios del siglo XX, Risopatrón (1910:159-160) señalaba que los indígenas utilizaban en su mayoría llamas y burros para la carga, puesto que "no tendrían recursos para criar i mantener mulares en estado de servicio", motivo por el cual aquellos constituían ahora "uno de los artículos de más comercio".

Esto no significa que haya disminuido en la región la utilización del mular como bestia de carga, transporte de personas, arreo de ganado y tracción de carretas. Más bien al contrario, con el desarrollo minero, industrial y comercial, la acémila mantenía un rol fundamental en el proceso productivo y representaba una considerable proporción del ganado que se importaba desde Argentina. Por cierto, los sectores indígenas más acomodados invertían todavía en la adquisición de muías. Sin embargo, su rentabilidad disminuiría drásticamente para aquella base indígena que masivamente se había vinculado al tradicional tráfico arriero del circuito del Loa-Altiplano.

¿Significa esto la total pérdida de importancia social de la arriería y la figura cultural del arriero, sus viajes y sus prácticas? Ciertamente no. Aunque disminuida, la actividad se readaptaba a las nuevas condiciones y a la creciente demanda regional, estableciendo circuitos alternativos y territorialmente más restringidos que los anteriores. Los principales desplazamientos se vinculaban con el transporte, abastecimiento y comercio hacia los centros urbanos y mineros, pueblos y asentamientos agrícolas, estaciones de ferrocarril, faenas y campamentos del desierto. La arriería y el caravaneo con burros y llamas cargueras permitieron a su vez la continuidad del comercio y el intercambio complementario característico de las relaciones entre comunidades andinas, vinculando incluso los oasis atácamenos con territorios tan distantes como Lípez o la Puna de Atacama hasta muy avanzado el siglo XX (Risopatrón 1910; Núñez 1992).

Intermediarios y mercado indígena en el comercio regional

Hasta fines del siglo XIX, la arriería regional tuvo como uno de sus destinos más importantes el campo minero de Caracoles que aún absorbía un importante tráfico indígena proveniente de los oasis de San Pedro de Atacama y del Loa. Los arrieros atácamenos conducían allí sus pequeñas tropas y comercializaban alfalfa y leña, proveyéndose de otros artículos y víveres (San Román 1896-1902: 396). Con el desarrollo económico de la zona del Loa, los trajines comenzaron a volcarse hacia ese sector, principalmente a través del suministro de combustible. La llareta, que se había vuelto indispensable para el funcionamiento de la industria minera, era recolectaba y transportada a lomo de burro o de llama a los centros mineros e industriales. Sin embargo, crecientemente su puesta en mercado se efectuaría a través de intermediarios que la comercializaban a bajo precio en las estaciones del ferrocarril (Risopatrón 1910: 174).

Posteriormente, la extracción de la llareta fue concesionada a empresas regionales y a transnacionales como la Borax Consolitated Ltd., que obtuvo la exclusividad sobre extensos territorios de la cordillera andina (I. v. 28). Así, de proveedores relativamente independientes, los campesinos y pastores de las comunidades de la región pasaron a constituir tratantes en pequeña escala y la mano de obra requerida para la explotación de estos campos.

La caza y comercio de pieles de vicuña y de chinchilla conformaron otro rubro intensamente explotado, en particular por las poblaciones campesinas de la cordillera. La piel de chinchilla era altamente cotizada como mercancía de exportación y, como en el caso de la llareta, se establecieron despachos especiales en algunas estaciones del ferrocarril para adquirirla o se contrataba agentes intermediarios para que la intercambiaran por hojas de coca u otros productos en los distritos púnenos (Vaisse 1894; Risopatrón 1910: 176-177).

Esta participación de intermediarios y casas comerciales para la puesta en mercado de ciertos productos era frecuente y lucrativa. Sin embargo, la mercantilización de la producción indígena no sólo estaba regulada o supeditada a la demanda de los mercados o agentes no indígenas. También una parte de sus productos, incluso aquellos de carácter "tradicional" y de consumo culturalmente restringido, participaba del sistema de circulación monetaria y mercantil. En San Pedro de Atacama, Risopatrón (1910: 157) distinguía, además de un almacén de provisiones "de primera clase", varios otros "secundarios", que comerciaban:

"...principalmente con los indios bolivianos, que desde San Cristóbal [Lípez] traen cueros de chinchilla, hojas de coca, ollas de barro, i ají boliviano, i llevan principalmente alcohol y los frutos del chañar".

Este último producto, altamente estimado por los indígenas del altiplano, era adquirido en Atacama en pesos chilenos y vendido en Lípez o en la tradicional feria de Guarí en pesos bolivianos. Las llamas, además de ser objeto de trueque o intercambio, tenían un precio establecido en el mercado local atacameño, pero no en moneda chilena, sino boliviana (Risopatrón 1910: 159-160). De este modo, existía un mercado indígena que satisfacía necesidades de consumo, combinando la utilización de circulante de distinto origen, según las convenciones establecidas y la conveniencia de las tasas de cambio.

La monetarización de las economías campesinas del interior y su activa relación con los mercados de fuerza de trabajo regionales, de productos campesinos y de bienes de consumo no significó que la dimensión tradicional de sus economías desapareciera o que operara en forma paralela o segregada. Producciones locales e intercambios entre productores de localidades situadas en distintas ecologías podían estar orientadas tanto al autoconsumo como al mercado. Productos resultantes en su origen de modalidades de intercambio podían derivar hacia transacciones monetarizadas. En suma, nos encontramos con poblaciones rurales que siguen una pauta de integración económica regional basada en relaciones de mercado que, a veces, se sustentan en eslabonamientos con relaciones económicas tradicionales. En la medida que las producciones andinas fueron perdiendo importancia en la economía regional esa modalidad de integración fue desprendiéndose progresivamente de sus bases agropecuarias andinas. Ello estaba ocurriendo hacia finales del período que analizamos.

Economías indígenas y nuevas categorías socioproductivas

Arrieros, remeseros y peones

La drástica disminución de la arriería mulera por las rutas del Loa no implicó necesariamente su desaparición, aunque sí la llevó a adquirir un carácter más especializado o esporádico. Es posible también que esta actividad se haya fundido o diversificado en nuevos oficios o especializaciones relacionados con el tráfico masivo de ganado trasandino.

Nuestro período de estudio corresponde al momento de mayor expansión y actividad minera extractiva del ciclo salitrero, que en la zona tiene solución de continuidad con el desarrollo minero cuprífero, boratero y azufrero. La creciente demanda de ganado mular para esas faenas y sobre todo de bovinos para la alimentación de una cada vez más numerosa población, transformó al tráfico transcordillerano en una actividad económica y comercial relevante. Por ende, era una importante fuente de trabajo e ingresos para los campesinos andinos, en especial los del Salar de Atacama. El traslado del ganado desde los valles argentinos, su recuperación y engorda en las "tabladas" o potreros de alfalfa, y su posterior redistribución, requería de una mano de obra experimentada y con algún grado de especialización. La terminología de la época distinguía al "baquiano" como el guía y conocedor de los caminos y pasos cordilleranos; al "arriero" como aquél que "trajinaba" con bestias de carga; y a los "remeseros" o "peones" (eventualmente también llamados "arrieros") como quienes transportaban las remesas de ganado a sus propietarios o agentes importadores de San Pedro de Atacama (Bresson 1997 [1886]: 156-160; AJA Leg. 836). Estas denominaciones designaban categorías diferenciadas respecto a quienes desempeñaban las actividades vinculadas al tráfico. A diferencia del tradicional arriero "mulero", entendido como lo hemos definido, el arriero "remesero" o "peón" era básicamente un asalariado. Mientras el primero tenía una mayor autonomía económica y comercial (sin perjuicio de desempeñarse también como "fletero"), el segundo operaba, fundamentalmente, al servicio de los grandes propietarios de ganado de uno y otro lado de la cordillera.

Sin embargo, un elemento interesante de considerar, y que dice relación con el componente social y cultural de esta población arriera especializada en el transporte de ganado, es que una buena proporción de ella no era originaria de Atacama sino de Argentina (Philippi 1860: 53; Muñoz 1894: 80). Avanzado el siglo XX, Bowman (1942 [1924]: 251-253) describía a quienes realizaban todo el proceso de arreo desde los valles transandinos a San Pedro, e incluso a su destino final en las minas y salitreras, como "indios" o "mestizos" de la región de Salta o de sus valles marginales. Una vez finiquitado el circuito de redistribución del ganado, se les pagaba en moneda chilena, y permanecían unos días en el pueblo, descansando o trabajando en otras actividades también remuneradas. En la documentación burocrática de la época, las referencias a este tipo de actividad mencionan tanto a "argentinos" como a población local y, en varios casos, aquellos figuran como residentes de largo tiempo en la región (M.RREE v. 780 n° 456; AJA Legs. 800 y 764). Sin duda, los nexos históricos y culturales y las redes de parentesco político y sanguíneo establecidas entre esta población trasandina y la local, vivamente presentes en la memoria e imaginario actual (Núñez 1992), contribuyeron a otorgar un carácter socialmente heterogéneo a la población de Atacama.

Temporeros y jornaleros

En el nivel más bajo de la estratificación sociopro-ductiva de San Pedro de Atacama, se encontraban quienes no poseían tierras ni animales y que se ocupaban en el rubro agrícola como segadores y jornaleros. Esa mano de obra no sólo era absorbida por los grandes propietarios vinculados a las casas comerciales, sino también por medianos propietarios indígenas que contrataban temporeros, específicamente para las labores de corte de la alfalfa. La labor de "hachar pastos" como se la denominaba, era bastante dura y mal remunerada, y era realizada no sólo por población local, sino también por indígenas foráneos e itinerantes (AJA Leg. 800). En Calama y Chiu Chiu la demanda de fuerza de trabajo agrícola se satisfacía con mano de obra local y usualmente también con el trabajo temporero de población indígena proveniente de Bolivia que resultaba mucho más rentable, puesto que sus salarios se reducían prácticamente a la mitad de los jornales atácamenos (San Román 1896-1902: 393-394).

Este panorama heterogéneo y versátil de las dinámicas económicas, productivas y sociales de la población indígena, sus transformaciones y readaptaciones, obliga a sostener que no es posible reducirla, desde un punto de vista analítico, a una única categoría socioeconómica. Las diferencias que se evidencian en la distribución estratificada de la propiedad de la tierra, la redefinición productiva y laboral de aquellos sectores antes vinculados a la arriería mulera, el desarrollo del trabajo asalariado en el rubro agropecuario y minero, y la circulación y eventual radicación de población indígena y mestiza proveniente de otras regiones (especialmente de Argentina y Bolivia), manifiestan algunos aspectos del impacto del proceso expansivo del capital al "interior" de Antofagasta.

Gran minería y asalariamiento: El inicio de la transformación en la pauta de integración indígena

Aunque la información documental consultada para este período no es todo lo elocuente que se desearía, las faenas mineras e industriales de la zona del Loa parecen haber absorbido desde los inicios de su período de auge una cantidad importante de fuerza de trabajo indígena. Calama iniciaba en la última década del siglo XIX un rápido proceso de crecimiento económico y demográfico. Sin embargo, al menos en este primer período, la población era muy fluctuante, dependiendo de los ciclos del mercado minero, la oferta laboral y la demanda de abastecimiento e insumos. Aún en 1903 la composición social de los habitantes de Calama era mayoritariamente indígena. Las ciénagas y terrenos pantanosos circundantes al pueblo -considerados propiedad fiscal y cuyos pastos y agua eran de mala calidad- constituían un espacio periférico que albergaba a una población flotante que alimentaba allí sus escasos animales y proveía de mano de obra de bajo costo a los enclaves mineros (San Román 1896-1902: 390; Boman 1991 [1908]: 715). Con el crecimiento demográfico y productivo de las décadas siguientes, la privatización de las tierras y el acondicionamiento de las "fincas" o grandes potreros de alfalfa cambiarían la fisonomía de la localidad y erradicarían las antiguas "rancherías de indios" (I. v. 57 n° 1863).

Por lo menos desde fines del siglo XIX la población de las comunidades del pie de la cordillera andina había comenzado un proceso migratorio y un visible asalariamiento hacia la minería, estableciéndose temporal, estacional o definitivamente en los centros mineros y en los alrededores de Calama (Muñoz 1894: 75). Hacia 1925, se señala una población significativa de "indios bolivianos" establecidos en Chuquicamata, quienes representaban una alternativa notablemente más barata que la contratación de mineros y obreros chilenos

"En el mineral había una fuerte población de indios bolivianos, terribles competidores de los chilenos en sus trabajos de extracción, pues se contentan con poco salario y no demuestran grandes exigencias materiales, por lo que, a veces, son preferidos por los capitalistas norteamericanos" (Latcham 1926: 116).

Como se dijo más arriba, la presencia estacional de indígenas provenientes de Bolivia constituía una fuente de mano de obra temporera para las labores agrícolas. Es probable que desempeñaran también labores mineras, más o menos calificadas, pero de bajo costo. Sin embargo, es preciso aclarar también que en el léxico contemporáneo, el "indio boliviano" correspondía no sólo a los habitantes de aquella república, sino en general a la población indígena de la antigua provincia de Atacama¹⁴. Es posible, entonces, que los trabajadores indígenas que ocupaban un sector diferenciado del resto de la población obrera chilena en los campamentos de Chuquicamata, llamado "la parte boliviana", hayan sido no sólo de origen foráneo, sino también atacameño (Latcham 1926: 134: 14).

Sin embargo, hacia finales de nuestro período de estudio, la crisis que vivía la industria salitrera y el cierre de varias oficinas de la pampa estaban provocando un creciente desplazamiento de poblaciones obreras a los centros mineros del Loa. En ese contexto, la aún pequeña ciudad de Calama carecía de la infraestructura habitacional y de los servicios básicos requeridos para contener una población marginal que en condiciones insalubres comenzaba a radicarse en la localidad (I. v. 57 n° 1579, n° 1863). La irrupción de un significativo contingente de mano de obra, con un mayor o menor grado de calificación y dispuesta, por cierto, a vender su fuerza de trabajo al más bajo costo debió incidir significativamente en el mercado laboral. Es posible que éste, entre otros tantos efectos sociales de la gran crisis económica, haya contribuido a retardar o al menos atenuar el proceso migratorio de las poblaciones indígenas campesinas hacia los centros mineros.

Las décadas siguientes, sin embargo, marcarían un punto de inflexión definitivo hacia una nueva modalidad de integración de la población atacamefia en la economía regional, es decir, de las pautas a través de las cuales la población indígena se vinculaba y se insertaba en las estructuras productivas y sociales regionales y nacionales. Desde el período boliviano estas pautas se habían sustentado sobre bases agrarias, dependientes, a su vez, de un contexto más amplio de relaciones neocoloniales. A partir de las primeras décadas del siglo XX, la expansión de la minería y sus nuevas demandas en tecnología, infraestructura, comunicaciones y abastecimiento hacían insoluta cualquier oferta del campesinado local. El decaimiento de las funciones que previamente este campesinado satisfacía en la economía regional (arriería, peonaje, mano de obra temporera, etc.), y el incremento de la demanda de trabajo minero asalariado, conllevaría la pérdida definitiva de la base agraria sobre la que se sustentaba la integración decimonónica y sentaría las bases para una progresiva intensificación de la dependencia indígena del mercado de fuerza de trabajo minero.

Conclusiones

La anexión de las provincias nortinas y la expansión de la industria minera se dieron bajo una específica relación entre Estado y capitales privados. Estos últimos, principalmente extranjeros, controlaban la principal fuente de ingresos del fisco, quien obtenía por vía impositiva una parte de las ganancias de esa industria. El Estado garantizaba las condiciones jurídicas y políticas para el desarrollo y protección de las inversiones, imponiendo escasas restricciones y mecanismos de regulación. Se dio así una clara delegación de la orientación e impulso económico regional en la iniciativa de particulares. Una de sus consecuencias más importantes es la virtual supeditación de la soberanía nacional sobre el territorio a los intereses y prioridades de las empresas y agentes capitalistas con asiento en la zona.

La firma del Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia despejó el camino para el desarrollo de la inversión privada en la región interior. La construcción de líneas férreas desde la zona salitrera hasta el altiplano boliviano, en manos de capitales ingleses, estimuló el acelerado crecimiento urbano e industrial del Loa. Ello provocó, además, una creciente demanda por recursos naturales, la que fue cubierta sistemáticamente a través de concesiones y derechos de uso a las empresas mineras. A su vez, la necesidad de forraje fomentó no sólo un aumento de la especialización productiva de localidades agrícolas como Calama, Chiu Chiu y, sobre todo, San Pedro de Atacama, sino también la concentración de tierras en manos de grandes propietarios.

Durante este período, el proceso de establecimiento del aparato estatal y nacional chileno en la región interior se caracterizó por una política institucional, administrativa y fiscalizadora precaria y ajena. En 1884, luego de cuatro años de ocupación militar, la administración del territorio quedó en manos civiles, aunque poco organizada y con escasos recursos. En 1888 la región fue incorporada constitucionalmente al territorio nacional, con la creación de la Provincia e Intendencia de Antofagasta. Aunque esto consolidaba en el plano político institucional la posesión chilena, no se tradujo en un compromiso con el territorio del interior y sus poblaciones. La prioridad estatal se dirigía a los enclaves mineros y se concentraba territorialmente en la costa, la pampa salitrera y sólo muy tardíamente en la naciente industria minera del Loa. Durante todo el período analizado prevaleció el criterio de favorecer los enclaves mineros por sobre las localidades rurales. Incluso, las readecuaciones administrativas manifiestan una respuesta tardía a las rearticulaciones económicas que se producían en la región, como es el caso de la creación del Departamento del Loa, 45 años después del inicio de la presencia chilena en el territorio.

Por otra parte, la organización y gestión administrativa se jerarquizó según la composición social, cultural o nacional de la población. Si bien se mantuvo y consolidó un sistema de designación de autoridades reconocidas por el Estado, no existió en la práctica una voluntad política integracionista. Esto se evidencia principalmente en los distritos más alejados de los centros de poder y en particular en los poblados púnenos, cuyo territorio sería cedido a Argentina a fines del siglo XIX.

Todos estos aspectos determinaron en gran medida el carácter de los procesos políticos y sociales experimentados por las poblaciones rurales de la región. La escasa influencia estatal favoreció la continuidad de prácticas de ejercicio del poder local con un alto grado de autonomía, principalmente entre las familias y vecinos de mayor ascendiente, tanto de origen tradicional como de aquellos radicados en la región durante o con posterioridad a la ocupación. En ese contexto, las poblaciones indígenas atacameñas de los oasis y valles rurales demográficamente más importantes comenzaron a su vez a experimentar transformaciones sociales de importancia. En el caso de Chiu Chiu y también de una cabecera distrital como San Pedro, se aprecia a una mayor heterogeneidad social no sólo por la afluencia de afuerinos, sino también por las posibilidades de movilidad social de individuos provenientes de antiguas familias tributarias. Sin las restricciones del régimen anterior se abrían las puertas a una participación más dinámica en la economía regional. Se constituye así una estratificación económica que reconocía en la cúspide a propietarios y comerciantes no indígenas y, entre estos últimos, diferencias derivadas de su disponibilidad de medios productivos que los distinguían como propietarios, trabajadores independientes o asalariados.

La condición de "contribuyente" de los propietarios indígenas medianos imponía una carga impositiva y constituía también una forma de reconocimiento social, puesto que legitimaba una forma distinta de relación entre los indígenas y el régimen estatal. Los ex tributarios bolivianos se situaban en una posición de igualdad jurídica respecto al resto de los contribuyentes y se establecía una nueva relación económica con el Estado, sentándose las bases de una nueva relación política, más próxima a la condición de ciudadanos.

Las rearticulaciones productivas de la región del interior generaron, a su vez, transformaciones en actividades ya tradicionales entre los atácamenos. En las postrimerías del siglo XIX, la habilitación del ferrocarril a través de la ruta del Loa provocará una crisis de la arriería indígena a grandes distancias. En lo sucesivo, los mulares tendieron a ser desplazados por burros y camélidos para atender circuitos comerciales más locales. Sin embargo, se desarrollan nuevas especializaciones laborales asociadas al arreo trasandino de ganado y a su redistribución en la región. Estas actividades incrementaron la participación e incluso la radicación de poblaciones indígenas y mestizas provenientes de Argentina. Se verifica, a su vez, y como consecuencia de todos los procesos señalados, un creciente asalariamiento en torno a las labores agrícolas vinculadas a la producción de forraje por parte de los estratos indígenas más empobrecidos como también por mano de obra temporera proveniente de Bolivia.

En las localidades más alejadas estas transformaciones parecen haber adquirido connotaciones más radicales. Las comunidades agroganaderas no pudieron tener continuidad con base en el control colectivo de recursos andinos. Las tierras agrícolas se parcelaron, y al menos algunos de sus propietarios adquirieron títulos. Sin embargo, las aguas y campos de pastoreo quedaron bajo la condición de fiscales y como tales fueron crecientemente con-cesionadas con las consecuentes repercusiones en las economías andinas. Es probable que ello haya intensificado, tempranamente, su incorporación al mercado de fuerza de trabajo asalariada en el rubro agrícola y minero.

Aunque falta investigación acerca de la integración indígena al sistema laboral minero del período, es posible proponer que desde fines del siglo XIX habrían comenzado, temporal o definitivamente, las migraciones a los centros mineros de la zona. Hacia finales del período de estudio advertimos el inicio de un punto de inflexión ya definitivo de la pauta general de vinculación y participación indígena en el sistema económico regional. En el siglo XIX y hasta inicios del siglo XX esta se estructuró sobre bases agrarias. Pero la expansión de la minería y sus requerimientos de tecnología, infraestructura y comunicaciones hicieron insolvente la oferta campesina local. La creciente demanda de trabajo minero asalariado sienta las bases para una nueva realidad con vigencia hasta el presente: integración y dependencia indígena del mercado de fuerza de trabajo minero y progresivo asentamiento urbano en Chuquicamata y Calama.

NOTAS

1 Este artículo es producto del Proyecto FONDECYT 1990503: "Etnias, identidades colectivas y Estados nacionales en el norte de Chile (siglos XLX-XX)".

3 La provincia o subprefectura de Atacama, cuya capital continuó siendo San Pedro, mantuvo la estructura anterior, pero en la Puna de Atacama estableció los anexos de Susques, Rosario y Antofagasta de la Sierra. En la región del río Loa incluyó los pueblos coloniales referidos, exceptuado el puerto de Cobija, ahora cabeza departamental (Dalence 1975 [1848]; Cajías 1975).

4 La república boliviana mantuvo, aunque con modificaciones, la institución colonial del tributo indígena bajo la denominación de "contribución indigenal". Debido a ello es que la condición de "indígena" constituía no sólo una categoría sociocultural, sino también fiscal. La contribución indigenal se hizo indispensable para asegurar ingresos fiscales y, con ello, el funcionamiento del aparato público (Cajías 1975).

5 Dos de las principales casas comerciales fueron Dorado y Artola.

6 "En la actualidad existen abandonados en San Pedro de Atacama 48 potreros de alfalfa i otras tantas casas en la población; i en Calama hai también más de 60 propiedades rústicas i urbanas en la misma condición. La mayor parte de dichas propiedades las posee hoy el fisco, a título gratuito, i sirven como alojamiento de tropa i oficiales i como provisión de forrajes para las caballadas del ejército" (M.G. v. 818 n° 285). "Para la mantención de los caballos del Estado se ha contado en este punto [Calama] con los pequeños retazos de terrenos alfalfados, pertenecientes a varios indígenas i que en conjunto llegan a 25 o 30 hectáreas. Estos alfalfales han sido abandonados por sus propietarios desde la ocupación, sin haberse presentado a reclamarlos" (M.G. v. 817 n° 421).

⁷ M.RREE v. 425 n° 43. Los distritos eran: I^o Condeduque, 2^o Solcor, 3^o Solor, 4^o Sequitor, 5^o Toconao, 6^o Machuca, T Quetena, 8^o Rosario, 9^o Susques, 10° Pasto Grande, 1 I^o Cátua, 12° Antofagasta de la Sierra, 13° Socaire, 14° Peine.

8 San Pedro de Atacama, que contaba inicialmente con 14 distritos, ahora se reducía sólo a dos en las tierras bajas (Atacama y Toconao) y dos en la puna (Susques y Pastos Grandes). Los distritos de la subdelegación de Calama eran Chiu Chiu y los minerales de Conchi y El Inca. Los de Ascotán incluían ese enclave boratero y el azufrera de Ollagüe (Memoria 1890-91, v. 111).

9 I. v. 60 n° 25, n° 27. Entre las empresas importadoras estaban: Patrón Costas Hnos. & Durand, Pascual Baburizza & Cía., Muñoz y Vallotton, Mariano Farandato, MacDonald y Gómez, todas ellas vinculadas a la industria salitrera.

10 I. v. 9 s/n. En 1914, por ejemplo, existía con este propósito una "guardia de honor" comandada por el vecino Luis Roberto Polanco, y compuesta por los escasos vecinos que habían hecho el servicio militar.

11 I. v. 9. La presencia de este grupo familiar en la región se registra por lo menos desde 1903, vinculada al comercio de llareta (Risopatrón 1910: 174).

12 No es posible determinar en todos los casos el origen so-ciocultural o nacional de los contribuyentes registrados. No obstante, el análisis comparativo de las diferentes fuentes consultadas para este período y para el boliviano (particularmente de los padrones de revisitas) permite establecer una identificación razonablemente segura de las familias de origen boliviano, argentino e indígena tributario. En el caso de estas dos principales fortunas mencionadas, se trataba de ciudadanos bolivianos pertenecientes a las familias Ríos y Hoyos, señaladas entre las más poderosas de la localidad antes de la guerra (Vidal Gormaz 1879).

13 Llama la atención la ausencia en este registro de los chilenos que ocho años antes figuraban como importantes propietarios: Polanco y Santelices. Del segundo, sabemos que ejercía un cargo público en Calama (AJA Leg. 824 n° 17). Polanco había fallecido, pero su familia continuaba detentando una importante influencia en la localidad.

14 Ver San Román (1896: 176; I. v. 20 n° 1182). Incluso hasta los inicios de la década de 1920, los habitantes de los poblados indígenas del interior eran inscritos en el Registro Civil como bolivianos (R.C. San Pedro de Atacama, Nacimientos 1889-1942).

REFERENCIAS CITADAS

Fuentes documentales:

Archivo Nacional de Chile

Ministerio de Guerra (M.G.) vols. 817, 818, 827, 869. Años 1879-1887.

Intendencia de Antofagasta (I) vols. 1-66. Años 1879-1928.

Ministerio del Interior (M.I.) vols. 871, 1150, 1320, 2152. Años 1879-1896.

Ministerio de RREE (M.RREE) vols. 425, 591, 780. Años 1889-1897.

Ministerio de OOPP (M.OOPP) vols. 8, 119. Años 1878-1895.

Municipalidad de Calama (M.C.) vols. 1-3. Años 1897-1902;1913-1919.

Archivo Judicial de Antofagasta (AJA) Legajos: 664, 764, 800, 824, 836, 847. Años 1887-1898.

Colección de Memorias del Ministerio del Interior (Memoria).Años 1883-1916.

Registro Civil (R.C.) de San Pedro de Atacama, Nacimientos, 1889-1942.

Publicaciones:

ALDUNATE, C, s/f. El abuelo Sacramento Panire. Relato de la defensa de las aguas de Turi. En Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, http://sisib.uchile.cl        [ Links ]

BERTRAND, A., 1885. Memoria sobre las cordilleras del Desierto de Atacama y regiones limítrofes, presentada al Señor Ministro del Interior. Imprenta Nacional, Santiago.        [ Links ]

BLAKEMORE, H., 1977. Gobierno chileno y salitre inglés: Balmaceda y North. Editorial Andrés Bello, Santiago.        [ Links ]

BOLETÍN DE LA GUERRA DELPACIFICO 1879-1881, 1979. Editorial Andrés Bello, Santiago.        [ Links ]

BOMAN, E., 1991 [1908]. Antigüedades de la región andina de la República Argentina y del Desierto de Atacama, vol. 1, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy.        [ Links ]

BOWMAN, I., 1942[1924]. Los senderos del Desierto de Atacama. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Santiago.        [ Links ]

BRESSON, A., 1997 [1886]. Una visión francesa del litoral boliviano. Colección Sendas Abiertas, franceses en Bolivia, Stampa Gráfica Digital, La Paz.        [ Links ]

CAJIAS, E, 1915. Laprovincia de Atacama, 1825-1842. Instituto Boliviano de Cultura, La Paz.        [ Links ]

CARIÓLA, C.y O. SUNKEL, 1991. Un siglo de historia económica en Chile, 1830-1930. Dos ensayos y una bibliografía. Editorial Universitaria, Santiago.        [ Links ]

COLLIER, S. y W. SATER, 1998. Historia de Chile 1808-1994. Cambridge University Press, Madrid.        [ Links ]

DALENCE, J. M., 1975 [ 1848]. Bosquejo estadístico de Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.        [ Links ]

ESPINOZA, O., 1958. La postguerra del Pacífico y la Puna de Atacama (1884-1899). Editorial Andrés Bello, Santiago.        [ Links ]

GONZALEZ, S., 1991. Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el ciclo del salitre. Ediciones Especiales Camanchaca 2, Taller de Estudios Regionales, Iquique.        [ Links ]

GUNDERMANN, H., 1998. Comunidad aymara, identidades colectivas y Estados nacionales en los albores del siglo XX. En A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique. LOM Ediciones, Santiago.        [ Links ]

------2001 Comunidad, sociedad andina y procesos sociohistóricos en el norte de Chile. Tesis de Doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología, El Colegio de México, México D.F.        [ Links ]

GUNDERMANN, H. y C. SANHUEZA, 2006 Ms. El discurso del "indio" y el "atacameño": Clasificaciones sociales y sujetos sociales en la Atacama andina (1879-1928).        [ Links ]

HIDALGO, J., 1978. Incidencias de los patrones de poblamiento en el cálculo de la población del Partido de Atacama desde 1752 a 1804. Las revisitas inéditas de 1787-1792 y 1804. Estudios Atácamenos 6: 53-111.        [ Links ]

LATCHAM, R., 1926. Chuquicamata. UnEstadoyankee.Editorial Nascimento, Santiago.        [ Links ]

MUÑOZ, S., 1894. Jeografía descriptiva de las provincias de Atacama i Antofagasta. Imprenta Gutenberg, Santiago.        [ Links ]

NUNEZ, L., 1992. Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama. Editorial Universitaria, Santiago.        [ Links ]

PHILIPPI, R. A., 1860. Viage al Desierto de Atacama, hecho en orden del gobierno de Chile en el verano 1853-54. Librería de Eduardo Anton, Halle.        [ Links ]

RISOPATRON, L., 1910. La línea de frontera con la República de Bolivia. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago.        [ Links ]

SANHUEZA, C, 1992. Estrategias readaptativas en Atacama: La arriería mulera colonial. En Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes, S. Arce, R. Barragán, L. Escobari y X. Medinacelli (Eds.), pp. 363-385. Hisbol-IFEA-SBH, La Paz.        [ Links ]

------2001. Las poblaciones de la Puna de Atacama y su relación con los Estados nacionales. Una lectura desde el Archivo. Revista de Historia Indígena 5: 55-82.        [ Links ]

SANHUEZA, C. y H. GUNDERMANN, 2006 Ms. Capitales, Estado rentista y cambio social atacameño en las regiones de Antofagasta (1879-1928).        [ Links ]

SAN ROMAN, E, 1896-1902. Desierto y cordilleras deAtacama. Imprenta Nacional, Santiago.        [ Links ]

THOMPSON, I y D. ARGENSTEIN, 1997. Historia del ferrocarril en Chile. Colección Sociedad y Cultura, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago.        [ Links ]

VAISSE, E., 1894. Artículo publicado en el diario El Industrial, Antofagasta, 21 de junio.        [ Links ]

VIDAL GORMAZ, E, 1879. Noticias del desierto y sus recursos. En Oficina Hidrográfica de Chile, pp. 5-21. Imprenta Nacional, Santiago.        [ Links ]

Recibido: febrero 2007. Aceptado: abril 2007.