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Estudios Políticos - Overview of the Process of Demobilization, Disarmament and Re-integration (DDR) in the Cacique Nutibara and Héroes de Granada Blocks in the City of Medellín

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Estudios Políticos

Print version ISSN 0121-5167

Estud. polit., Medellín  no.33 Medellín July/Dec. 2008

 

Balance del proceso de Desmovilización, Desarme  y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara   y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín*

 

Overview of the Process of Demobilization, Disarmament and Re-integration (DDR) in the Cacique Nutibara and  Héroes de Granada Blocks in the City of Medellín

 

 

Manuel Alberto Alonso Espinal**

Germán Darío Valencia Agudelo***

 

** Sociólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Director del grupo de investigación “Hegemonías, guerras y conflicto”. manuel.alonso@udea.edu.co

*** Economista, especialista en Gerencia Social y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesor Asociado y miembro de los grupos de investigación “Hegemonías, guerras y conflicto y Microeconomía Aplicada” de la Universidad de Antioquia. german.valencia@udea.edu.co

 

 


RESUMEN

El artículo realiza una descripción general y un balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. El primero, desmovilizado el 9 de diciembre de 2003, con 868 excombatientes y 467 armas entregadas; el segundo, el 1 de agosto de 2005, con 2.033 excombatientes y 1.120 armas entregadas. El artículo describe y analiza el proceso local, con base en las variables propuestas por Gleichman y su grupo de trabajo en el año de 2004, y lo contrapone con el nacional, a la vez que construye una serie hipótesis que  se deben tener presentes a la hora de caracterizar la naturaleza del paramilitarismo en la ciudad. El resultado es un programa con fortalezas y logros, pero también con vacíos y limitaciones.

Palabras clave: Desmovilización; Desarme; Reinserción; Programas de Paz; Autodefensas  Unidas de Colombia (AUC); Medellín.


 ABSTRACT

This article carries out a general description and an overview of the processes  of De-mobilization, Disarmament and Re-insertion (DDR) in the Cacique Nutibara y Héroes de Granada blocks in the city of Medellín.  The first of these areas, was demobilized December 9, 2003, with 868 ex-combatants and 467 weapons delivered; the second, August 1, 2005, with 2,033 ex-combatants and 1,120 weapons delivered.  The article describes and analyzes the local processes, based on the variables proposed by Gleichman and his working group in the year 2004, it and contrasts them with the national one, at the same time building a series of hypotheses that should be kept in mind at the moment of characterizing the nature of para-militarism in the city.  The result is a program with strengths and achievements, but also with empty spaces and limitations. 

Key words: De-mobilization; Disarmament; Re-insertion; Peace Programs; Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Medellín.


 

 

Introducción*

Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) aparecen en la escena mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, después de cincuenta años, el sentido de los conceptos no ha variado mucho, aunque ellos han sido aplicados en situaciones muy diferentes a las de aquella época. Los diversos casos analizados y las experiencias internacionales, han dado algunas pistas y derroteros sobre el cómo deben realizarse los programas de DDR para obtener éxitos en los objetivos de la pacificación. Aunque no se puede hablar de fórmulas mágicas únicas en el DDR, pues cada experiencia de negociación se realiza en contextos diferentes, sí es posible encontrar aspectos comunes, etapas que se repiten y elementos coincidentes en todos ellos. Específicamente, la experiencia internacional y los desarrollos teóricos señalan que en la evaluación de los procesos de DDR se deben considerar tres etapas: la desmovilización, el desarme y la reintegración.

Desde la perspectiva de Colin Gleichmann, la primera etapa supone la disolución o reducción del número de combatientes de una unidad armada; la segunda, es una etapa consecutiva de la desmovilización y su objetivo es reducir el número de armas usadas para el combate, estas son entregadas a una autoridad que se encarga de su seguro almacenamiento, su redistribución o incluso su destrucción; y, finalmente, la reintegración es el “proceso por medio del cual los ex combatientes adquieren estado civil y tienen acceso a formas civiles de trabajo e ingresos” (Gleichmann et al., 2004, p. 15), lo cual constituye, por tanto, un proceso social y económico. Estas etapas del proceso se caracterizan por tener una importante participación de la población civil.

Las tres etapas que componen el proceso de DDR están divididas, a su vez, en una serie de subetapas que es necesario identificar y evaluar para medir claramente el éxito de los programas de DDR. El estudio detallado de cada una de estas etapas permite conocer la forma como se ha realizado el proceso, los vacíos, las debilidades y los factores de éxito. Para la respectiva evaluación de cada una de las etapas se deben considerar las siguientes variables:

En la etapa de la desmovilización: 1) la planificación, 2) el campamento, 3) el registro, 4) el desarme, 5) la orientación antes de la desmovilización y 6) el licenciamiento absoluto de los entonces ex combatientes.

En la etapa del desarme: 1) el reconocimiento de armas, 2) la recolección de armas, 3) el almacenamiento de armas, 4) la destrucción de armas y 5) la reutilización de armas.

En la etapa de la reintegración o reinserción: 1) la formulación de una política nacional, 2) el apoyo para agencias regionales de implementación, 3) la ayuda de emergencia a nivel local, 4) el transporte a regiones seleccionadas para el asentamiento, 5) los pagos de licenciamiento, 6) los paquetes de reinserción, 7) los proyectos de (re)construcción y 8) la capacitación profesional.

El objetivo de este artículo es hacer una descripción general y un balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción de los ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Héroes de Granada, con presencia en la ciudad de Medellín; así mismo busca construir algunas hipótesis preliminares sobre los principales retos y problemas de la negociación. Para cumplir con este objetivo el texto se divide en tres partes. En la primera, se hace una evaluación del proceso a través de la consideración de cada una de las variables que aparecen en el modelo realizado por Gleichmann y su grupo de trabajo en 2004. En la segunda, se describen algunas de las condiciones contextuales que se deben tener en cuenta a la hora de caracterizar la naturaleza del paramilitarismo en la ciudad. Finalmente, en la tercera parte, se esbozan una serie de hipótesis sobre la dinámica del proceso de DDR en la Ciudad.

 

1.   El proceso de DDR en Medellín: descripción y balance

Para la mayoría de analistas, el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comienza de manera formal el 15 de julio de 2003, cuando el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y los delegados de la Iglesia Católica, se reunieron con los representantes de las AUC para iniciar un proceso de negociación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el proceso comienza realmente el 29 noviembre de 2002, cuando esta agrupación armada toma la decisión de acogerse a un proceso de desmovilización y declara unilateralmente un cese de hostilidades.[1] Como respuesta a esta decisión, el Gobierno Nacional nombró una comisión de seis personas para explorar la posibilidad de adelantar una política de diálogo con las AUC, dando como resultado la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralitoen julio de 2003 (Cf. Human Right Watch, 2005).

A partir de este momento comenzó el desmonte gradual de 38 estructuras armadas, con 31.671 desmovilizados (6% eran mujeres) y 18.051 armas entregadas.[2] En el marco general del proceso de negociación con las AUC, Medellín es la primera ciudad en enfrentarse a un programa de DDR y, además, la ciudad colombiana con mayor número de desmovilizados. Un mes antes de finalizar el periodo destinando para el proceso de desmovilización, en la Ciudad se encontraban 2.885 ex combatientes (26% del total), que eran atendidos por el Programa de Paz y Reincorporación del Gobierno Nacional. La cifra correspondía a 868 hombres del Bloque Cacique Nutibara, 1.617 del Bloque Héroes de Granada y 400 de los bloques Catatumbo, Pacífico, Bananero y otros bloques.

1.1 Desmovilización y desarme

En la etapa inicial del proceso de desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada participaron el Alto Comisionado para la Paz, los líderes de los bloques a desmovilizarse y la Alcaldía de Medellín. En la fase de coordinación y planificación del proceso, el Gobierno Nacional se comprometió a asumir la dirección de la desmovilización y reincorporación del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, mientras la Alcaldía de Medellín se comprometió a acompañar y apoyar el proceso (Cf. Villegas, 2006, p. 26).[3] Aunque la responsabilidad política estaba en manos del Estado, es importante anotar que el desarrollo de las actividades propias del regreso a la legalidad de los grupos armados en la ciudad de Medellín, estuvo a cargo del Municipio.

Desde el inicio del proceso, la Alcaldía de Medellín desarrolló programas orientados a la búsqueda de opciones y oportunidades reales para llevar a las personas desmovilizadas a un exitoso retorno a la vida civil. Los resultados alcanzados en términos de estructuras desmontadas, hombres desmovilizados, armas entregadas y programas desarrollados son relevantes y profundamente significativos para la Ciudad, que muestran los resultados positivos de un proceso en el cual la administración municipal ha invertido importantes esfuerzos y recursos. Sin embargo, es posible establecer una serie de vacíos comunes, que son imputables, fundamentalmente, al gobierno nacional, en la primera etapa del programa de DDR con las AUC (Cf. Valencia, 2007).

El primero y más importante es la carencia casi absoluta de planeación de todo el proceso. Durante los dos primeros años de la desmovilización el proceso fue altamente anárquico, pues se había dejado que cada bloque, de acuerdo con su conocimiento y poder de negociación, estableciera de forma bilateral con el gobierno la forma de realizar el proceso de DDR. La mesa de diálogo sólo acogió a algunos dirigentes de las AUC (Mesa Unificada con los tres principales grupos) y excluyó a otros sectores que estaban interesados en participar en el proceso. Complementariamente, la desmovilización de un número significativo de bloques se desarrolló sin la existencia de un marco jurídico adecuado, pues la Ley de Justicia y Paz sólo pudo concretarse hasta el 30 de diciembre de 2005.

Un segundo problema en el proceso de DDR ha sido la escasa y tardía presencia de organismos internacionales. Sólo desde enero de 2004, después de haber desmovilizado a más de mil hombres y de haber pactado muchos aspectos trascendentales, hace presencia la comunidad internacional con la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), se ha encargado de verificar el cese al fuego, el desarme y el trabajo con las comunidades afectadas. La OEA ha desempeñado una tarea importante como instrumento para garantizar la presencia directa de la comunidad internacional en el proceso. Sin embargo, su vinculación fue tardía y no muy significativa en la etapa inicial de la desmovilización.

Un tercer problema del proceso de DDR en su etapa de planeación fue el escaso acompañamiento de instituciones y organizaciones expertas en el tema. Además, no se le informó a todas las partes (desmovilizados, sociedad civil, partidos políticos y la comunidad internacional) cuál era el objetivo final del proceso que se iniciaba con las AUC. En la primera fase del proceso los únicos interlocutores con las AUC fueron la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Iglesia Católica, pues las demás agencias del Estado estuvieron al margen. Por consiguiente, la participación del Gobierno Departamental y Municipal fue subsidiaria, pues estas instancias del aparato estatal no hicieron parte de la discusión sobre las reglamentaciones que posteriormente condujeron a la desmovilización, como tampoco participaron en el diseño de los planes y acciones que después se iban a implementar. De manera bastante clara el Gobierno Nacional dio prioridad al proceso de desmovilización, descuidó la reinserción o reincorporación y excluyó a los gobernadores y alcaldes de la planeación y diseño inicial de la negociación.

La mayoría de las desmovilizaciones se produjeron en lugares no aptos para ello y se hicieron de manera rápida, pues el interés del Gobierno Nacional era, en la mayoría de casos, reunir en un sitio a las tropas, hacer un acto de entrega de armas y de sus equipos militares y desmovilizarlos. El Bloque Cacique Nutibara estableció la zona de concentración en La Ceja (un municipio cercano a Medellín); allí permanecieron los 868 desmovilizados tres semanas (Cf. Vélez, 2005, julio 8, p. 12A). En este lugar se les ofreció a los ex combatientes evaluaciones sicológicas, talleres de resocialización, se les diligenció la documentación necesaria para reiniciar su vida civil y, luego de tres semanas, se devolvieron a sus barrios de origen, que era donde la mayoría de ellos operaban. Posteriormente se realizaron tres talleres más y se les entregó una cuenta de ahorros con 335 dólares.

Igual sucedió con el Bloque Héroes de Granada, al cual el Gobierno Nacional, mediante la Resolución No 164, estableció la finca La Mariana, del corregimiento Cristales en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, como zona de concentración (Cf. Vélez, 2005, julio 8, p. 12A). Allí, se les realizaron los trámites ante la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional de Estado Civil y el Departamento Administrativo de Seguridad, así como los talleres psicosociales, los talleres de capacitación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los proyectos productivos. En términos generales, se puede afirmar que el campamento con el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada cumplió con las funciones asignadas, esto es, la concentración de las tropas, la identificación plena de los desmovilizados y la entrega de documentos.

La experiencia internacional muestra que los grupos armados nunca entregan todas las armas, y sería poco realista esperar que lo hicieran. En Medellín, el desarme se realizó el 25 de noviembre del 2003, durante el proceso de desmovilización de los integrantes del Bloque Cacique Nutibara. En la ceremonia de la desmovilización, los ex combatientes de este bloque entregaron 623 fusiles, armas cortas y de apoyo, así como municiones. Por su parte, los integrantes del Bloque Héroes de Granada entregaron 1.123 armas, entre largas y cortas; unas 102.000 municiones y 467 granadas (Cf. Arboleda, 2005, agosto 21, p. 10A) (Véase tabla 1). En estos dos procesos, la OEA estuvo presente como invitado (Cf. Yerce y Arango, 2004, noviembre 25, p. 2A; MAPP/OEA, 2004a).

 

 

En los dos bloques objeto de este estudio, la relación entre los hombres desmovilizados y el número de armas entregadas se ubica dentro de los parámetros internacionales de otros procesos de negociación y, al igual que en esos otros procesos, es posible verificar que las armas no fueron entregadas en su totalidad. Aquí es importante anotar que la compleja relación existente entre los desmovilizados, otros actores primarios del conflicto y el alto número de armas en manos de civiles en la ciudad de Medellín, explican algunas de las críticas que se le hacen a un proceso de negociación que no ha logrado romper totalmente los circuitos de acceso de los desmovilizados a las armas (Cf. Restrepo, 2004, enero 21, p. 8A).

El control de las armas es uno de los aspectos más relevantes de la negociación con los actores armados, pues en el proceso de desarme de los ex combatientes y su inserción en la sociedad civil siempre está presente la amenaza de posibles rearmes, o el riesgo del surgimiento de grupos de delincuencia organizada, en los cuales participan desmovilizados que aprovechan sus conocimientos militares y su experiencia en el manejo de armas para el desarrollo de actividades ilícitas económicamente lucrativas. El fracaso de las políticas orientadas al control y la destrucción de armas en el mundo ha tenido como consecuencia un postconflicto altamente traumático. En sus labores de verificación, la MAPP-OEA ha identificado violaciones a los compromisos de desmovilización y situaciones de posibles rearmes, reductos no desmovilizados y la aparición de otros grupos armados. El Gobierno Nacional ha reconocido la existencia de esta situación y ha comenzado a enfrentar a estas nuevas estructuras armadas. En el caso específico de la ciudad de Medellín no es posible verificar procesos de rearme o el surgimiento de nuevas estructuras armadas agenciadas e impulsadas por los desmovilizados. Sin embargo, como mostraremos más adelante, es posible afirmar que el fenómeno de la criminalidad está experimentando fuertes reacomodos y que en la ciudad se presenta una profunda reestructuración del fenómeno mafioso. En estos dos procesos participan algunos desmovilizados.

1.2 Reinserción o reincorporación

La última etapa del programa de DDR es la Reintegración o Reinserción, en la que el desmovilizado adquiere estado civil y obtiene acceso a formas civiles de trabajo e ingresos. De de las tres etapas del proceso de DDR ésta es la más difícil para los ex combatientes y su balance sólo puede realizarse, plenamente, después de mucho tiempo. Para hacer una evaluación de la reinserción en la ciudad de Medellín, es importante recordar el balance actual sobre las cifras de la población desmovilizada para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El número de desmovilizados en el Valle de Aburrá es de 4.153 personas (Cf. Alcaldía de Medellín, 2007). El 79% de ellas, 3.270 desmovilizados, se encuentran en la ciudad de Medellín. Los mayores niveles de concentración de dicha población se encuentran en la Zona Nororiental y en la Zona Centro Oriental. Específicamente, el 59% del total de población desmovilizada de la Ciudad (1.932 ex combatientes) se encuentran en las comunas 1, 3, 4 y 8. En la ciudad de Medellín también están presentes 4.250 desmovilizados de las FARC, el ELN y paramilitares que no participan directamente en el programa de reinserción de la Alcaldía. La distribución geográfica por comunas y por bloques es la siguiente (Véase tabla 2):

 

En Medellín, el Programa de Reinserción estuvo impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia (Cf. OEA, 2004b). Éste se ha realizado con dineros del Gobierno Nacional. El costo para atender la desmovilización y el desarme fue de 18.961 millones de pesos (con un valor promedio per cápita de la desmovilización de 598.713)[4] y para la etapa de la reintegración de 190.129 millones. En total, en el programa de DDR se habían invertido a diciembre de 2007, 227.141 millones de pesos (Cf. Escola de Cultura de Pau y Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007, p. 3). Según Alfredo Wistchi-Cestari (2006), los recursos en Colombia “son tan superiores a los del resto de países en los que hay conflictos, que no hay excusa para no realizar un trabajo estratégico en el que todas las instituciones y los recursos del Estado y de la sociedad sean incluidos en este marco” (p. 10). En el contexto de esta gran inversión y del reconocimiento que se debe hacer a la labor que adelanta la administración municipal, es posible señalar algunos asuntos problemáticos del proceso de DDR en la ciudad.

Lo primero que se debe anotar es que los programas de capacitación presentaron serios inconvenientes durante el primer año del proceso de reinserción, pues muchos desmovilizados no estaban interesados en adelantar estudios y su prioridad era el tema laboral. Igualmente, en esta fase inicial, no se presentaban avances significativos para ubicar a los desmovilizados en las instituciones educativas de la ciudad. Sin embargo, el consolidado actual de los programas de capacitación muestra que de los 4.130 beneficiarios del Programa de Paz y Reconciliación, 322 cursan tecnologías o están en la universidad, 221 estudian una carrera técnica, 979 validan su bachillerato y 274 validan su primaria. En este sentido, es importante destacar el esfuerzo realizado por la Alcaldía de Medellín y los resultados positivos de sus programas y propuestas para la capacitación de los desmovilizados.

Para diciembre de 2007, la cifra de la Alcaldía sobre desmovilizados empleados era de 1.075. Por su parte, la Oficina de Paz y Reconciliación afirma que en la actualidad hay 1.800 reinsertados que tienen empleo con contrato. En términos generales, se puede afirmar, entonces, que la ubicación de empleo para los desmovilizados ha sido uno de los grandes traspiés para el proceso, pues el sector público no ha tenido la capacidad para absorber a esta población y el sector privado ha mostrado grandes reticencias para su contratación. Específicamente, es importante anotar que los procesos de ubicación laboral de los ex combatientes del Bloque Héroes de Granada no muestran resultados satisfactorios, pues a septiembre de 2005, solo un 10%, de los 2.033 desmovilizados de este bloque, se había ubicado laboralmente.

Un aspecto que es necesario analizar en el programa de reinserción es la reintegración política (participación política) de antiguos combatientes. La idea de los programas de DDR es que los ex combatientes desmovilizados se organicen políticamente y participen en las contiendas electorales. En Colombia esta participación política ha tenido muchos problemas. La dinámica política en las regiones durante el dominio paramilitar ha distorsionado la posibilidad de generar espacios democráticos de participación política a muchos ex combatientes de las AUC. En Medellín, esta situación se evidencia en la poca acogida que tuvieron los líderes desmovilizados y las agrupaciones que representan en los comicios del 28 de octubre de 2008. De 30 aspirantes a cargos públicos sólo fue elegido uno. Los resultados electorales de los desmovilizados que aspiraban a un puesto en las juntas administradoras locales, evidencian los pobres resultados de los desmovilizados en la generación de liderazgo político y manifiestan un profundo inconformismo de la población frente a la acción política que desarrollan. En este sentido, es claro que en la ciudad de Medellín no ha habido una real reinserción política de los desmovilizados, pues estos no han tenido la capacidad de desarrollar un proyecto político plenamente democrático.

Un tema clave en todos los programas de DDR es el de la seguridad. Ian Bannon (2006) señala que la reinserción sólo es posible si se garantiza la seguridad personal del excombatiente, la seguridad del grupo que se desmoviliza y la seguridad de la comunidad que lo recibe. En Medellín, después de la desmovilización, la comunidad tiene una percepción positiva sobre el tema de la seguridad. Hoy resulta más o menos obvio que el proceso de desmovilización de las AUC tuvo una incidencia directa y positiva sobre la significativa disminución de los homicidios en la ciudad. Complementariamente, es importante anotar que la presencia institucional en las zonas que antes tenían predominio paramilitar ha mejorado. En concreto, “se amplió el pie de fuerza en el Valle de Aburrá con 300 policías más y se aseguraron los recursos para la construcción de 10 Centros de Atención Inmediata, CAI” (Bannon, 2006, p. 8). Los habitantes de las comunas reconocen los cambios después de la desmovilización y advierten que el aumento de policías es un factor decisivo, sin embargo, algunos entrevistados llaman la atención sobre el resurgimiento de bandas en algunos barrios.

En contraste con esta situación, el balance de la seguridad personal de los desmovilizados no ha sido el mejor. Desde que se dio inicio al proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción en la ciudad de Medellín, y hasta el mes de diciembre de 2007, han sido asesinados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cerca de 120 desmovilizados. El 2007 es el año en el que se registran más muertes violentas de desmovilizados (47 muertes en total). Los voceros de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Héroes de Granada afirman que muchos de los asesinatos son fruto de las actuaciones impropias de los ex combatientes, que después de desmovilizarse siguen delinquiendo. En Medellín, muchos de los jóvenes desmovilizados hacen parte de bandas dedicadas al narcotráfico y la criminalidad, y esto aumenta las probabilidades para la ocurrencia de homicidios.

Además de esta explicación, los voceros de la Corporación Democracia señalan que las muertes se producen debido a la ocupación de territorios realizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto se traduce en el desarrollo de “un plan pistola” contra los desmovilizados, especialmente, contra aquellos que poseen un liderazgo comunitario y una base social que les apoya. Contrariando las versiones sobre un posible “plan pistola” y la tesis sobre las posibles reconfiguraciones de la criminalidad y el posicionamiento de otras estructuras armadas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá manifiesta que este fenómeno se debe a las posibles reconfiguraciones de la criminalidad y el posicionamiento de otras estructuras armadas (Marco Antonio Pedreros Rivera, comunicación personal, 2007, diciembre, 6). El registro de desmovilizados asociados a la criminalidad ha sido constante. Desde 2004 hasta el 20 de noviembre de 2007 se reportaron 230 capturados, dentro de este periodo de tiempo, el 2007 es el año con más capturas (133). Para los dos bloques las capturas entre 2006 y 2007 fueron (Véase tabla 3):

 

Uno de los mayores problemas del proceso de DDR en Colombia está en el enfoque individual y de atención focalizada que se le ha dado al proceso de reinserción. Todos los programas se han enfocado en los ex combatientes de de manera individual y no colectiva; es decir, tanto en Colombia como en la ciudad de Medellín, no se ha confeccionado un programa integral de atención a la desmovilización que atienda, además de los desmovilizados armados, a los miembros de las AUC que no tienen armas pero que hacían parte de las estructuras de las AUC (hombres, mujeres y niños no combatientes), a las comunidades donde se reinsertan los desmovilizados y, en general, a toda la población que se vio afectada directamente por la guerra.

La MAPP-OEA señala, como conclusión, que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil ha tenido avances en términos de la cobertura de la población desmovilizada: el 79.6% de las personas que se encuentran en este proceso han sido ubicadas y el 77.1% están siendo atendidas. Sin embargo, es necesario un esfuerzo adicional por llegar a ese 23% que todavía no se encuentra contenido por el programa del gobierno. Bajo este marco, es relevante decir que, aunque se han dado avances importantes, el programa aún enfrenta problemas para llegar a la totalidad de los desmovilizados, articular los esfuerzos institucionales, acompañar a los ex combatientes y sus familias, así como para ofrecer lo básico en el periodo más crítico de la reintegración.

 

2. Particularidades para el análisis del proceso de DDR de Medellín

Hasta aquí, al emplear la lupa que brinda el modelo propuesto por Gleichmann y su equipo de trabajo, se pueden mostrar los logros y aciertos del programa, al igual que las debilidades y vacíos de este en la ciudad de Medellín. Sin embargo, como se advirtió al inicio, a pesar de lo completo que puede ser este modelo para realizar un balance del proceso de DDR con las AUC, éste no permite explicar la naturaleza del conflicto, ni sus causas, ni, mucho menos, las dinámicas que tiene y tendrá en la Ciudad. Esto se debe a que es un programa que requiere una serie de supuestos para su aplicación que en la realidad colombiana no se dan. En este sentido, no logra dar cuenta de manera completa del proceso de DDR en la Ciudad.

Por ello, es necesario realizar en esta segunda parte una exposición de las particularidades del proceso que impiden que el modelo aplicado en Medellín presente los resultados deseados. Estas particularidades son de dos niveles: nacional, pues el conflicto de la Ciudad está inmerso en la lógica general del conflicto colombiano y no puede desligarse de ella; y local, dado que la Ciudad posee sus propias dinámicas que leimprimen una singularidad a lo que pasa en Medellín. La intención con esta segunda parte es completar el análisis y ofrecer una visión más rica de la dinámica del proceso que la Ciudad vive con los dos bloques de las AUC desmovilizados.

2.1 Las particularidades del caso colombiano

Son cuatro las particularidades que se destacan en Colombia y que diferencia el modelo de DDR aplicado en el país de otros vividos en el mundo desde mediados del siglo XX. El primer obstáculo con el que se enfrenta el proceso de DDR con los paramilitares en la ciudad de Medellín es la presencia de un conflicto armado nacional que tiene como principal protagonista a las guerrillas de las FARC-EP. En sentido estricto, en Colombia no existe una sociedad postconflicto y, por tanto, la desarticulación de las estructuras paramilitares se escenifica en el contexto de un “conflicto armado interno (inmerso en un potencial conflicto regional complejo), irregular, prolongado, con raíces ideológicas, de baja intensidad (o en tránsito hacia un conflicto de intensidad media), en el cual las principales víctimas son la población civil y cuyo combustible principal son las drogas ilícitas” (Pizarro, 2004b, p. 80). Además, en los últimos años ha habido cambios importantes en el conflicto que lo han intensificado y modificado: la creciente internacionalización del conflicto —vía lucha contra el narcotráfico y protección de los Derechos Humanos— y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y aparato defensivo para la lucha contra el terrorismo (Seguridad Democrática).

El segundo obstáculo es la persistencia de grandes flujos económicos provenientes de las economías ilegales. Hoy es un lugar común afirmar que el escalonamiento del conflicto colombiano y el crecimiento vertiginoso de los hombres armados de los diferentes actores de la guerra, está íntimamente ligado a la existencia de unas economías de guerra que se apoyan, fundamentalmente, en el narcotráfico. Esta simbiosis entre el tráfico de drogas y los actores armados configuró una economía de guerra en la cual convergen los movimientos insurgentes, el crimen organizado, los narcotraficantes e importantes sectores de los desmovilizados. Con esto se afecta el proceso en tres sentidos: 1) el tema de la extradición siempre se hace presente en las negociaciones, 2) la comprobada pervivencia entre desmovilizados y economías ilegales y 3) la existencia de mercados ilegales abiertos que aparecen a los ojos de los desmovilizados como una opción para enfrentar el abandono en el cual se encuentran inmersos. En este sentido, gran parte del éxito del programa de DDR con los exparamilitares está determinada por la posibilidad de quebrar con las economías de guerra y las estructuras criminales que las acompañan (Cf. López, 2006).[5]

El tercer obstáculo hace referencia al progresivo deterioro de la democracia en el ámbito local y a la consolidación de autoritarismos subnacionales en los cuales el juego político tiene serias limitaciones. El desarrollo y la continuidad del conflicto colombiano presenta un Estado fragmentado, en el cual es viable la coexistencia de la democracia en el ámbito nacional con autoritarismos sustentados en el férreo control que tienen los antiguos actores armados sobre los procesos políticos y sociales locales. A través de prácticas de aniquilamiento, subordinación, negociación y dominación, los paramilitares establecieron férreos controles militares sobre ámbitos locales y regionales, intervinieron en las campañas electorales, regularon las transacciones criminales, participaron directamente en actividades legales, accedieron y controlaron instituciones y formas de participación comunitaria y desplegaron un claro ejercicio de intermediación entre las comunidades y la administración local (Cf. Romero, 2007; Duncan, 2005). La suplantación o coacción de las redes políticas tradicionales, así como la aparición de viejos y nuevos actores políticos, sustentados en la presencia armada de los señores de la guerra, dieron forma a un conjunto de enclaves autoritarios que siguen gravitando sobre el proceso de la desmovilización, el desarme y la reinserción de estos grupos armados.

Finalmente, para comprender plenamente la violencia paramilitar y el posterior proceso de DDR, es necesario establecer una clara diferencia entre la escisión maestra que dio forma a las identidades y acciones de los actores paramilitares en el ámbito nacional y las escisiones locales que dieron forma a las identidades y acciones de los actores locales de ese mismo conflicto. La primera es una escisión binaria articulada alrededor de los discursos sobre la lucha contrainsurgente. Las segundas son escisiones complejas articuladas en torno a conflictos locales de carácter político y conflictos locales de naturaleza social. La violencia paramilitar es compleja y no corresponde un simple conflicto binario pulcramente ordenado a lo largo de una sola dimensión. En este sentido, la violencia paramilitar debe entenderse también como un proceso armado que brindó un medio para que una variedad de ofensas salieran a flote dentro de un conflicto mayor, particularmente, a través de la violencia. En términos locales, el paramilitarismo representó la agregación, más o menos fluida, de múltiples, traslapadas, pequeñas, diversas y localizadas guerras entre actores locales específicos. Desde esta perspectiva, resulta más o menos obvio que las acciones de los paramilitares estuvieran relacionadas con bastante frecuencia, con conflictos locales y privados muy complejos y más o menos específicos.

2.2 La caracterización del paramilitarismo en Medellín[6] 

Además de las anteriores consideraciones de orden nacional, cabe señalar que los derroteros del proceso de DDR en la ciudad de Medellín están determinados, en buena parte, por la naturaleza que tuvo el paramilitarismo en la ciudad. De acuerdo con esto, la idea que se defenderá aquí es que para la comprensión de la naturaleza del Bloque Cacique Nutibara (BCN) se puede utilizar la teoría de redes (Cf. Arquilla y Ronfeldt, 2001), tanto en su concepción clásica como en la presentada por Negri y Hardt (2004). Es decir, se presentará al BCN, como una red en la que convergen, de manera controlada y en permanente tensión, los múltiples y variados protagonistas de todas las guerras y de todas las negociaciones adelantadas en Medellín en la década de 1990 y como una “pluralidad constante de sus elementos […], de tal manera que no es posible la reducción de ella a una estructura de mando centralizada y unificada” (Negri y Hardt, 2004, p. 111).

La naturaleza del paramilitarismo en Medellín se comporta como un conjunto de relaciones resultantes de los complejos procesos de aniquilación, negociación, absorción, dominación y contratos derivados de las cuatro grandes rutas de la guerra en Medellín: la de las autodefensas, la del narcotráfico, la de las bandas y la paramilitar. Rutas que en las tramas y en los dramas de cada guerra y negociación dieron forma a distintos nodos específicos de la red. Por tanto, en el caso del BCN esta pluralidad remite a los variados orígenes, configuraciones, estrategias y composiciones sociales de cada uno de los siguientes nodos: a) el nodo de las autodefensas urbanas, representado por la crisis y metástasis de los grupos milicianos; b) el nodo del narcotráfico, representado por la figura de Adolfo Paz y los comandos armados al servicio del negocio de las drogas ilícitas; c) el nodo de las bandas; y d) el nodo esencialmente militar y contrainsurgente, representado por el desaparecido Bloque Metro y los núcleos de guerrillas campesinas provenientes, individual o colectivamente, de diversos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con presencia en Antioquia (Nordeste y Oriente, principalmente).

El primer nodo, el de las autodefensas, hace referencia al surgimiento, transformación, negociación y subordinación de la experiencia miliciana en la ciudad. La trayectoria de este nodo remite a la conformación de grupos armados en la década de 1970, como respuesta comunitaria a la delincuencia y la débil acción estatal para controlarla, así como a su posterior transformación en organizaciones de milicias durante la segunda mitad de la década de 1980, cuando aparecen expresiones ideológicas y transferencias del discurso guerrillero, asociadas a nociones más deliberadas de control territorial. Dicho proyecto encontró unas condiciones sociales favorables para su empoderamiento en zonas marginales de la ciudad como consecuencia de la endémica ausencia estatal, el crecimiento acelerado de las bandas al servicio del narcotráfico y la consecuente demanda ciudadana de seguridad en un marco de violencia creciente. En la década de los noventa y comienzos del presente siglo, las autodefensas reclutaron la mayor parte de sus hombres armados con el fenómeno de los “combos”.[7]

El segundo nodo, el del narcotráfico, hace referencia a la irrupción, reestructuración y pervivencia del narcotráfico en la ciudad. El proceso violento que vivió la ciudad de Medellín en la década de 1980 estuvo aparejado con el proceso de consolidación del narcotráfico y con la puesta en marcha de unos aparatos de violencia que tenían como finalidad asegurar la eficacia de las diversas transacciones ilegales y la elaboración de su propia normatividad, característica propia de toda estructura mafiosa. Esto se manifestó con la irrupción del sicariato y la proliferación de bandas, el surgimiento de escuadrones de la muerte, la creación de comandos para tareas altamente especializadas del momento “narcoterrorista”, la conformación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) y la secuela de reorganización del aparato mafioso de seguridad alrededor de las “oficinas”[8]. El efecto de todas estas modalidades de relación mafiosas fue el surgimiento de estructuras más ágiles, atomizadas, que operabana través de redes menos jerárquicas y visibles, las cuales tenían como finalidad garantizar la eficacia de la acción comercial y violenta, constituyéndose en organizaciones armadas dispuestas a vender sus servicios al mejor postor.

El tercer nodo, el de las bandas, hace referencia a la presencia ininterrumpida de grupos armados asociados a la criminalidad organizada. Las bandas son un fenómeno que se puede concebir como una extensión de la criminalidad urbana tradicional, con unas lógicas territoriales, económicas y políticas diferentes. La historia de estas bandas permite identificar dos grandes momentos en este fenómeno: uno en la segunda mitad de la década de 1980, en el que se contaban aproximadamente 153 bandas en el Valle de Aburrá, la mayoría de ellas vinculadas a los circuitos delictivos generados por el Cartel de Medellín; el otro momento ocurre en el segundo lustro de la década de 1990, marcado por una fuerte recomposición de la delincuencia. En este nodo se destaca la gran autonomía de la mayoría de las bandas respecto a las estructuras del narcotráfico, que actúan como microempresas armadas con capacidad de vender sus servicios al mejor postor, y la aparición de grandes estructuras del crimen organizado con capacidad de operar como intermediarios entre el mundo de las “oficinas” y el mundo de las bandas.

El último nodo, el de las estructuras militares rurales, hace referencia a la irrupción de la contrainsurgencia en la ciudad en sus dos variantes: la originada en la autodefensa campesina de estructura guerrillera y la originada en la estrategia propiamente paramilitar. Aunque Medellín ha sido durante 40 años un centro logístico de guerrillas y autodefensas, el momento importante en este análisis es la aparición del Bloque Metro de las AUC en 1997. La ofensiva paramilitar de Medellín coincide temporalmente con la realización de la primera conferencia de las AUC en 1997 y obedece a una estrategia deliberada proveniente de un centro nacional de mando que sigue el clásico movimiento guerrillero del campo a la ciudad. En consonancia con la intención de la guerrilla de urbanizar y escalonar el conflicto y como respuesta al proceso de posicionamiento y consolidación de las milicias de las FARC-EP y el ELN en algunos sectores de la ciudad, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá comienzan a plantear la necesidad de crear los Grupos de Autodefensa Urbana (Grau). La materialización de esta idea en Medellín se da con el traslado de combatientes rurales formados en las subregiones del Nordeste y Oriente antioqueños, con la aparición oficial del Bloque Metro —bajo la comandancia de Carlos García Fernández (Rodrigo Franco o Doblecero) hombre de la élite de las AUC (Cf. Uribe, 1997, p. 132)— y la transferencia de efectivos que se produjo de los grupos guerrilleros hacia las estructuras de las AUC.

Retomando las experiencias de los anteriores movimientos armados ilegales que tuvieron presencia en la ciudad y asimilando los resultados de todas las guerras y de todos los procesos de negociación adelantados por ellos, el BCN apeló a las redes mafiosas de las “oficinas” y el narcotráfico para desplegar una estrategia de dominio territorial que les permitiera lograr el monopolio de la coerción en aquellos espacios donde operan las milicias o bandas. La adquisición de este monopolio se convirtió en una herramienta central para copar los mercados de seguridad, proteger las actividades relacionadas con la economía ilegal, invertir en actividades legales que son susceptibles al control del crimen organizado e insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y contención política. El BCN apareció como una red que, a la manera de una hidra, aniquila, anuda o absorbe, a través de jerarquías anchas y horizontales, a los diferentes nodos esbozados anteriormente. De acuerdo con esto, se puede afirmar que el BCN fue una estructura reticular que articulaba actores tradicionales del conflicto armado, como unidades guerrilleras rurales provenientes de los paramilitares y las guerrillas, actores primarios del conflicto armado (como bandas, “combos” y milicias) y núcleos refinados del crimen organizado (como las grandes bandas y “oficinas”).

 

3. Tres hipótesis para el análisis del proceso de DDR en Medellín

Los elementos contextuales y los obstáculos señalados anteriormente, así como la naturaleza de lo que fue el fenómeno paramilitar en Medellín permite delinear algunas pistas sobre el proceso de DDR en la ciudad. Estas pistas se pueden agrupar, preliminarmente, en las siguientes tres hipótesis:

3.1 La paradoja del origen

La naturaleza del fenómeno paramilitar en la ciudad de Medellín se estructuró, como se señaló atrás, a partir de la agregación de los diferentes nichos de la criminalidad en la Ciudad, dando forma a una compleja estructura armada que funcionaba como una red. El proceso de reinserción de los Bloques de las AUC en la ciudad de Medellín está marcado, por el contrario, por una fuerte intención para desagregar a los diferentes nichos de la red, de tal forma que la reinserción remite, solamente, a uno de esos nichos. Las complejas relaciones que se tejieron entre esos diferentes nichos dan forma a un proceso de reinserción bastante complejo, en el cual siempre está presente una peligrosa convivencia entre actores desmovilizados y grupos armados al margen de la ley, en un contexto en el cual es posible verificar la presencia de actores armados en algunos barrios.

La existencia de estos actores armados se ha intentado explicar desde dos visiones profundamente antagónicas. En primer lugar, está la interpretación de la Secretaria de Gobierno de la ciudad de Medellín, que señala que los únicos actores armados presentes en la ciudad son aquellos vinculados a la delincuencia común y, en segundo lugar, la interpretación impulsada por algunos analistas y ONG, que señala que en la Ciudad no hubo una verdadera desmovilización de los paramilitares y que los actores armados presentes son miembros de esta organización.

Por el contrario, la hipótesis planteada establece que no todos los actores armados son delincuentes comunes y no todos son paramilitares. De una u otra forma, los desmovilizados están atrapados en la trampa de su propio origen y el proceso de reinserción no ha logrado romper, totalmente, los diversos puentes que unen a algunos desmovilizados con los actores primarios del conflicto. Desmovilizados, redes mafiosas y actores primarios del conflicto conviven en escenarios de rechazo, reacomodos y negociación, en los cuales resulta imposible trazar fronteras definitivas entre uno y otro fenómeno.

3.2 La ruptura de los monopolios

En su configuración, los actores del paramilitarismo en la ciudad de Medellín lograron controlar y coartar muchas formas de criminalidad y, como correlato, lograron concentrar muchos mercados ilegales presentes en la Ciudad. El proceso de reinserción de los bloques de las AUC en la ciudad de Medellín ha producido una lenta pero significativa desconcentración de mercados ilegales del mismo modo que el florecimiento de nuevas disputas por esos mercados. En muchos de los balances que se hacen del proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia se llama la atención sobre posibles rearmes, sobre la irrupción de bandas emergentes y sobre una paulatina reconfiguración del paramilitarismo. En el caso de Medellín, ninguna de estas tres hipótesis es verificable. En este sentido, nuestra hipótesis muestra que en Medellín el proyecto paramilitar llegó a su fin con el proceso de DDR y que lo que se está perfilando es una peligrosa reconfiguración de la criminalidad.

Posiblemente, la Ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar. En este sentido, la amenaza para la ciudad no radica en una nueva irrupción o en una reconfiguración del paramilitarismo, sino en la irrupción de formas de criminalidad con capacidad de operar apelando a los esquemas armados que dejó el fenómeno paramilitar, por ejemplo, en términos de control territorial, control social y control de mercados ilegales.

3.3 La guerra entre prójimos

En una dimensión bastante significativa, el fenómeno paramilitar en Medellín articuló múltiples y complejos conflictos barriales operando como una guerra entre prójimos. Esta articulación entre pequeñas guerras locales y la expansión del proyecto paramilitar produjo una profunda fragmentación social en algunos barrios de la ciudad y una convivencia forzada entre los actores armados y la sociedad. La hipótesis de nuestro trabajo señala que el proceso de DDR, en algunas zonas de la ciudad, está marcado por una profunda desconfianza de las comunidades con los desmovilizados. Esta desconfianza se ve acentuada por la incapacidad de muchos desmovilizados para hacer un tránsito efectivo de guerreros a líderes comunitarios. En la construcción de posibles liderazgos sociales, los desmovilizados siguen estando atrapados en la trampa de la seguridad, en la función del control social y en el ejercicio de liderazgos autoritarios.

La dimensión local de estos conflictos —la guerra entre prójimos— también plantea dilemas en torno a las complejas relaciones existentes entre sociedad civil y  desmovilizados. Específicamente, es necesario afirmar que en algunos de los barrios de la ciudad la relación entre sociedad civil y desmovilizados está atravesada por una serie de acomodamientos y resistencias, en tanto los desmovilizados se configuran como un operador de orden y violencia del ámbito local. De alguna manera, la relación entre sociedad civil y desmovilizados en algunas zonas de la ciudad se sigue estructurando sobre el eje de la demanda y oferta de seguridad. Casi de manera consensuada, las organizaciones sociales y comunitarias señalan que en algunos barrios de la ciudad los desmovilizados siguen siendo mediadores, pues, para la población, dichos grupos se convierten en una forma rápida, eficaz y expedita de conseguir lo que quieren. No son sólo los desmovilizados quienes ofertan convivencia, la población también demanda ese tipo de servicios y los desmovilizados saben que eso les da legitimidad, les confiere poder. Los desmovilizados se conservan en el imaginario de las comunidades como una figura autoritaria que sigue teniendo un peso importante en las relaciones con la comunidad. Y en esa medida, este imaginario les permite a los desmovilizados reproducir las prácticas de control e intermediación social, con un grado importante de legitimidad por parte de la comunidad.

 

 

Notas

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Seguimiento y balance sobre la desmovilización, el desarme y la reinserción en Medellín, 2004-2007”, financiado por Personería de Medellín en 2007.

* Los autores agradecen por su valiosa participación en el proyecto a los asistentes de investigación Eliana Sánchez González y Carlos Alberto Mejía Walker y a los estudiantes del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia: Diana Catalina Arango Murillo, Oscar Mauricio Castaño Barrera, Andrés Felipe Lopera Becerra y Diana María Marín Arias.

[1] Para otros, el proceso de negociación con las AUC inicia el 26 de julio de 1998, cuando miembros del Consejo Nacional de Paz, representantes de la sociedad civil y la comandancia de las AUC firman la Declaración de Córdoba en el Nudo de Paramillo. Ese documento fue uno de los primeros pasos de acercamiento entre las AUC y el Gobierno Nacional.

[2] La ubicación geográfica de los desmovilizados era la siguiente: 32% en Antioquia, 14.5% en Córdoba, 10.5% en Cesar, 8.6% en Magdalena y 6.8% en Santander, el resto con menor porcentaje en todo el país. La distribución de los desmovilizados en las ciudades fue: Medellín (3.037), Montería (1.859), Valledupar (1.548), Santa Marta (1.228), Tierralta (Córdoba) con 940, Caucasia (Antioquia) con 728, Turbo (Antioquia) con 646, Puerto Boyacá (Boyacá) con 600, Valencia (Córdoba) con 505, San Pedro de Urabá (Antioquia) con 467, Carepa (Antioquia) con 412 y Apartadó (Antioquia) con 439 (Mapp/OEA, 2006, p. 5).

[3] Consejo de Medellín, Proyecto de acuerdo No. 235 de 2006 por medio del cual se implementa de carácter permanente el Programa de Paz, Reconciliación y Reinserción para el municipio de Medellín.

[4] Según Fondopaz, el costo de las concentraciones y desmovilizaciones asciende a una media de 290 dólares por persona, lo que sumaría otros 5,8 millones de dólares para el conjunto de las AUC. De estos 290 dólares, 70 corresponden a los gastos de alojamiento, 58 a alimentación, 38 a ropa y 30 a traslados. La suma de todos estos conceptos manejados por Fondopaz es de 62,5 millones de dólares, a una media de 3.125 dólares por desmovilizado (Cf. Escola de Cultura de Pau y Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007, p. 4).

[5] En un informe confidencial realizado por el gobierno en 2004, se afirma que el 80% de los recursos de los ex paramilitares provenían del narcotráfico y que se había hecho imposible diferenciar entre paramilitares y narcotraficantes (Cf. López, 2006, p. 436).

[6] Para el desarrollo de este apartado se retoman apartes del informe elaborado por Manuel Alberto Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Sierra, en el marco del proyecto Seguimiento a los procesos de diálogo y negociación emprendidos por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (publicado en Romero, 2007)

[7] Los combos son pequeños grupos claramente territoriales (por cuadras o barrios) cuyo tamaño puede llegar hasta los 30 miembros, con reconocimiento en la zona donde se ubican y una mínima jerarquía. Su actividad oscila entre la autodefensa, la autofinanciación y los servicios prestados a terceros. Según la Alcaldía de Medellín, para diciembre 31 del 2004, en la ciudad existían 201 grupos de este tipo con un total de 6.030 integrantes.

[8] La descripción de las oficinas, según Doblecero, jefe del aniquilado Bloque Metro, es la siguiente: “Berna siguió con el esquema de la oficina inventado por Pablo, que no es sino como la oficina de quejas y reclamos, o la Fiscalía de los narcotraficantes, en la cual siguiendo ciertas normas existentes en las mafias, se arreglan los problemas e inconvenientes generados del negocio con el pago de un porcentaje de un 30% de los intereses en juego, a el Ñato Don Berna”. (Frente Urano Rafael Uribe Uribe citado en Alonso, Giraldo y Sierra, 2007, p. 121).

 

 

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Fecha de recepción: octubre de 2008

Fecha de aprobación: noviembre de 2008 

 

Cómo citar este artículo

Alonso, Manuel y Valencia, Germán. (2008, julio-diciembre). Balance del  proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 11-34.